Defensa
Nuevas bases, aviones y naves antárticas: la apuesta militar de Chile en Magallanes
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en el extremo sur, reemplazo de aviones de combate y un plan de modernización hasta 2043. Su cartera quedó afuera del recorte del 3% que alcanzó al resto del gabinete de Kast, tras semanas de fricción con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.
Mientras en la Argentina el ajuste alcanza también a las Fuerzas Armadas, del otro lado de la cordillera la defensa del sur se volvió política de Estado. Chile construirá nuevas bases militares en los sectores de la Región de Magallanes que hoy no tienen cobertura, renovará sus aviones de combate y reforzará su presencia antártica, en un plan que involucra a las tres ramas de sus Fuerzas Armadas y se proyecta hasta 2043.
El anuncio lo hizo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, desde la Base Aérea de Chabunco, en Magallanes, acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí detalló un paquete de compras militares destinado a fortalecer la presencia del país en el extremo austral y a garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. «La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado», sostuvo.
El dato político no es menor: según consignó la agencia italiana ANSA, Barros descartó que su cartera sufra el recorte del 3% que el Gobierno de José Antonio Kast había instruido inicialmente para todos los ministerios. En un gobierno de derecha que ajusta en todas las áreas, la defensa del sur quedó a salvo de la tijera. «Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes», afirmó el ministro.
Aviones, helicópteros, tanques y naves antárticas
El plan incluye el reemplazo, en el corto plazo, de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile por aeronaves de cuarta o quinta generación. También prevé sustituir los helicópteros Bell UH-1H y renovar el transporte aéreo estratégico, hoy a cargo de los C-130 Hércules, fundamentales para el sostenimiento de la base antártica y para la atención de emergencias.
Para 2027, Barros anunció la incorporación de cuatro aeronaves de patrullaje de largo alcance para la vigilancia naval y de otras cinco naves destinadas al servicio antártico. En el plano terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, en paralelo a la renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región. El ministro mencionó además la incorporación de «sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta».
«La soberanía no solo se declara, se ejerce»
Barros explicó el valor estratégico que Santiago le asigna a Magallanes. «Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto», señaló.
En ese marco, insistió en que «la soberanía no solo se declara, se ejerce» y encuadró los anuncios en una «estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima», que abarca infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y presencia permanente del Estado en el extremo sur. La frase funciona como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia Buenos Aires.
El ruido con la Argentina que encendió la alarma
El anuncio llega después de semanas de tensión bilateral. A fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó al estrecho en una referencia a la soberanía argentina: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía», dijo en una entrevista, y habló de una «llave bioceánica». Los dichos provocaron una rápida reacción en Santiago.
Días después, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, se refirió en una entrevista con Infobae al «Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile», en lo que del otro lado de la cordillera se leyó como una rectificación. El episodio reactivó antecedentes recientes, como el Decreto 457 de 2021, que según la interpretación chilena presentaba al estrecho como un espacio de control compartido y derivó en una nota de protesta de la Cancillería trasandina.
La respuesta política argentina llegó el 3 de septiembre, en La Moneda. Tras la reunión entre Javier Milei y Kast, un comunicado conjunto estableció que ambos mandatarios coincidieron en la soberanía total de Chile sobre el estrecho, en el marco del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que según el texto «se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados». A cambio, Kast reiteró el respaldo de su gobierno a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pero en Chile el tema no se cerró con la foto presidencial. El 21 de septiembre, una delegación transversal del Senado encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, viajó a Punta Arenas para la ceremonia por el 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho y emitió una declaración en la que se comprometió a reflejar en el Presupuesto 2027 la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia de los espacios soberanos. Esta misma semana también pasó por el sur el propio Kast.
Dos países, dos maneras de mirar el sur
El contraste con la Argentina es elocuente. En mayo, a una semana del lanzamiento del Plan ARMA de modernización militar, el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi 49.000 millones de pesos en partidas de Defensa. El mayor ajuste nominal recayó sobre la Fuerza Aérea, que perdió 16.500 millones de pesos en bienes de uso y equipamiento militar dentro de su programa de alistamiento operativo.
