Por Jesús Rivero*

A 24 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la memoria de la represión de Puente Pueyrredon vuelve a interpelar el presente. Hoy, la impunidad sigue presente con Eduardo Duhalde libre y como una especie de gurú político dando consejos en instituciones y medios de comunicación.

Dario Santillán  y Maximiliano Kosteki no fueron victimas de un enfrentamiento fue la violencia y represión institucional (policía bonaerense) las que recibieron órdenes del poder ejecutivo para reprimir y asesinar en un contexto de crisis política-económica-social como efecto de las políticas neoliberales que se aplicaron a nivel global como efecto de la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de las ideologías simbólicamente y la emancipación del sistema capitalista a nivel global, a nivel nacional (particular) con los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y De la Rúa.

Darío Santillán  y Maximiliano Kosteki  eran dos militantes que fueron acribillados el 26 de junio de 2002 por uno de los tantos operativos represivos contra organizaciones que reclamaban por trabajo, alimentos y condiciones dignas de vida.

La fecha toma una dimensión política particular con la reaparición de Eduardo Duhalde en la escena pública. El ex presidente que gobernaba el país durante la masacre de Avellaneda, volvió a subir a escena en un contexto marcado por la crisis del gobierno representado por Javier Milei y sostenido por el círculo rojo internacional, por ahora.

La figura de Duhalde no es casualidad, el contexto es similar. Su gobierno llegó luego del paradigmático y dramático 2001 con un país atravesado por el desempleo, la pobreza, la indigencia y una enorme conflictividad política y social. En ese momento, como en el actual, la respuesta del Estado (una forma de organización política) frente al crecimiento de los movimientos sociales y piqueteros, fue la violencia institucional. 

El operativo del Puente Pueyrredón involucró distintas fuerzas de seguridad y terminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

La masacre de Avellaneda no fue un hecho aislado. Fue parte de una lógica política que intentó contener la crisis política-económica-social con represión y la criminalización de quienes sufrían consecuencias.

En aquel contexto, como el actual, miles de trabajadores informales (desempleados) se organizaban en las periferias de las urbes (barrios) frente a un modelo económico que había dejado una enorme exclusión. 

En lo concerniente a las condenas, los autores materiales fueron condenados por la presión y lucha popular, los autores intelectuales no lo fueron. Hoy, es nuestra responsabilidad exigir a la Justicia como poder independiente en teoría, porque en la práctica no lo es, que avance y legitime una necesidad de justicia. 

*escritor y dirigente social.