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Pagan insumos con su sueldo para diagnosticar a niños: la cara del cientificidio libertario

Investigadoras de la UBA y el Conicet desarrollan un análisis para detectar trastornos del neurodesarrollo en la infancia, que hoy requieren estudios genéticos de hasta 2.000 dólares. El proyecto avanza, pero su directora advierte que, si el ajuste sigue, el laboratorio tendrá que cerrar.

Publicado hace

1 mes

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«Si esto sigue así, lamentablemente vamos a tener que cerrar». La advertencia no proviene de una pyme asfixiada por la recesión, sino de la directora de un laboratorio público que trabaja en un análisis de sangre capaz de acelerar el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en niños. Mientras la ciencia argentina produce avances con impacto directo en la salud de la infancia, el ajuste del Gobierno de Javier Milei la empuja al borde del cierre.

La investigación está a cargo de Verónica Báez, responsable del Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia, y es encabezada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. El desarrollo ya obtuvo resultados positivos en animales y hoy atraviesa la etapa de recolección de muestras en personas voluntarias.

Un diagnóstico caro y a prueba y error

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que alteran la conducta y el pensamiento durante los primeros años de vida, y que pueden dificultar la comprensión de conceptos, la realización de movimientos o la interacción con otras personas. Entre los más frecuentes figuran el TDAH, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos motores, del aprendizaje y del lenguaje.

La Argentina no cuenta con cifras oficiales sobre cuántos niños tienen condiciones del neurodesarrollo. Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que alrededor de uno de cada seis chicos de entre 3 y 17 años presenta algún trastorno de este tipo.

En el país, estos cuadros suelen agruparse bajo el amplio paraguas de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), y el tratamiento se organiza muchas veces por ensayo y error: kinesiología ante problemas motrices, psicopedagogía ante dificultades de aprendizaje, anticonvulsivos ante episodios convulsivos. «Cuando uno diagnostica por sintomatología, a veces puede no ser exacto«, explicó Báez.

La confirmación hoy depende de la secuenciación de ADN. «La secuenciación cuesta entre u$s1.000 y u$s2.000, dependiendo del tamaño de la secuencia a analizar. Para muchas familias es caro», señaló la investigadora. El acceso a un diagnóstico preciso queda así condicionado por la capacidad de pago de cada familia.

Cómo funciona el análisis

El eje del proyecto es la búsqueda de biomarcadores en sangre asociados a fallas en los receptores NMDA, proteínas clave en la comunicación entre neuronas y en la plasticidad cerebral, que también están presentes en otras partes del cuerpo. «Vimos en ratas que a nivel del sistema nervioso central hay ciertas cosas que cambian cuando estos receptores NMDA fallan. Ahora vemos que en la sangre por ahí también fallan de la misma manera y podemos ver las mismas cosas», detalló Báez.

La prueba requeriría una muestra de apenas 5 mililitros de sangre. Aunque la presencia de estas proteínas en el torrente sanguíneo es mucho menor que en el cerebro, el equipo busca confirmar si su medición permite detectar y diagnosticar el trastorno. En esta etapa, el objetivo es establecer los valores normales en personas sanas para luego compararlos con muestras de niños con alguna condición del neurodesarrollo.

«Estamos sacando muestras de personas voluntarias, pero atrás de eso hay un proceso ético que se tiene que evaluar y el cual tiene que estar rigurosamente controlado», aclaró Martina Piñeiro, estudiante de Medicina e integrante del equipo.

Sin atajos: los plazos y el foco en la infancia

Báez fue prudente con los tiempos. «Estaría buenísimo poder dar esperanza e ir más rápido, pero no. Estamos lejos porque lo queremos hacer bien para que llegue lo mejor posible a la gente que lo necesita», sostuvo, y relató: «Es terrible cuando una familia nos escribe y nos dice ‘te presto a mi hijo para que lo metas en este ensayo'».

La investigadora explicó por qué el test apunta a los chicos y no a los adultos: el sistema nervioso activa mecanismos compensatorios cuando algo falla en su desarrollo, de modo que muchas personas con retrasos madurativos en la infancia llegan a la adultez sin signos evidentes. Por eso, la detección temprana es la ventana en la que el análisis puede cambiar el rumbo de un tratamiento.

