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La historia que Caputo pretende borrar de la Argentina: cuando el país creció, se desendeudó y distribuyó riqueza
El ministro de Economía afirmó en Córdoba que Argentina «fue arrasada en los últimos 25 años». El relato omite deliberadamente doce años de kirchnerismo en los que el PBI creció a tasas del 8% anual, la pobreza cayó del 62% al 35% y la deuda pública bajó del 137% al 45% del PBI. Caputo conoce bien esa historia: también participó del gobierno que la deshizo.
Hay un problema serio con el relato histórico de Luis Caputo. El ministro de Economía disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba y pronunció una frase que ya circula como síntesis de la cosmovisión libertaria: «A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país». La afirmación es, en términos verificables, una falsedad que borra doce años de historia económica concreta. Y lo más notable es que Caputo, protagonista de parte de esa historia, lo sabe mejor que nadie.
Los 25 años que Caputo olvida: la Argentina que creció, distribuyó y se desendeudó
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia con el país todavía en llamas tras la crisis de 2001. Lo que vino después no fue «arrasamiento»: fue una de las recuperaciones económicas más sostenidas de la historia argentina moderna. Según datos de Chequeado y análisis académicos publicados en revistas científicas, durante el gobierno de Kirchner (2003-2007) el PBI creció a tasas de entre el 8% y el 9% anual, la industria avanzó a un promedio del 10,3% anual, el desempleo cayó del 19,7% al 8,5% y la pobreza se redujo del 62% al 35%. La deuda pública, que había llegado al 137% del PBI durante la crisis, bajó al 45%. Las cuentas fiscales fueron superavitarias. Las familias no se endeudaban; se desendeudaban.
En 2005, Kirchner tomó una decisión que el kirchnerismo reivindicó y que el propio Foro Economía y Trabajo recuperó en sus documentos: el pago total de la deuda con el FMI, liberando al país de las condicionalidades del organismo. La ministra de Economía de aquella operación histórica fue Felisa Miceli, hoy integrante del mismo Foro que denuncia el nuevo acuerdo que firmó Caputo en 2025. El contraste no es retórico: es estructural.
Los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) profundizaron el modelo de consumo interno, industrialización y protección social. El turismo creció, el crédito para las familias fue accesible, los salarios reales se recompusieron mediante paritarias fuertes. Hubo inconsistencias y tensiones, particularmente con la inflación y el cepo cambiario en el segundo mandato, pero el parámetro de vida cotidiana de las mayorías mejoró sostenidamente durante más de una década. Eso no es «arrasamiento». Es exactamente lo opuesto.
Quién arrasó de verdad: Macri, el FMI y el propio Caputo
La ruptura llegó en diciembre de 2015 con la asunción de Mauricio Macri. Y aquí el relato de Caputo se vuelve no solo falso sino directamente autoincriminatorio: el ministro que hoy habla de «reconstrucción» fue un protagonista central del gobierno que comenzó a destruir lo que había sido construido. Caputo se desempeñó como ministro de Finanzas y luego como presidente del Banco Central durante la gestión Macri; fue, según la propia Wikipedia, designado por Macri como «el Messi de las finanzas», elogio que duró poco.
Fue bajo esa gestión, en 2018, que Argentina contrajo con el FMI la deuda más grande de la historia del organismo: 57.000 millones de dólares, negociados sin pasar por el Congreso Nacional. El exministro de Economía Martín Guzmán fue categórico al respecto: «Toda la deuda con el FMI, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional». El propio Macri admitió en una entrevista en CNN que esa plata sirvió para pagar a bancos comerciales que querían irse del país, es decir, para financiar la fuga de capitales. La Auditoría General de la Nación (AGN) y una denuncia judicial confirmaron la irregularidad del proceso. La bomba de tiempo que heredó Alberto Fernández en diciembre de 2019 no cayó del cielo: la armaron Macri y Caputo.
A ese endeudamiento record se sumó la devastación en la provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de María Eugenia Vidal: desfinanciamiento de hospitales, escuelas y programas sociales que dejaron territorio arrasado en el sentido literal del término. El tarifazo macrista, la devaluación y el regreso del FMI hundieron el salario real y dispararon la pobreza, deshaciendo en cuatro años buena parte de lo construido en doce.
