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Plan nuclear en pausa: el Gobierno frena la privatización de Nucleoeléctrica
La venta parcial de la empresa que opera las centrales Atucha I, II y Embalse quedó en un limbo político y financiero. El decreto que habilitó la venta del 44% de las acciones data de septiembre de 2025, pero fuentes del sector confirmaron que el proceso no avanzará este año. La polémica por la concesión de las represas del Comahue, adjudicadas a socios de Santiago Caputo, reavivó el debate sobre la entrega de activos estratégicos.
El gobierno de Javier Milei incluyó a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, en su programa de privatizaciones, habilitado por la Ley Bases. Sin embargo, a casi un año del decreto que formalizó esa decisión, el proceso se encuentra virtualmente paralizado. Un exfuncionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) consultado en reserva confirmó que la privatización de NA-SA «quedó en una suerte de pausa» y que no parece probable que avance durante 2026.
El decreto y sus alcances
En septiembre de 2025, el decreto 695/2025 estableció la venta del 44% de las acciones de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional. El esquema reserva el 51% para el Estado y destina hasta un 5% a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada, una figura heredada de las privatizaciones menemistas. En noviembre de ese año, la resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al procedimiento y dispuso que una entidad bancaria pública realizara la valuación del paquete accionario, al tiempo que la Secretaría de Energía debía inventariar los bienes tangibles e intangibles que componen el valor de la empresa. Esa valuación oficial nunca fue publicada.
El problema de venderle el 44% a alguien
Más allá de los tiempos políticos, el esquema diseñado por el Gobierno enfrenta obstáculos concretos. El interrogante central es qué atractivo tiene para un inversor privado comprar el 44% de una compañía cuando el Estado sigue siendo el accionista mayoritario y conserva el control. Según versiones extraoficiales, en el sector se manejó una estimación que ubicó el valor total de la empresa alrededor de mil millones de dólares, aunque sin respaldo en una valuación oficial pública. El exfuncionario consultado planteó una alternativa: hacer rentable a la empresa, hacerla cotizar en bolsa y atomizar el 44% entre inversores del mercado de capitales, lo que permitiría abrir el capital sin resignar el control estatal y, de paso, dificultaría una eventual reestatización por un gobierno futuro.
La valoración de NA-SA no es un cálculo simple. Atucha I, una de las tres centrales bajo su operación, se encuentra actualmente parada para extensión de vida útil, lo que suma obligaciones al eventual comprador. Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial, según datos de la Agencia NA. Ese aporte estratégico es el argumento más sólido en contra de una apertura apresurada al capital privado.
El Comahue como espejo
El debate sobre Nucleoeléctrica se reactualizó a partir de la controversia por la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, en la zona limítrofe entre Neuquén y Río Negro. Las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados son activos construidos con fondos del Estado, cuya propiedad se mantiene pública, pero cuya operación fue nuevamente concesionada a privados por el Gobierno. Las denuncias no tardaron en aparecer: entre los adjudicatarios figuran los hermanos Neuss, señalados como cercanos a Santiago Caputo, el operador político del Gobierno, y se cuestionan tanto la tasación de los activos como los criterios de adjudicación.
Aunque se trata de procesos distintos, la comparación es inevitable. En el Comahue, el Estado retiene la propiedad de las centrales y otorga una concesión de operación. En NA-SA, en cambio, lo que se pondría a la venta es una participación directa en la empresa que opera las centrales nucleares, un salto cualitativo en términos de soberanía energética. Las represas del Comahue, además, producen el agua pesada que abastece al complejo nuclear, lo que añade una dimensión estratégica adicional a su concesión.
La respuesta legislativa y el alineamiento con Washington
En el Congreso comenzó a tomar forma un proyecto de ley denominado «Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino», que busca establecer límites a la participación privada en el sector. La iniciativa propone declarar estratégicos a las centrales nucleares, el ciclo del combustible, la Planta Industrial de Agua Pesada, los proyectos CAREM y RA-10, además de instalaciones, propiedad intelectual, conocimientos técnicos y recursos humanos especializados. El texto establece que esos activos no podrían ser enajenados o transferidos sin autorización expresa del Congreso.
En paralelo, el Gobierno de Milei profundizó su alineamiento con Estados Unidos en materia nuclear, siguiendo la denominada Doctrina Donroe, que apunta a desplazar a China de áreas que Washington considera estratégicas. Ese viraje se tradujo en acuerdos vinculados al desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) y al programa FIRST del gobierno de Donald Trump. Durante 2026, la cooperación incluyó visitas de funcionarios estadounidenses al INVAP y al Instituto Balseiro. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, reconoció en enero de este año que el objetivo de la cartera es «buscar que las distintas unidades de negocio que pueden surgir a partir del sector tengan una viabilidad económica y comercial, que hasta ahora se mostró en general deficiente».
