Judiciales ⚖️
Morena Rial va a audiencia en Córdoba: sin juicio pero sí otra instancia judicial
La hija del conductor Jorge Rial enfrenta este lunes una audiencia preliminar en la provincia de Córdoba, en la causa donde está acusada de robo, hurto, amenazas y coacción contra sus dos exnovios. El juicio oral que estaba previsto para hoy fue postergado, pero el expediente avanza y la acusada participará por videollamada desde el arresto domiciliario que cumple en Capital Federal.
Robo, hurto, amenazas y coacción contra dos exnovios. Esos son los cargos que este lunes ponen a Morena Rial ante la justicia cordobesa en una nueva etapa de un expediente que ya lleva meses sin encontrar resolución definitiva. El juicio oral que se esperaba para hoy no llegó a iniciarse: en su lugar, se celebrará una audiencia preliminar para determinar cómo avanzará la acusación formal.
El abogado Carlos Nayi, representante de los denunciantes, explicó ante la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo de la audiencia de este lunes es «ver cuál es el temperamento frente a la acusación de Morena». Los damnificados son Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, ambos exnovios de la hija del conductor Jorge Rial.
La probation que no fue y el juicio que se posterga
Meses atrás, Morena Rial había intentado evitar el debate oral solicitando una suspensión de juicio a prueba (probation) acompañada de una reparación económica para los denunciantes. Ambos la rechazaron de manera contundente y exigieron ser juzgada en un juicio oral. El debate fue fijado, pero la audiencia de este lunes vuelve a aplazar esa instancia: antes de llegar al juicio, la justicia cordobesa debe definir el cuadro procesal completo frente a la acusación.
La presentación de Rial se realizará por videollamada. La acusada no estará presente de manera física en Córdoba porque en la actualidad cumple arresto domiciliario en Capital Federal, en el marco de una causa separada que tramita en la provincia de Buenos Aires.
La condena bonaerense y el arresto domiciliario confirmado
El arresto domiciliario de Morena Rial tiene su origen en una causa por robos cometidos en la zona norte del conurbano bonaerense. En ese expediente, la justicia homologó un acuerdo de juicio abreviado que la condenó a tres años de prisión. Frente a esa condena, su defensa solicitó la excarcelación bajo la figura de libertad condicional.
La respuesta judicial llegó esta semana de manera categórica: la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de San Isidro confirmó por unanimidad el rechazo al pedido de excarcelación. Los jueces sostuvieron la decisión de instancia anterior y Rial deberá continuar cumpliendo la condena bajo la modalidad domiciliaria, sin posibilidades de liberación anticipada por el momento.
Un frente judicial que se acumula
La situación de Morena Rial presenta un cuadro de causas paralelas que se acumulan sin resolverse. Por un lado, el expediente bonaerense, donde ya fue condenada pero sigue bajo arresto domiciliario con la solicitud de libertad condicional rechazada. Por otro, la causa cordobesa, donde los hechos que se le imputan involucran a sus dos exnovios en delitos que incluyen no solo el robo sino también amenazas y coacción, una acusación que los propios damnificados decidieron no dejar caer aceptando una salida alternativa.
La audiencia de este lunes en Córdoba define el camino hacia el juicio oral que los denunciantes reclamaron, un proceso que la acusada intentó evitar sin éxito y que, según cómo resulte la instancia preliminar de hoy, podría quedar fijado en las próximas semanas.
Lo que tenés que saber
- Este lunes se realiza una audiencia preliminar en Córdoba en la causa de Morena Rial por robo, hurto, amenazas y coacción contra sus exnovios Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.
- El juicio oral previsto para hoy fue postergado; la audiencia definirá el temperamento frente a la acusación formal.
- Los denunciantes rechazaron una probation con reparación económica y exigieron el debate oral.
- Rial participará por videollamada desde el arresto domiciliario que cumple en Capital Federal.
- La Cámara de San Isidro confirmó por unanimidad el rechazo a su pedido de excarcelación en la causa bonaerense.
DDHH
Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos
La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».
La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.
Cómo empezó la represión
La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.
Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.
La denuncia de infiltrados
Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.
Heridos y detenidos
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.
Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
«La violencia es estatal»
La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.
«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».
«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.
La respuesta oficial
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».
Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».
El documento: «la universidad pública no es el problema»
En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.
También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.
La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.
Lo que tenés que saber:
- La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
- Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
- Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
- La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
- La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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