Alberto, la pandemia y la papa caliente que nadie quería
El gobierno de Alberto Fernández recibió esa herencia en el peor momento posible. La renegociación de la deuda macrista con el FMI condicionó cada decisión de política económica. Encima llegó la pandemia, que destruyó actividad en todo el mundo pero en Argentina se montó sobre una economía ya debilitada y sin margen fiscal. Las corridas cambiarias especulativas fueron permanentes; los condicionamientos externos, asfixiantes. Y puertas adentro, el peronismo comenzó a atomizarse en una interna que consumió energía política que debería haberse volcado a la gestión.
El desenlace fue el más paradójico y costoso de la historia reciente: el candidato del peronismo en 2023 fue el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quien recibió una situación de extrema fragilidad cambiaria y fiscal sin recursos para revertirla antes del balotaje. No fue un candidato acertado para ese contexto; fue, en todo caso, el símbolo de un movimiento que había perdido la capacidad de renovarse y de leer el hartazgo social acumulado. Y así, con una oposición fragmentada, una economía en crisis y un peronismo sin conducción unificada, Javier Milei ganó el balotaje y llegó al gobierno.
El relato de Caputo: una mentira que sirve a un propósito
Entonces, ¿por qué Caputo dice que Argentina «fue arrasada en los últimos 25 años»? La respuesta no es un error de memoria: es una operación política deliberada. Si los 25 años anteriores fueron todos igualmente malos, entonces la responsabilidad se diluye y nadie en particular cargó con el desastre. La década ganada desaparece del relato. El endeudamiento macrista con el FMI, al que Caputo contribuyó directamente, se disuelve en un pasado confuso de fracasos genéricos. Y la gestión Milei puede presentarse como el «primer intento serio» de reconstrucción, cuando en realidad es la continuación profundizada de las mismas recetas que ya fracasaron bajo Macri.
Los datos desmienten el relato punto por punto. Según el IIEP (UBA-CONICET), los servicios y el transporte acumularon aumentos superiores al 525% desde diciembre de 2023. La Canasta Básica Alimentaria subió un 32,8% interanual en marzo de 2026, según el INDEC. El Foro Economía y Trabajo documentó una caída del 86% real en el gasto de capital del Estado desde el inicio de la gestión Milei. El nuevo acuerdo con el FMI suscrito en 2025 fue por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial de USD 12.000 millones, inédito en la historia de ese tipo de programas. Caputo volvió a firmar con el FMI. Solo que esta vez a una escala aún mayor que la de Macri.
Que un funcionario que participó del gobierno que volvió a endeudar al país con el FMI y destruyó el salario real entre 2018 y 2019 hoy hable de «reconstrucción» no es solo una inconsistencia: es la expresión más acabada del doble estándar y el doble discurso que definen a esta gestión. Argentina no fue arrasada en los últimos 25 años. Fue arrasada en los últimos cuatro años de Macri, con la colaboración activa de Caputo. Y está siendo arrasada de nuevo, ahora con Milei, con Caputo otra vez al mando de la economía.
Puntos clave
- Entre 2003 y 2007, el PBI argentino creció a tasas de entre el 8% y el 9% anual y la pobreza bajó del 62% al 35%, según Chequeado y fuentes académicas.
- La deuda pública cayó del 137% al 45% del PBI durante el kirchnerismo; Kirchner pagó íntegramente la deuda con el FMI en 2005.
- La deuda con el FMI de USD 57.000 millones fue contraída por el gobierno Macri entre 2018 y 2019, sin pasar por el Congreso, con Caputo como protagonista central.
- El nuevo acuerdo firmado por Caputo con el FMI en 2025 fue por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial históricamente inédito de USD 12.000 millones.
- Los servicios públicos acumularon más del 525% de aumento desde diciembre de 2023, según el IIEP (UBA-CONICET).
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El Gobierno toca el cálculo de las jubilaciones: no es un aumento, y los que ya cobran no ven nada
El Ministerio de Capital Humano modificó los coeficientes utilizados para actualizar los salarios históricos de los futuros jubilados mediante la Disposición 10/2026. La medida rige para quienes cesen su actividad desde el 31 de agosto o inicien su trámite previsional desde el 1° de septiembre, y no implica ningún aumento para los cerca de 7 millones de jubilados que ya cobran sus haberes.
