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Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

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Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.

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La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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