Cinco meses después de que su expareja lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal, el hombre que durante una década fue el operador de Alfredo Cornejo en los tribunales mendocinos sigue sin ser imputado por el delito más grave que se le atribuye. Solo carga con dos acusaciones de penas bajas, coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de guerra, que le permiten transitar el proceso en libertad y sin restricciones para moverse.

Se trata de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza desde la primera gestión de Cornejo en 2015, cargo que conservó durante el gobierno de Rodolfo Suarez y que retomó con el regreso del radical a la gobernación. La causa, identificada como expediente P-38.345/26, está en manos de la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini, bajo la supervisión del fiscal jefe Alejandro Iturbide.

Una denuncia de 40 carillas y una renuncia en el mismo día

La presentación judicial llegó el 10 de abril de 2026. En un escrito de 40 carillas, la denunciante acusó a D’Agostino por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades. Los hechos se enmarcan en una relación que se extendió entre 2021 y 2024, con un hostigamiento que, según la denuncia, se prolongó hasta fines de 2025.

El relato describe un patrón sostenido de control, gritos, destrucción de objetos y humillaciones, y sostiene que el funcionario utilizaba su cargo para generar temor. En cuanto al abuso sexual, la denuncia ubica uno de los hechos entre septiembre y octubre de 2023: según su testimonio, la mujer le pidió que se detuviera y él continuó. La denunciante también solicitó protección para ella y para su abogada, por el poder que el acusado ostentaba en ese momento.

Ese mismo día, D’Agostino le presentó su dimisión al gobernador. «Mi renuncia es indeclinable y voluntaria», escribió, y aseguró que su salida buscaba «garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia». También anticipó su línea de defensa: «Quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra». En su lugar asumió el dirigente radical Juan Carlos Jaliff.

El brazo judicial del cornejismo

D’Agostino no era un funcionario más. Fue el gran impulsor de las reformas judiciales de la gestión radical, el nexo con jueces y fiscales y una pieza clave en el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de magistrados. Muchos de quienes hoy deben investigarlo accedieron o ascendieron en un sistema que él mismo ayudó a diseñar.

La propia estructura del Ministerio Público Fiscal lo reconoció: el procurador general, Alejandro Gullé, se inhibió de intervenir por su vínculo de larga data con el acusado, y lo mismo hizo la fiscal jefa de Violencia de Género, Laura Rouselle. En agosto, el fiscal adjunto Gustavo Pirrello rechazó el pedido de la querella para apartar a Iturbide y a Bottini, al considerar que no se había acreditado falta de objetividad.

Una imputación a la medida

El 23 de abril, tras una ratificación de la denuncia que se extendió durante horas, Bottini imputó a D’Agostino por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. El arma, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con proyectiles de punta hueca, fue entregada días antes por el propio exfuncionario. Son delitos con penas de entre 2 y 4 años de prisión, que admiten una eventual condena de ejecución condicional.

D’Agostino negó todas las acusaciones y no respondió preguntas. La fiscalía descartó por el momento las lesiones leves y otros hechos por una posible prescripción, y dejó el abuso sexual en suspenso a la espera de pericias. Desde el Poder Judicial lo definieron como «una primera imputación, que podría ampliarse o variar». Desde entonces pasaron más de cinco meses y la imputación no se amplió.

En mayo, la abogada querellante, María Elena Quintero, pidió formalmente que se lo impute por abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves dolosas agravadas, y que se dicte su prisión preventiva. Sostuvo que el testimonio de la víctima presenta coherencia, persistencia y corroboración periférica, y que condicionar el avance del proceso a pericias psicológicas previas reinstala el estereotipo de la mujer fabuladora. «Fue tratado como un delito común», cuestionó.

Nueve planteos rechazados y un aeropuerto

El 18 de septiembre, la conjueza María Jimena Pina González, del Juzgado Penal Colegiado N°1, rechazó nueve planteos de la querella. Entre ellos, el pedido de que las pericias sobre la denunciante las realicen organismos externos y no los equipos técnicos que dependen del mismo Ministerio Público cuyo titular se inhibió por amistad con el acusado. También mantuvo la incorporación, a pedido de la defensa, del historial de incidencias vecinales de la denunciante durante diecisiete años, trece de ellos anteriores a la relación investigada.

Sobre el reclamo para ampliar la imputación y detener al exfuncionario, el Juzgado consideró que la investigación no está paralizada y que ordenarle al fiscal cuándo imputar excedería el control jurisdiccional. La magistrada sí admitió que era técnicamente impreciso que un decreto fiscal encomendara a los peritos evaluar la «veracidad» del relato, y fijó un límite: los antecedentes psicológicos previos de la denunciante no pueden usarse para desacreditar su testimonio. La querella anticipó que apelará.

En paralelo, Quintero volvió a pedir la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte, luego de que D’Agostino fuera visto el 17 de septiembre en la sala de preembarque del aeropuerto internacional El Plumerillo. El acta judicial del 23 de abril nunca fijó restricciones a su movilidad, aunque la querella las había solicitado desde el comienzo.

La vara que se aplica a otros

La paradoja no pasó inadvertida en Mendoza. Según publicó la prensa local, D’Agostino cuestionó la prisión preventiva en su propia causa, una herramienta que él mismo había impulsado endurecer desde la función pública. El funcionario que diseñó un sistema penal más duro para el resto de los mendocinos hoy transita su proceso con las garantías más amplias.

El exsubsecretario goza de la presunción de inocencia y la Justicia deberá determinar si los hechos denunciados ocurrieron. Pero la pregunta que atraviesa el expediente es otra: si una denuncia por violación contra el hombre que manejó la relación del Ejecutivo con los tribunales puede investigarse con la misma velocidad y rigor que cualquier otra. Hasta ahora, los tiempos del caso no ofrecen una respuesta tranquilizadora.

Lo que tenés que saber:

• Marcelo D’Agostino fue subsecretario de Justicia de Mendoza desde 2015 y renunció el 10 de abril de 2026, el mismo día en que su expareja lo denunció.
• La denuncia incluye abuso sexual con acceso carnal, lesiones, amenazas coactivas, coacción y violencia de género.
• Desde el 23 de abril está imputado solo por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de guerra, y sigue en libertad.
• El abuso sexual continúa sin imputación, a la espera de pericias; la querella pidió ampliar los cargos y su detención.
• El 18 de septiembre una conjueza rechazó nueve planteos de la querella, que ahora pide prohibirle salir del país tras verlo en el aeropuerto.