Córdoba
Crimen de Camila Iglesias: los antecedentes del sospechoso y el operativo para encontrarlo
Los investigadores realizan rastrillajes en zonas rurales de Cruz del Eje para localizar al principal sospechoso. La causa también expuso antecedentes judiciales por violencia de género y el mensaje que recibió la hermana de la joven antes de que se denunciara su desaparición.
La Policía de Córdoba mantiene los operativos para localizar a Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, acusado por el femicidio de Camila Abigail Iglesias, de 24. Los restos de la joven fueron encontrados dentro de una heladera en una vivienda del barrio Los Altos, en la localidad cordobesa de Cruz del Eje.
Los procedimientos de búsqueda se concentran en distintos sectores de la ciudad, especialmente en una extensa zona rural de difícil acceso. Los investigadores también emitieron una alerta de búsqueda en La Rioja, provincia donde el sospechoso había trabajado anteriormente y donde podría contar con contactos o recursos para ocultarse.
En paralelo, la causa incorporó información sobre los antecedentes judiciales de Gómez. Según trascendió, una ex pareja lo denunció en cuatro oportunidades: dos presentaciones por violencia familiar y dos causas penales vinculadas con presuntas lesiones agravadas por violencia de género.
Qué se sabe de la búsqueda de Pablo Ezequiel Gómez
Desde que se conoció el crimen, los efectivos provinciales desplegaron operativos para dar con el paradero del acusado. Los rastrillajes incluyen áreas rurales y otros sectores en los que los investigadores consideran posible que se encuentre oculto.
En un primer momento circuló la versión de que Gómez había dejado una carta en la que expresaba intenciones de quitarse la vida. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo que permitiera confirmar esa hipótesis.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, familiares del sospechoso señalaron que en la carta habría escrito que «se había mandado una cagada», que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de matarse.
Pese a esa versión, los investigadores consideran que el hombre podría seguir con vida y permanecer oculto para evitar su detención. Por el momento, la búsqueda continúa.
Los antecedentes por violencia de género del principal sospechoso
La investigación también puso el foco en los antecedentes judiciales de Gómez. Una ex pareja lo denunció por violencia familiar en dos oportunidades, en 2013 y 2019, ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje.
Además, el hombre estuvo imputado en dos causas penales iniciadas en 2018 y 2025 por «lesiones agravadas por violencia de género», según informó Clarín.com.
En relación con esas últimas actuaciones, se había iniciado un proceso de juicio abreviado. No obstante, las fuentes citadas no precisaron cuál fue la resolución de ese procedimiento.
En el caso de Camila Iglesias, en cambio, no constaban denuncias previas contra Gómez. La información incorporada a la investigación señala que las presentaciones judiciales conocidas correspondían a la ex pareja del acusado.
El mensaje que recibió la hermana de Camila antes de la desaparición
Camila fue vista por última vez el 2 de octubre. Días después, sus familiares denunciaron su desaparición porque desconfiaban de la explicación que había dado Gómez sobre el paradero de la joven.
Antes de que se encontraran los restos, el hombre le había enviado un mensaje por Instagram a Romina, hermana de Camila, en el que afirmaba que había discutido con su pareja y que ella se había ido.
En ese mensaje escribió: «El lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor, si hablás con ella le podés decir que me conteste o que vuelva acá».
Romina intentó comunicarse con su hermana, pero el mensaje nunca llegó a destino. Posteriormente, la familia presentó la denuncia que dio lugar a la intervención judicial.
La fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, ordenó una serie de allanamientos, incluido uno en la vivienda de Gómez.
Durante ese procedimiento, los investigadores encontraron los restos de Camila dentro de una heladera, envueltos en una bolsa y cubiertos con cal hidratada.
Qué contó la hermana de Camila Iglesias sobre la relación
Romina también se refirió al comportamiento del acusado durante la relación con su hermana. En declaraciones a El Doce TV, describió una situación marcada por los celos y las restricciones.
“Era muy celoso e inseguro, no quería que nadie fuera a la casa de ellos, no quería ni que Camila viera a sus propios hijos”, relató.
Camila tenía 24 años y era madre de dos hijos de una relación anterior. Según los datos difundidos sobre la causa, no había presentado denuncias contra Gómez antes de su desaparición.
Los antecedentes de violencia familiar y las actuaciones penales previas del sospechoso forman parte de la información conocida mientras avanza la investigación por el crimen.
Cómo sigue la causa por el femicidio en Córdoba
La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Sabrina Ardiles, mientras las fuerzas de seguridad mantienen los operativos para encontrar a Gómez.
La búsqueda comprende distintos puntos de Cruz del Eje y sectores rurales de difícil acceso. También se mantiene la atención sobre la posibilidad de que el acusado se haya desplazado hacia La Rioja.
Hasta el momento, el sospechoso no fue localizado, según la información proporcionada. Los investigadores trabajan para establecer su paradero mientras continúa la causa judicial por la muerte de Camila Iglesias.
Córdoba
Córdoba unida por la universidad: el peronismo local y la oposición marcharon para que Milei cumpla la ley
Más de doce mil personas marcharon en Córdoba en la quinta Marcha Federal Universitaria. Funcionarios municipales y provinciales, entre ellos Héctor «Pichi» Campana, se sumaron al reclamo para que Milei cumpla la ley que el Congreso ratificó.
