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★ El Gobierno nacional profundizó su estrategia de presión sobre trabajadores bancarios con una amenaza directa: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió que serán despedidos los empleados del Banco Nación que soliciten documentación adicional al momento de recibir depósitos en dólares, esto en el marco de una ley que todavía no fue promulgada ni reglamentada.

«Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido», declaró Adorni desde Casa Rosada, en una conferencia que generó alarma en el sector bancario. La advertencia resulta particularmente controversial: el Ejecutivo exige a los trabajadores aplicar con «estricto rigor» una normativa que carece del andamiaje operativo básico y que ni siquiera pasó por los organismos de control correspondientes.

Exigir cumplir lo que no existe: el limbo normativo como política

La contradicción es evidente. La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso, pero aún no fue promulgada ni reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni por la Unidad de Información Financiera (UIF). Es decir, el Gobierno amenaza con despedir trabajadores por no aplicar procedimientos que todavía no fueron definidos oficialmente.

Fuentes del sector bancario consultadas por este medio señalaron que las entidades «están en una nebulosa total» y que los empleados se encuentran «en una situación de absoluta indefensión». Los bancos plantearon sus inquietudes al Banco Central, pero hasta el momento no recibieron respuestas concretas sobre cómo proceder ante depósitos que podrían involucrar fondos de origen cuestionable.

El propio Gobierno reconoce que los cambios en la Ley Penal «no son tan sencillos» de implementar. Sin embargo, esto no impide que el ministro de Economía, Luis Caputo, presione públicamente: «Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación», escribió en redes sociales, trasladando la responsabilidad a trabajadores que simplemente intentan cumplir con protocolos de prevención de lavado de dinero.

Inocencia Fiscal: un eufemismo para el blanqueo sin control

Detrás de la retórica oficial sobre «dejar de perseguir inocentes», la Ley de Inocencia Fiscal habilita un mecanismo de blanqueo de capitales con mínimos controles. La normativa permite depositar hasta $10 millones sin que exista presunción de delito de evasión tributaria, con la sola condición de adherirse a un régimen simplificado de Ganancias.

Especialistas en prevención de lavado de dinero consultados expresaron su preocupación por los riesgos que implica esta flexibilización. «Es una puerta abierta para el narcotráfico y el crimen organizado», advirtió una fuente del ámbito judicial que prefirió mantener reserva de identidad. «Se está facilitando que fondos de origen ilícito ingresen al sistema financiero formal sin los controles mínimos indispensables», agregó.

La ley establece que ARCA no controlará gastos ni bienes, sino únicamente ingresos facturados y deducciones. Si el contribuyente paga lo estipulado, queda liberado de cualquier otro reclamo. Además, bancos, concesionarias, escribanías y tarjetas dejarán de estar obligados a reportar operaciones, eliminando uno de los mecanismos centrales de trazabilidad financiera.

El argumento del FMI: inclusión financiera o lavandería legal

Juan Pazo, extitular de ARCA, defendió la medida argumentando que está en línea con «observaciones del FMI» y que los depósitos en dólares deben considerarse «un principio de inclusión financiera». Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en delitos económicos cuestionan que se utilice el argumento de la «inclusión» para justificar la eliminación de controles antilavado.

«Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema», afirmó Pazo, minimizando los riesgos de que esos fondos provengan de actividades criminales. El exfuncionario reconoció que los bancos están siendo «todavía más precavidos» que lo que recomienda el organismo internacional, algo que el Gobierno interpreta como una traba y no como una responsabilidad.

Trabajadores bancarios: entre la espada y la pared

La situación coloca a los empleados bancarios en una encrucijada: por un lado, enfrentan la amenaza de despido si solicitan documentación que consideran necesaria; por otro, podrían quedar expuestos a responsabilidades penales si procesan operaciones de origen ilícito sin los recaudos correspondientes.

Adorni intentó simplificar el procedimiento sosteniendo que bastará con «acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias» para depositar dólares que luego podrán usarse «para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos». Pero esta simplificación ignora deliberadamente que los protocolos de prevención de lavado de dinero existen precisamente para detectar operaciones sospechosas, independientemente de que quien las realice esté inscripto en algún régimen impositivo.

Una norma diseñada para la impunidad fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal va más allá del simple depósito de ahorros. El proyecto actualiza los montos de los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada, y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago. Además, acorta drásticamente los plazos para revisar y reclamar impuestos, con esquemas de tres, cinco o diez años según el nivel de cumplimiento.

En la práctica, se trata de un esquema pensado para favorecer a grandes contribuyentes —aquellos con ingresos anuales menores a $1000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones— y que elimina los controles sobre el origen y destino de los fondos. Quienes adhieran podrán realizar operaciones millonarias sin quedar bajo la lupa de ARCA, en un país donde históricamente la fuga de capitales y el lavado de dinero han sido problemas estructurales.

Según Adorni, con este esquema «Argentina dejó de vivir en el reino del revés». Para sectores críticos de la medida, en cambio, el reino del revés es precisamente aquel donde se amenaza a trabajadores por cumplir su función, se exige aplicar leyes inexistentes y se abre la puerta al blanqueo de capitales ilícitos bajo el eufemismo de la «inocencia fiscal».

Puntos clave:

• El Gobierno amenaza con despedir empleados que soliciten documentación, aunque la ley no está reglamentada
• Especialistas alertan que la norma facilita el blanqueo de capitales del narcotráfico y el crimen organizado
• Se eliminan controles clave de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero
• Trabajadores bancarios quedan en situación de indefensión jurídica ante posibles operaciones ilícitas
• La ley permite depositar hasta $10 millones sin controles sobre el origen de los fondos