Más de 400 personas resultaron afectadas este lunes por la crecida del río Uruguay en el Litoral argentino, como consecuencia directa del fenómeno El Niño, que impactó con lluvias intensas sobre Entre Ríos y Corrientes. Las localidades de Concordia y Paso de los Libres superaron los niveles de evacuación establecidos por los organismos de emergencia, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para distintas provincias del país.

El Ministerio de Defensa confirmó el despliegue de fuerzas militares en la zona para asistir a las poblaciones afectadas, en coordinación con las provincias de Entre Ríos y Corrientes y los municipios ribereños. Los boletines técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN proyectan que el río Uruguay continuará creciendo en los próximos días, con un pico estimado para el 20 de octubre, lo que anticipa un agravamiento de la situación en las localidades en riesgo.

La situación por localidades

En Concordia, familias fueron evacuadas de manera preventiva ante el avance del nivel del río Uruguay, que superó los registros de alerta establecidos para esa localidad. En Paso de los Libres, la situación se agravó en los días previos con el crecimiento sostenido de evacuados y el desborde de sectores costeros. Cuatro ciudades correntinas superaron el nivel de alerta según el seguimiento realizado por medios locales desde el 8 de octubre.

El fenómeno El Niño ya era motivo de advertencia desde agosto, cuando el SMN alertó sobre la posibilidad de un evento de magnitud excepcional para la primavera. La llegada simultánea de lluvias intensas sobre la cuenca del Uruguay activó la preocupación de los organismos técnicos, que señalan que los pronósticos indican persistencia de las precipitaciones sobre la región.

Un sistema meteorológico debilitado

El impacto del El Niño sobre el Litoral se produce en un contexto de reducción de capacidades del SMN. Desde septiembre, el organismo enfrenta una crisis de recursos humanos y equipamiento tras los recortes de personal dispuestos por el gobierno nacional. La situación llevó a varios sectores a cuestionar la capacidad del Estado para monitorear y alertar a la población ante eventos climáticos de alta intensidad en tiempo real.