Mientras el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades se actualizó apenas un 7% en un año que cerrará con una inflación cercana al 35%, Córdoba volvió a llenar sus calles. Una multitud estimada en más de doce mil personas caminó este jueves desde Ciudad Universitaria hasta el centro de la capital provincial, en la quinta Marcha Federal Universitaria, y lo hizo acompañada por buena parte del gobierno municipal y provincial. La foto fue elocuente: la defensa de la universidad pública dejó de ser una bandera sectorial para convertirse en un reclamo institucional contra la Casa Rosada.
Entre los funcionarios que se encolumnaron estuvo Héctor «Pichi» Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, que marchó junto al ministro provincial de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano; el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, y los funcionarios Victoria Flores y José Scotto, entre otros. La columna principal fue encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, y el reclamo central fue que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordena recomponer salarios docentes y no docentes y actualizar las becas.
Del parquet a la calle: el gesto de Campana
La presencia de Campana no pasó inadvertida. Ídolo del básquet argentino, emblema de Atenas y de la Selección nacional, el actual funcionario municipal es una de las figuras de mayor reconocimiento popular de la gestión del intendente Daniel Passerini, y su nombre figura entre los que el peronismo cordobés menciona de cara a la sucesión en el Palacio 6 de Julio en 2027. Que un dirigente con ese peso simbólico elija caminar entre estudiantes, docentes y no docentes envía un mensaje claro sobre de qué lado se para el oficialismo local frente al desfinanciamiento.
Desde el área que conduce, Campana tiene a su cargo políticas de deporte, cultura y vida barrial, tres dimensiones que en Córdoba están profundamente atravesadas por la universidad pública: sus clubes, sus centros culturales, sus programas de extensión y miles de profesionales formados en sus aulas que hoy trabajan en los barrios de la ciudad.
Un arco político amplio frente a un Gobierno que no acata
El respaldo excedió al peronismo cordobés. Al frente de la marcha, junto a Boretto, caminó el decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez. También participaron la dirigente radical Brenda Austin; la presidenta del bloque de la UCR en la Unicameral, Alejandra Ferrero; el legislador socialista del oficialismo Matías Chamorro, y la funcionaria provincial Liliana Montero.
Siciliano sintetizó el espíritu de la jornada en diálogo con Radio Cadena 3: «Esta marcha no es en contra de nadie, esta marcha es a favor de la universidad pública». El gobernador Martín Llaryora, por su parte, respaldó la movilización y advirtió que la falta de recursos compromete el futuro académico y deteriora los salarios de docentes e investigadores, al tiempo que remarcó que la universidad pública forma parte de la identidad de la provincia.
El trasfondo es un conflicto que el Ejecutivo nacional decidió llevar al límite institucional. La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) fue sancionada en agosto de 2025, vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso con mayoría agravada, algo infrecuente en la historia parlamentaria. Aun así, la Casa Rosada no la aplica, y tampoco cumplió con la cautelar judicial que la ratifica en sus puntos centrales.
Boretto: «La situación es crítica»
Durante la movilización, el rector de la UNC describió el cuadro sin eufemismos: «La situación es crítica desde el punto de vista presupuestario, por eso que hemos salido a marchar en todo el país», dijo Boretto, y advirtió que las casas de estudio no pueden funcionar con normalidad por los reclamos salariales, la paralización de obras de infraestructura y la falta de recursos para renovar el equipamiento científico y tecnológico.
La multisectorial universitaria leyó frente al Arzobispado, sobre calle Montevideo, el documento «Defender nuestros sueños, garantizar el futuro». El texto cuestionó a Milei por incumplir la ley, denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024 y objetó el proyecto de Presupuesto 2027, que según la estimación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debería incrementar los fondos universitarios un 33,4% respecto de la propuesta oficial. El documento también vinculó la defensa de la universidad con el respeto a las instituciones republicanas y reclamó la derogación del DNU 70/23.
Paz en Córdoba, hidrantes en Buenos Aires
La marcha cordobesa transcurrió sin ningún incidente y sin intervención policial. A la columna se sumaron la UEPC, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), trabajadores de Luz y Fuerza, el Conicet, Adiuc, la Gremial San Martín y agrupaciones estudiantiles como Franja Morada y la Juventud Peronista. Entre los carteles se leían consignas como «el conocimiento no se ajusta» y «universidad pública, orgullo nacional».
El contraste con la Ciudad de Buenos Aires fue brutal: frente al Congreso, la Policía avanzó con camiones hidrantes y la jornada terminó con más de treinta detenidos. Mientras el Gobierno nacional responde con represión a un reclamo que el propio Congreso convirtió en ley, en Córdoba fueron las autoridades locales las que eligieron estar del lado de la comunidad universitaria.
Las movilizaciones se replicaron también en el interior provincial, con columnas masivas en Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Río Tercero, todas con el mismo pedido al Gobierno nacional: que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo que tenés que saber:
- Más de doce mil personas marcharon en Córdoba en la quinta Marcha Federal Universitaria, sin incidentes.
- Héctor «Pichi» Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, marchó junto a Miguel Siciliano, Facundo Torres y otros funcionarios.
- El gobernador Martín Llaryora respaldó el reclamo y advirtió por el deterioro salarial de docentes e investigadores.
- Los gastos de funcionamiento se actualizaron un 7% frente a una inflación anual cercana al 35%, según el rector Jhon Boretto.
- El documento final exigió cumplir la Ley 27.795, descongelar las Becas Progresar y subir un 33,4% el presupuesto universitario 2027.
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