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El Gobierno toca el cálculo de las jubilaciones: no es un aumento, y los que ya cobran no ven nada

El Ministerio de Capital Humano modificó los coeficientes utilizados para actualizar los salarios históricos de los futuros jubilados mediante la Disposición 10/2026. La medida rige para quienes cesen su actividad desde el 31 de agosto o inicien su trámite previsional desde el 1° de septiembre, y no implica ningún aumento para los cerca de 7 millones de jubilados que ya cobran sus haberes.

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El Gobierno nacional modificó los índices que determinan el cálculo del haber inicial de los futuros jubilados. La medida, establecida por la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, actualiza los coeficientes que se aplican sobre los salarios históricos de los trabajadores en relación de dependencia para determinar el monto con el que ingresarán al sistema previsional. El cambio no alcanza a quienes ya cobran jubilaciones y pensiones.

Qué establece la Disposición 10/2026

La norma fija un nuevo «índice combinado» para actualizar las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia, según el mecanismo previsto en el artículo 2° de la Ley 26.417, modificado por la Ley 27.609, cuya metodología fue establecida por la Resolución 3/2021. El procedimiento ya existía y forma parte de la actualización periódica que realiza la Secretaría de Seguridad Social, tal como lo dispone el Decreto 104/2021.

La medida entra en vigencia para quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre. Para todos los demás, la fórmula de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa vigente sin modificaciones, en el marco del Decreto 274/2024.

El salario histórico: la clave que el debate previsional ignora

Para comprender el impacto real de la disposición es necesario comprender un mecanismo que rara vez se explica en el debate público: el haber inicial no surge del último sueldo percibido antes del retiro. El sistema previsional toma en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes a lo largo de la trayectoria laboral del trabajador. Como esos salarios fueron percibidos en momentos distintos y bajo niveles de precios diferentes, deben actualizarse mediante coeficientes antes de calcular el promedio que incide sobre el beneficio final, junto con los años de aportes y los demás componentes del régimen.

Es justamente en ese procedimiento donde opera el índice combinado que acaba de actualizar la Subsecretaría de Seguridad Social. Los nuevos coeficientes permiten llevar los valores salariales de distintos años a una referencia común, lo que determina, en última instancia, el punto de partida del haber de cada futuro jubilado. La magnitud concreta del efecto sobre cada trabajador dependerá de los coeficientes incluidos en el anexo de la disposición y de la historia salarial individual.

Sin aumentos para quienes ya cobran: la distinción que importa

La precisión técnica es central para evitar una lectura errónea de la medida. La Disposición 10/2026 no modifica la fórmula de movilidad que rige para los cerca de 7 millones de jubilados y pensionados que ya perciben sus haberes mensualmente. Ese mecanismo, atado a la inflación del IPC con un mes de rezago, continuó su curso en agosto: las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,89% como consecuencia de la inflación registrada en junio, lo que llevó la jubilación mínima a aproximadamente $419.775 y el ingreso total, sumado el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene renovando sin actualizar desde marzo de 2024, a unos $489.775.

La distinción entre la actualización de salarios históricos y la movilidad de los haberes ya otorgados resulta estructural: la primera afecta el punto de entrada al sistema; la segunda regula las prestaciones ya en curso. Confundir ambas puede generar expectativas de mejora que la medida no contempla y que, en el actual contexto de erosión acumulada del poder adquisitivo previsional, resultaría engañoso instalar.

El contexto: un sistema previsional bajo ajuste permanente

La Disposición 10/2026 se inscribe en un sistema previsional que acumula tensiones profundas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El bono extraordinario de $70.000, instrumento creado durante la gestión anterior para compensar el rezago de la fórmula de movilidad trimestral entonces vigente, no recibió ninguna actualización desde su creación, a pesar de que la inflación acumulada desde marzo de 2024 hasta la fecha superó ampliamente el 100%. En términos reales, ese bono equivale hoy a menos de la mitad de lo que representaba cuando se instrumentó, lo que implica una reducción silenciosa del ingreso total de quienes cobran el haber mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas, es decir, los sectores más vulnerables del sistema.

A eso se suma el recorte real acumulado en el gasto previsional y social bajo la gestión libertaria, documentado por el Foro Economía y Trabajo: los programas sociales sufrieron una reducción real del 61% desde 2023, en el marco de las metas de ajuste fiscal acordadas con el FMI. En ese cuadro, cualquier modificación técnica al índice de cálculo del haber inicial debe leerse también como parte de un sistema donde las reglas previsionales se ajustan mientras el Estado recorta y la inflación acumulada devora el poder de compra de los sectores más afectados.

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Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%

Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.

Qué dijeron los funcionarios

Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.

Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.

Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente

Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.

Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan

Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.

La trampa de los retiros voluntarios

El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.

Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.

El ahorro bajo la lupa

Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.

Lo que tenés que saber:

  • Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
  • El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
  • Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
  • El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
  • ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.


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