La respuesta que el kirchnerismo esperaba de Ginebra no llegó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el viernes 6 de noviembre su 146° período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para suspender su inhabilitación perpetua, y su próxima reunión está prevista del 1 al 19 de marzo de 2027. Ante una consulta periodística, el propio organismo había advertido que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto “suele tardar varios años”.

Con ese telón, una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viaja de todos modos a Estados Unidos del 9 al 13 de noviembre. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi. Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la expresidenta, y vincular el caso con el avance de las extremas derechas.

Una agenda entre juristas, universidades y fundaciones

Según la agenda que difundió el comité, la misión empieza el lunes 9 a las 18 con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland. El martes 10 a las 10, la delegación dialogará con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles 11 a las 18 participará de una conferencia en The New School, y el jueves 12 a las 18:30 de un debate público en el CUNY Graduate Center. También prevé reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, con el Center for Economic and Policy Research, con fundaciones internacionales y con la red de organizaciones civiles CIVICUS.

El viaje tiene una paradoja que ningún comunicado menciona. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe a Cristina Kirchner el ingreso a Estados Unidos, con el argumento de su participación en importantes casos de corrupción. La dirigente cuya situación se denuncia en Washington no podría pisar suelo estadounidense, aun si la prisión domiciliaria se lo permitiera.

La condena y las condiciones de la domiciliaria

El punto de partida es la causa Vialidad. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Desde entonces, la expresidenta cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica, y está inhabilitada para competir en la elección presidencial de 2027.

Las visitas de personas ajenas a su núcleo familiar requieren autorización judicial previa y se limitan a dos por semana, de hasta dos horas cada una y con un máximo de tres personas por encuentro. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese régimen y el uso de la tobillera en junio de este año, al rechazar por mayoría el planteo de la defensa.

Los argumentos ante Naciones Unidas

El 29 de julio, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) presentaron una comunicación individual ante el Comité, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pidieron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración legal de la Corte Suprema (hoy con tres miembros, cuando deberían ser cinco) y modificar las condiciones de la domiciliaria, incluido el retiro de la tobillera y la eliminación de las restricciones de visitas.

La defensa sostiene que se le atribuyó a la expresidenta responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, con la firma del Decreto 54/2009 como eje de la condena; que la composición reducida de la Corte impidió un examen independiente; y que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación. En septiembre, el equipo sumó lo que presentó como nueva prueba: Beraldi aseguró que, de los fondos destinados a Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%, dato que a su juicio desmiente que se haya buscado beneficiarlo.

El Comité no puede revocar sentencias de tribunales nacionales, pero la Argentina, como firmante del Pacto, está obligada a respetar sus normas. Valim sostuvo que, ante un eventual dictamen, ve más posibilidades de cumplimiento por la apertura del sistema jurídico argentino a las decisiones internacionales, y advirtió que, si el país no cumple, prevé una movilización social de gran magnitud. Lo planteó en la entrevista que el diario estadounidense The Washington Post publicó el 2 de noviembre, la primera que la expresidenta concedió a un medio internacional desde su condena. El antecedente que cita la defensa es el de Lula da Silva: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que lo dejara competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura, y en 2022 el organismo dictaminó a su favor.

El contexto que eligieron

El comité inscribe la gira en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso y Donald Trump perdió el control legislativo para los dos últimos años de su mandato. En la entrevista, la expresidenta había pronosticado esa derrota y había descripto a Trump como el hombre que más hizo por ayudar a las derechas a ganar en América Latina. Sobre una candidatura en 2027, dejó la puerta abierta: dijo que, cuando recupere sus derechos políticos, “¿por qué no?”.

Al día siguiente de la elección, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X “Beautiful morning!!!”, y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, le respondió con “Freedom is beautiful”. El cruce muestra hasta qué punto la situación judicial de la expresidenta pasó a ser un tema de la disputa política cotidiana entre oficialismo y oposición.

La hoja de ruta hacia 2027

La campaña “Cristina Libre” nació en 2025, inspirada en la experiencia de “Lula Livre”, con actos de lanzamiento en México, Brasil y Bolivia entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. Entre sus referentes figuran el exsenador Oscar Parrilli, el propio Taiana, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y Metaza. Según consignó un medio local, el comité ya completó misiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.

El horizonte que se fijó el comité es que la expresidenta pueda competir en 2027, y el reloj corre en contra. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de ese año. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que, por tratarse de una cautelar, la respuesta de la ONU podría llegar antes de marzo, pero hasta ahora el organismo no dio ninguna señal pública en ese sentido.

Lo que tenés que saber

• El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver la cautelar de Cristina Kirchner y volverá a reunirse del 1 al 19 de marzo de 2027.
• La delegación del Comité “Cristina Libre” (Taiana, Siley, Metaza y Rossi) estará en Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre.
• La defensa presentó el 29 de julio una comunicación ante el Comité y pidió tres cautelares, entre ellas suspender la inhabilitación perpetua.
• La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
• Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso estadounidense el 3 de noviembre, contexto en el que el comité enmarca la gira.

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