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★ La ofensiva del ministro de Economía Luis Caputo para que los bancos acepten dólares no declarados sin controles chocó con la realidad normativa. Las entidades financieras, incluido el Banco Nación, aclararon este martes que no pueden avanzar con esa operatoria hasta que salga la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal. La medida mantiene vigentes las obligaciones de informar operaciones sospechosas y la potestad de los bancos de rechazar depósitos sin origen justificado.

El freno desde las entidades

Apenas un día después de que Caputo les reclamara públicamente que «no rompan las pelotas» y avanzaran con la aceptación de depósitos sin papeles, los bancos salieron a poner paños fríos. El propio Banco Nación, que había replicado el mensaje del ministro comprometiéndose a recibir los dólares, debió aclarar que «finalmente la reglamentación de la ley no salió, por lo que se deberá esperar».

«A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo de BNA», indicó el banco estatal en un comunicado oficial que matiza el anuncio previo, limitándose a ofrecer asesoramiento sin confirmar la operatoria concreta.

La situación deja en evidencia la improvisación oficial: Caputo había asegurado que bastaba con mostrar la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias para que los bancos aceptaran los depósitos, pero la ausencia de reglamentación por parte de ARCA impide que esa instrucción se traduzca en una operatoria legal.

Las normas antilavado siguen vigentes

Tributaristas consultados explicaron que la falta de reglamentación de ARCA deja intactas las obligaciones de las entidades financieras establecidas en la Ley 25.246 y sus normas complementarias. Los bancos deben seguir informando operaciones inusuales y pueden realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) cuando detecten movimientos que no se condigan con el perfil del cliente.

«La UIF mantiene sus facultades y los bancos deben cumplir con las normas antilavado», explicó César Litvin, CEO de LL&A. El especialista señaló que «hay una zona gris sobre el régimen simplificado de Ganancias, porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer más requisitos que los incluidos en la ley».

En la práctica, si una persona intenta depositar, por ejemplo, US$ 100.000 sin papeles que respalden el origen de esos fondos, el banco puede exigir justificación. Si el cliente no logra explicar la procedencia del dinero a criterio de la entidad, el banco puede hacerle un ROS e incluso cerrarle la cuenta.

Los bancos esperan norma del BCRA

Desde el sector financiero indicaron que hace falta una norma del Banco Central que establezca con claridad qué procedimientos deben seguir las entidades para recibir estos depósitos. La ley de Inocencia Fiscal establece que pueden adherir al régimen simplificado quienes tengan ingresos totales de hasta $1.000 millones al año, un patrimonio de hasta $10.000 millones y no pertenezcan a grandes contribuyentes nacionales, pero no especifica cómo operará el sistema bancario.

Los tributaristas advirtieron que, de acuerdo con la operatoria que tenga el contribuyente, el depósito en dólares puede levantar una alerta de operación sospechosa para el banco y derivar en un pedido de justificación del origen de los fondos, independientemente de que la persona esté adherida al régimen simplificado.

El contexto: Adorni defiende la «Inocencia Fiscal»

El freno de los bancos se produce en medio de la defensa oficial del proyecto. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que la iniciativa «revierte un paradigma de más de 100 años en Argentina» y busca «blindar a los argentinos» ante futuras administraciones que «pretendan volver al régimen persecutorio anterior».

Adorni construyó su defensa sobre la premisa de que el Estado argentino habría sometido a los ciudadanos a un «régimen persecutorio» donde «quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos era visto como un criminal de guerra». El funcionario mencionó que el Estado llegaba al «extremo» de informarse sobre compras de supermercado que alcanzaban los $100.000.

Sin embargo, la Ley de Inocencia Fiscal eleva de $1,5 millones a $100 millones el umbral para que exista persecución penal por evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada. La diferencia entre los $100.000 que Adorni utilizó como ejemplo de «persecución» y los $100 millones que quedarán fuera del alcance de la justicia penal es de 990 veces.

Puntos clave:

• Los bancos aclararon que sin reglamentación no pueden recibir dólares no declarados, frenando la iniciativa de Caputo

• Las entidades deben seguir cumpliendo con las normas antilavado y pueden hacer Reportes de Operaciones Sospechosas

• Tributaristas señalaron que hace falta una norma del Banco Central para que la operatoria sea viable

• El Banco Nación retrocedió y aclaró que por ahora solo atiende consultas sin concretar depósitos

• Adorni defendió la ley argumentando contra un supuesto «Estado persecutorio», aunque la norma eleva el umbral de evasión perseguible a $100 millones