Poner plata del sueldo para sostener el laboratorio

El costado más crudo del proyecto es financiero. «Tenemos mucha menos plata. Seguimos trabajando y colaboramos con gente de afuera, pero se está haciendo muy difícil porque la cantidad de dinero que teníamos para trabajar pasó a ser muy poca», describió Báez. Y fue más allá: «Muchos estamos poniendo plata de nuestro sueldo para mantener algunas cosas del laboratorio. Los insumos son muy caros».

La científica recurrió a un término que ya forma parte del vocabulario de la comunidad académica: «Llamamos ‘cientificidio’ porque mucha gente cerró su laboratorio o algunos juntaron laboratorios para trabajar entre dos como si fuera uno solo». Que investigadores del Conicet financien con su salario los insumos de un proyecto de salud infantil retrata el nivel de abandono del Estado nacional sobre el sistema científico.

«Los problemas de un país los tiene que resolver el país y no gente de afuera. Si no podemos preguntarnos las cosas ni contestarlas, ¿quién lo hará por nosotros?», planteó Báez. La pregunta conecta con una discusión de fondo sobre soberanía científica: sin financiamiento público, el conocimiento que necesita la salud argentina depende de voluntades individuales o de la cooperación externa.

La otra fuga: los jóvenes que miran al exterior

El ajuste también pone en riesgo a la próxima generación de investigadores. Lucía Moreno, estudiante de Biotecnología e integrante del equipo, admitió que evalúa continuar su carrera fuera del país. «Es muy gratificante todo lo que se puede llegar a lograr, pero la situación de hoy en día también hace cuestionárselo más a fondo e intentar pensar si se puede subsistir y de qué forma«, dijo. Cada joven formada en la universidad pública que se va es una inversión del país que termina aprovechada por otros.

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Ciencia y Técnica: otro doctorado en duda, renuncias y destrato en la cúpula

El Centro Nacional de Ciberseguridad quedó a cargo de Walter Agüero, cuyo doctorado en Inteligencia Artificial la UNSL dice no haber ofrecido jamás. En el área de Adriana Baravalle suman una renuncia con acusaciones de destrato, un nuevo subsecretario y un nuevo titular de la Agencia I+D+i, que llega con reclamos por créditos internacionales sin ejecutar.

Publicado hace

5 días

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04.11.2026

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Investigadora del LITAN (CONICET-UBA) trabaja en el laboratorio donde se desarrolla la vacuna de ARNm contra la gripe aviar.

Una universidad pública dice que el doctorado que figura en el currículum del nuevo jefe de la ciberseguridad nacional nunca existió. El periodista especializado Maximiliano Firtman reveló que la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) le confirmó que jamás ofreció un doctorado en Inteligencia Artificial.

El funcionario es Walter Fabián Agüero, designado director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) mediante el Decreto 1313/2026, publicado en el Boletín Oficial el 2 de noviembre. Reemplaza a Ariel Waissbein al frente de un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Adriana Baravalle. El decreto lo identifica como magíster.

Un doctorado que la UNSL dice no haber dictado

Los datos públicos sobre la carrera de Agüero indican que cursó entre 2018 y 2020 un doctorado en Inteligencia Artificial en la UNSL, donde adeudaría la tesis. Firtman sostuvo que la universidad “confirma que no existe ni existió ningún doctorado (PhD) en Inteligencia Artificial”. Según el periodista, Agüero no había respondido a su pedido de aclaraciones al momento de difundir la información.

Firtman agregó que el flamante director cursó como alumno, hace tres años, un taller de cuatro horas sobre seguridad en el desarrollo de software, y señaló un vínculo de Agüero con SLDigital, una marca con la que, según el periodista, ofrecía pericias informáticas y recuperación de criptomonedas. Esa persona quedó a cargo de diseñar las políticas para proteger las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos del Estado.