Para el año próximo, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de 350 millones de dólares a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Antártica Conjunta Petrel, sumando recursos de 2026 y 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 también pide autorización al Congreso para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinada a submarinos y fragatas, en el mismo texto que prevé una caída real de los fondos para Educación. Mientras Chile financia su despliegue austral con presupuesto propio y un horizonte de dos décadas, la Argentina libertaria recorta primero y promete reequipar después, con endeudamiento.
La diferencia de enfoque dice mucho sobre la idea de soberanía de cada gobierno. Del otro lado de la cordillera, la ocupación efectiva del territorio se planifica como una política que trasciende gestiones; de este lado, la presencia del Estado en el sur queda atada a la lógica del ajuste permanente.
Lo que tenés que saber:
- El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en sectores sin cobertura de Magallanes, dentro de un plan de modernización con horizonte en 2043.
- Chile reemplazará los aviones F5, los helicópteros Bell UH-1H y los C-130 Hércules, e incorporará en 2027 cuatro aeronaves de patrullaje naval y cinco naves antárticas.
- La cartera de Defensa chilena quedó excluida del recorte del 3% instruido inicialmente para todos los ministerios.
- El 3 de septiembre, Milei y Kast firmaron un comunicado que reconoce la soberanía total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
- En mayo, el Gobierno argentino recortó casi 49.000 millones de pesos en Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
Defensa
Cancillería rechazó como inadmisible que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea
En un comunicado, el Palacio San Martín sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución y volvió a exigir que Teherán coopere con la Justicia argentina por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Irán respondió así a la inscripción del CGRI en el RePET.
La Cancillería rechazó la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas y calificó esa acusación de “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas. El comunicado de la Cancillería que conduce Pablo Quirno se difundió el miércoles, horas después de que Teherán anunciara la medida en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica (CGRI) en el RePET, el registro argentino de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
La Cancillería sostuvo que la decisión iraní “carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional”. Agregó que ambas fuerzas cumplen sus funciones con respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados.
El reclamo por la Embajada y la AMIA
En el mismo texto, el Gobierno recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. Cuestionó que Teherán siga sin cooperar con los tribunales, que no cumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y que haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó, y volvió a exigir que Irán los ponga a disposición de los tribunales.
El Gobierno reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó solidaridad con los familiares y con la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.
Dónde está la causa judicial
El reclamo convive con una investigación que sigue abierta. En junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por “una falta grave a su deber de investigar” el atentado a la AMIA. El juez federal Daniel Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés por ese ataque, en el marco del juicio en ausencia; la Cámara Federal debe revisar esos procesamientos y, según se informó, el juicio podría comenzar en 2027.
Una designación unilateral frente a otra
Irán justificó su decisión en una ley de 2019 de medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. Como publicó El Argentino Diario, la Argentina inscribió al CGRI en el RePET por la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, publicada el 6 de abril, mientras que Irán aplicó el mismo mecanismo el 1 de noviembre a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido. El comunicado iraní no anunció sanciones concretas.
La inscripción del CGRI fue un acto administrativo de dos ministerios, sin ley del Congreso ni fallo judicial, y la represalia iraní apunta ahora a dos fuerzas armadas del Estado argentino. En abril, después de esa decisión, la Cancillería declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país.
Lo que tenés que saber:
- Cancillería calificó de “inadmisible” que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea.
- Teherán adoptó esa medida en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, formalizada por la Resolución Conjunta 3/2026.
- El comunicado sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución y al derecho internacional.
- El Gobierno volvió a exigir cooperación iraní con la Justicia argentina por los atentados de 1992 y 1994 y recordó que los acusados no comparecieron en tres décadas.
- La causa por la AMIA sigue abierta: Rafecas procesó el 21 de septiembre a siete iraníes y un libanés.
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