El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves desde el Palacio de Hacienda una «flexibilización parcial» de los créditos en dólares para empresas. Flanqueado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el funcionario explicó que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a personas jurídicas, con el objetivo de reactivar la demanda de financiamiento y dinamizar la actividad del sector privado. «Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad», sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.

Un sistema estancado desde la crisis de 2001

El anuncio de este jueves se inscribe en un proceso de desregulación financiera iniciado en junio de 2026, cuando el Banco Central emitió la Comunicación «A» 8446/2026 para ampliar el universo de empresas elegibles para acceder a préstamos en moneda extranjera. Hasta entonces, y durante 25 años, la normativa post-convertibilidad reservaba el crédito en dólares casi exclusivamente a exportadores directos y su cadena de proveedores inmediata, como resguardo contra el riesgo de descalce de monedas. La lógica de esa restricción era simple: no debían endeudarse en dólares quienes perciben sus ingresos en pesos. La crisis de 2001 había demostrado, de manera traumática, los efectos devastadores de ese descalce sobre millones de familias y empresas.

Sin embargo, el equipo económico de Javier Milei decidió cuestionar ese marco. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había anticipado el giro en los últimos días al señalar que las regulaciones vigentes eran «superrestrictivas» y que «terminamos preservando un sistema financiero que es de los más chicos del mundo». La medida del jueves amplía esa apertura: según datos del propio Banco Central, los depósitos en dólares del sistema financiero rondan los 40.000 millones de dólares, mientras que los préstamos activos apenas alcanzan los 22.200 millones, lo que deja un margen prestable de casi 18.000 millones de dólares inmovilizados por restricciones normativas.

La pregunta que el Gobierno esquiva: ¿quién asume el riesgo?

Lo que el oficialismo presenta como una medida de reactivación productiva es también, visto desde otro ángulo, un traslado del riesgo cambiario hacia el sector privado no exportador. Detrás del argumento técnico, el Gobierno descarta que exista peligro de descalce en el contexto actual de tipo de cambio administrado y reservas en reconstrucción. Pero esa apuesta se sostiene en una estabilidad cambiaria que depende de variables externas, de los desembolsos del FMI y de la continuidad del ajuste fiscal, ninguna de las cuales está garantizada.

La exclusión deliberada de las personas físicas del nuevo esquema no es casual. Desde el BCRA explicaron que la jurisprudencia argentina tiende a proteger a los individuos en casos de devaluación, permitiendo renegociaciones forzosas de deudas en moneda extranjera, lo que genera reticencia en los bancos para prestar a consumidores. Las empresas, en cambio, están sujetas al cumplimiento estricto de sus obligaciones contractuales sin margen de salida. En términos llanos: si el tipo de cambio salta, las personas pueden renegociar; las empresas, no.

PyMEs y proveedores: los beneficiarios anunciados

La medida apunta, en teoría, a ampliar el acceso al financiamiento para PyMEs y proveedores corporativos que no forman parte de la cadena exportadora directa pero que podrían acreditar garantías de empresas generadoras de divisas. El nuevo esquema permitiría que estas firmas accedan a tasas de un dígito en dólares, sustancialmente más bajas que las vigentes en el crédito en pesos, deteriorado por la inercia inflacionaria y la morosidad creciente en el crédito en moneda nacional.

No obstante, el impacto efectivo sobre las pequeñas y medianas empresas es, por ahora, una promesa. La capacidad de las PyMEs para conseguir el aval de una empresa exportadora que garantice sus obligaciones en moneda dura depende de relaciones comerciales previas y de la voluntad de las grandes firmas de asumir ese rol de garante, algo que el mercado deberá testear en los próximos meses.

El contexto: deuda, FMI y el segundo semestre bajo presión

El anuncio de Caputo se produce en un escenario de alta exigencia financiera. La Argentina carga con compromisos de deuda que superan los 13.400 millones de dólares en intereses solo para el período 2026-2030, de acuerdo a datos del FMI. El segundo desembolso del acuerdo con el organismo, por 1.000 millones de dólares, se formalizó en abril de 2026 pese a incumplimientos previos en la meta de reservas, con la contrapartida de compromisos más estrictos de acumulación de divisas. En ese marco, la flexibilización del crédito en dólares busca movilizar liquidez ya depositada en el sistema bancario sin apelar a la emisión, pero tampoco sin tocar el nudo del problema estructural: la economía argentina genera dólares por exportaciones, no por dinamismo productivo interno.

Puntos clave

• Caputo anunció que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas.
• La medida profundiza la apertura iniciada en junio con la Comunicación «A» 8446/2026 del BCRA, que habilitó préstamos con garantía de empresas exportadoras.
• Los depósitos en dólares del sistema financiero rondan los 40.000 millones de dólares, con apenas 22.200 millones prestados: quedan casi 18.000 millones inmovilizados.
• Las personas físicas quedan excluidas del esquema por las particularidades de la jurisprudencia argentina en caso de devaluación.
• La viabilidad del esquema para las PyMEs depende de que consigan el aval de una empresa exportadora, condición que el mercado deberá validar en los próximos meses.