Baravalle, otra vez bajo la lupa

La sospecha sobre Agüero reabre un expediente conocido en el área. Baravalle llegó en agosto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua, a través del Decreto 730/2026, y su designación quedó envuelta en un escándalo: el comunicado oficial la presentó como doctora en Inteligencia Artificial, mientras que el decreto la nombraba como magíster. El título de doctora fue emitido por la American Andragogy University, una universidad virtual con sede en Honolulu según los cuestionamientos que circularon.

La descripción de la funcionaria cambió varias veces en el organigrama oficial, donde hoy figura como “Mag. Adriana Baravalle”. La secretaria sigue en su cargo pese a los cuestionamientos sobre su currículum.

Destrato y renuncia en la Subsecretaría

El otro nombre nuevo es Ricardo Fernando Crespo, designado a fines de octubre como subsecretario de Ciencia y Tecnología en reemplazo de César Óscar Lencina, que renunció tras poco más de un mes en el cargo. En su carta de renuncia, Lencina fundamentó la decisión en “la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” y denunció “situaciones de destrato y desconsideración” de parte de Baravalle hacia el personal. La renuncia llegó con acusaciones directas contra la jefa del área.

Crespo es economista e investigador del CONICET. Según su perfil, es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Gran parte de su carrera transcurrió en la Universidad Austral, la misma casa de estudios donde Baravalle trabaja desde 1998.

Tierra arrasada en la Agencia I+D+i

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación también cambió de mando. Natalia Avendaño dejó la presidencia del directorio el 24 de octubre de 2026 y, dos días después, el abogado Santiago Miguel Villa fue designado en su lugar mediante el Decreto 1314/2026. Según su ficha en la Universidad de Palermo, Villa es abogado por la Universidad Católica Argentina, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales en la misma casa de estudios, fue director de Vinculación Tecnológica del CONICET y es cofundador de la consultora Oxymoron, en cuyo sitio aún figura como director.

La salida de Avendaño llegó con un reclamo. La Red Federal de Trabajadores de CONICET sostuvo que, antes de irse, debía rendir el dinero de créditos de organismos internacionales (BID 5293 y 5759, BCIE 2161 y BIRF) que, según planteó, “JAMAS llegó a los laboratorios”, y preguntó dónde está.

La Mesa Federal Ciencia y Tecnología difundió un comunicado en el que advirtió que Avendaño “deja una tierra arrasada” para la ciencia argentina. El colectivo recordó que el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció, en el Informe 142 al Congreso, escasos niveles de ejecución de esos créditos, y que Manuel Adorni respondió prácticamente lo mismo un año después, algo que probablemente repetirá Diego Santilli, actual jefe de Gabinete. Según la Mesa, en dos años se desembolsaron apenas 4,85 millones de dólares del crédito BID 5293 (un 10 por ciento del remanente) y 200 mil dólares del BID 5759, mientras que en los créditos BCIE 2161 y BIRF el monto es el mismo que en abril de 2024.

La retención de esos fondos expone al país a posibles sanciones previstas en los reglamentos operativos de los créditos, que, advirtió la Mesa, se pagarían con dinero de los contribuyentes. El colectivo sostuvo además que la gestión de Avendaño destruyó tres décadas de historia del financiamiento científico y tecnológico.

Un currículum en duda, una renuncia con acusaciones de destrato y una agencia que cambia de conducción con fondos internacionales sin ejecutar: el recambio de autoridades en Ciencia y Técnica no despeja las dudas, las multiplica.

Lo que tenés que saber:

  • Walter Agüero fue designado director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad por el Decreto 1313/2026; según Maximiliano Firtman, la UNSL le confirmó que nunca ofreció el doctorado en IA que figura en su currículum.
  • Ricardo Crespo asumió como subsecretario de Ciencia y Tecnología tras la renuncia de César Óscar Lencina, que denunció destrato de parte de Baravalle.
  • Santiago Miguel Villa fue designado presidente de la Agencia I+D+i por el Decreto 1314/2026, dos días después de la salida de Natalia Avendaño.
  • Según la Mesa Federal Ciencia y Tecnología, del crédito BID 5293 se desembolsaron apenas 4,85 millones de dólares, un 10 por ciento del remanente.
  • Adriana Baravalle sigue al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pese a los cuestionamientos sobre su título de doctora.
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