Defensa
Nuevas bases, aviones y naves antárticas: la apuesta militar de Chile en Magallanes
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en el extremo sur, reemplazo de aviones de combate y un plan de modernización hasta 2043. Su cartera quedó afuera del recorte del 3% que alcanzó al resto del gabinete de Kast, tras semanas de fricción con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.
Mientras en la Argentina el ajuste alcanza también a las Fuerzas Armadas, del otro lado de la cordillera la defensa del sur se volvió política de Estado. Chile construirá nuevas bases militares en los sectores de la Región de Magallanes que hoy no tienen cobertura, renovará sus aviones de combate y reforzará su presencia antártica, en un plan que involucra a las tres ramas de sus Fuerzas Armadas y se proyecta hasta 2043.
El anuncio lo hizo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, desde la Base Aérea de Chabunco, en Magallanes, acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí detalló un paquete de compras militares destinado a fortalecer la presencia del país en el extremo austral y a garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. «La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado», sostuvo.
El dato político no es menor: según consignó la agencia italiana ANSA, Barros descartó que su cartera sufra el recorte del 3% que el Gobierno de José Antonio Kast había instruido inicialmente para todos los ministerios. En un gobierno de derecha que ajusta en todas las áreas, la defensa del sur quedó a salvo de la tijera. «Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes», afirmó el ministro.
Aviones, helicópteros, tanques y naves antárticas
El plan incluye el reemplazo, en el corto plazo, de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile por aeronaves de cuarta o quinta generación. También prevé sustituir los helicópteros Bell UH-1H y renovar el transporte aéreo estratégico, hoy a cargo de los C-130 Hércules, fundamentales para el sostenimiento de la base antártica y para la atención de emergencias.
Para 2027, Barros anunció la incorporación de cuatro aeronaves de patrullaje de largo alcance para la vigilancia naval y de otras cinco naves destinadas al servicio antártico. En el plano terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, en paralelo a la renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región. El ministro mencionó además la incorporación de «sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta».
«La soberanía no solo se declara, se ejerce»
Barros explicó el valor estratégico que Santiago le asigna a Magallanes. «Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto», señaló.
En ese marco, insistió en que «la soberanía no solo se declara, se ejerce» y encuadró los anuncios en una «estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima», que abarca infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y presencia permanente del Estado en el extremo sur. La frase funciona como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia Buenos Aires.
El ruido con la Argentina que encendió la alarma
El anuncio llega después de semanas de tensión bilateral. A fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó al estrecho en una referencia a la soberanía argentina: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía», dijo en una entrevista, y habló de una «llave bioceánica». Los dichos provocaron una rápida reacción en Santiago.
Días después, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, se refirió en una entrevista con Infobae al «Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile», en lo que del otro lado de la cordillera se leyó como una rectificación. El episodio reactivó antecedentes recientes, como el Decreto 457 de 2021, que según la interpretación chilena presentaba al estrecho como un espacio de control compartido y derivó en una nota de protesta de la Cancillería trasandina.
La respuesta política argentina llegó el 3 de septiembre, en La Moneda. Tras la reunión entre Javier Milei y Kast, un comunicado conjunto estableció que ambos mandatarios coincidieron en la soberanía total de Chile sobre el estrecho, en el marco del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que según el texto «se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados». A cambio, Kast reiteró el respaldo de su gobierno a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pero en Chile el tema no se cerró con la foto presidencial. El 21 de septiembre, una delegación transversal del Senado encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, viajó a Punta Arenas para la ceremonia por el 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho y emitió una declaración en la que se comprometió a reflejar en el Presupuesto 2027 la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia de los espacios soberanos. Esta misma semana también pasó por el sur el propio Kast.
Dos países, dos maneras de mirar el sur
El contraste con la Argentina es elocuente. En mayo, a una semana del lanzamiento del Plan ARMA de modernización militar, el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi 49.000 millones de pesos en partidas de Defensa. El mayor ajuste nominal recayó sobre la Fuerza Aérea, que perdió 16.500 millones de pesos en bienes de uso y equipamiento militar dentro de su programa de alistamiento operativo.
Para el año próximo, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de 350 millones de dólares a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Antártica Conjunta Petrel, sumando recursos de 2026 y 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 también pide autorización al Congreso para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinada a submarinos y fragatas, en el mismo texto que prevé una caída real de los fondos para Educación. Mientras Chile financia su despliegue austral con presupuesto propio y un horizonte de dos décadas, la Argentina libertaria recorta primero y promete reequipar después, con endeudamiento.
La diferencia de enfoque dice mucho sobre la idea de soberanía de cada gobierno. Del otro lado de la cordillera, la ocupación efectiva del territorio se planifica como una política que trasciende gestiones; de este lado, la presencia del Estado en el sur queda atada a la lógica del ajuste permanente.
Lo que tenés que saber:
- El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en sectores sin cobertura de Magallanes, dentro de un plan de modernización con horizonte en 2043.
- Chile reemplazará los aviones F5, los helicópteros Bell UH-1H y los C-130 Hércules, e incorporará en 2027 cuatro aeronaves de patrullaje naval y cinco naves antárticas.
- La cartera de Defensa chilena quedó excluida del recorte del 3% instruido inicialmente para todos los ministerios.
- El 3 de septiembre, Milei y Kast firmaron un comunicado que reconoce la soberanía total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
- En mayo, el Gobierno argentino recortó casi 49.000 millones de pesos en Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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