El Gobierno nacional modificó los índices que determinan el cálculo del haber inicial de los futuros jubilados. La medida, establecida por la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, actualiza los coeficientes que se aplican sobre los salarios históricos de los trabajadores en relación de dependencia para determinar el monto con el que ingresarán al sistema previsional. El cambio no alcanza a quienes ya cobran jubilaciones y pensiones.
Qué establece la Disposición 10/2026
La norma fija un nuevo «índice combinado» para actualizar las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia, según el mecanismo previsto en el artículo 2° de la Ley 26.417, modificado por la Ley 27.609, cuya metodología fue establecida por la Resolución 3/2021. El procedimiento ya existía y forma parte de la actualización periódica que realiza la Secretaría de Seguridad Social, tal como lo dispone el Decreto 104/2021.
La medida entra en vigencia para quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre. Para todos los demás, la fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa vigente sin modificaciones, en el marco del Decreto 274/2024.
El salario histórico: la clave que el debate previsional ignora
Para comprender el impacto real de la disposición es necesario comprender un mecanismo que rara vez se explica en el debate público: el haber inicial no surge del último sueldo percibido antes del retiro. El sistema previsional toma en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes a lo largo de la trayectoria laboral del trabajador. Como esos salarios fueron percibidos en momentos distintos y bajo niveles de precios diferentes, deben actualizarse mediante coeficientes antes de calcular el promedio que incide sobre el beneficio final, junto con los años de aportes y los demás componentes del régimen.
Es justamente en ese procedimiento donde opera el índice combinado que acaba de actualizar la Subsecretaría de Seguridad Social. Los nuevos coeficientes permiten llevar los valores salariales de distintos años a una referencia común, lo que determina, en última instancia, el punto de partida del haber de cada futuro jubilado. La magnitud concreta del efecto sobre cada trabajador dependerá de los coeficientes incluidos en el anexo de la disposición y de la historia salarial individual.
Sin aumentos para quienes ya cobran: la distinción que importa
La precisión técnica es central para evitar una lectura errónea de la medida. La Disposición 10/2026 no modifica la fórmula de movilidad que rige para los cerca de 7 millones de jubilados y pensionados que ya perciben sus haberes mensualmente. Ese mecanismo, atado a la inflación del IPC con un mes de rezago, continuó su curso en agosto: las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,89% como consecuencia de la inflación registrada en junio, lo que llevó la jubilación mínima a aproximadamente $419.775 y el ingreso total, sumado el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene renovando sin actualizar desde marzo de 2024, a unos $489.775.
La distinción entre la actualización de salarios históricos y la movilidad de los haberes ya otorgados resulta estructural: la primera afecta el punto de entrada al sistema; la segunda regula las prestaciones ya en curso. Confundir ambas puede generar expectativas de mejora que la medida no contempla y que, en el actual contexto de erosión acumulada del poder adquisitivo previsional, resultaría engañoso instalar.
El contexto: un sistema previsional bajo ajuste permanente
La Disposición 10/2026 se inscribe en un sistema previsional que acumula tensiones profundas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El bono extraordinario de $70.000, instrumento creado durante la gestión anterior para compensar el rezago de la fórmula de movilidad trimestral entonces vigente, no recibió ninguna actualización desde su creación, a pesar de que la inflación acumulada desde marzo de 2024 hasta la fecha superó ampliamente el 100%. En términos reales, ese bono equivale hoy a menos de la mitad de lo que representaba cuando se instrumentó, lo que implica una reducción silenciosa del ingreso total de quienes cobran el haber mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas, es decir, los sectores más vulnerables del sistema.
A eso se suma el recorte real acumulado en el gasto previsional y social bajo la gestión libertaria, documentado por el Foro Economía y Trabajo: los programas sociales sufrieron una reducción real del 61% desde 2023, en el marco de las metas de ajuste fiscal acordadas con el FMI. En ese cuadro, cualquier modificación técnica al índice de cálculo del haber inicial debe leerse también como parte de un sistema donde las reglas previsionales se ajustan mientras el Estado recorta y la inflación acumulada devora el poder de compra de los sectores más afectados.
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