Lo que no explicó es de qué manera una empresa nuclear con participación privada minoritaria, sin valuación pública, con una central parada y enmarcada en un alineamiento geopolítico subordinado a Washington resulta más «viable» que una empresa estatal fortalecida presupuestariamente. La pregunta queda sin respuesta, como el proceso de privatización en sí.
Puntos clave
- El decreto 695/2025 habilitó la venta del 44% de Nucleoeléctrica, pero el proceso permanece paralizado y no avanzaría en 2026.
- La valuación oficial del paquete accionario nunca fue publicada; versiones extraoficiales ubican el valor total en alrededor de mil millones de dólares.
- La concesión de las represas del Comahue a privados vinculados a Santiago Caputo generó denuncias y reactualizó el debate sobre la entrega de activos estratégicos.
- Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial.
- En el Congreso avanza un proyecto para blindar al sector nuclear y exigir autorización legislativa para cualquier transferencia de esos activos.
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Casi 9 de cada 10 argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes
Un estudio presencial de CELAG Data, realizado sobre 2.000 personas entre septiembre y octubre, relevó opiniones sobre transparencia, ingresos familiares y gestión presidencial. Además, midió una eventual segunda vuelta entre el mandatario y el gobernador bonaerense.
Una encuesta nacional de CELAG Data registró que el 89,8% de las personas consultadas percibe corrupción en el Gobierno de Javier Milei, mientras que el 60,7% evalúa negativamente la gestión presidencial. El estudio también relevó dificultades económicas extendidas entre los hogares y midió un escenario de empate técnico ante una eventual segunda vuelta entre el mandatario y Axel Kicillof.
El trabajo se realizó mediante 2.000 entrevistas presenciales en distintos puntos del país, entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. Los resultados abarcan percepciones sobre transparencia, situación económica, imagen de los dirigentes y preferencias electorales de cara a 2027.
Los datos corresponden a las respuestas de las personas encuestadas y reflejan sus opiniones sobre el Gobierno y la coyuntura nacional. No constituyen, por sí mismos, una comprobación judicial de hechos de corrupción ni un pronóstico definitivo sobre futuras elecciones.
El 89,8% percibe corrupción en el Gobierno nacional
Uno de los principales resultados del relevamiento está relacionado con la percepción de corrupción en la administración nacional.
Según CELAG Data, el 54,6% de los participantes considera que existe corrupción generalizada en el Gobierno, mientras que el 35,2% cree que hay irregularidades, pero limitadas a casos puntuales.
La suma de ambas respuestas alcanza el 89,8%. En contraste, el 6,8% sostiene que no existe corrupción en la gestión nacional y el 3,4% restante no respondió o manifestó no tener una posición definida.
La encuesta también consultó por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El 50,2% de los participantes la calificó como una funcionaria corrupta.
Estos resultados expresan la percepción de los encuestados sobre la transparencia del Gobierno. La medición no equivale a una determinación judicial sobre la existencia de delitos o la responsabilidad de funcionarios.
La economía es el principal problema para los encuestados
La situación económica ocupa el primer lugar entre las preocupaciones relevadas por CELAG Data. El 45,4% la señaló como el principal problema del país.
En segundo lugar aparece la inseguridad, con el 22,2% de las respuestas. La corrupción reúne el 14,9%, mientras que el deterioro de la educación y la salud públicas alcanza el 13,2%.
Dentro del apartado económico, los bajos ingresos constituyen la preocupación más mencionada, con el 37,4%. Los precios elevados reúnen el 18,8% y el costo de los servicios básicos, como electricidad, gas y agua, alcanza el 18%.
Además, el endeudamiento familiar representa el 13% de las respuestas y el costo de la vivienda, el 12,5%.
La distribución muestra que los encuestados identifican dificultades en diferentes componentes del presupuesto familiar, desde los ingresos hasta los gastos cotidianos.
Casi nueve de cada diez declaran dificultades para llegar a fin de mes
El relevamiento también preguntó cómo afrontan los hogares sus gastos mensuales.
El 37,5% de los participantes respondió que no logra llegar a fin de mes. Otro 52,1% afirmó que consigue cubrir sus gastos, aunque con muchas dificultades.
En conjunto, ambas respuestas representan el 89,6% de los encuestados. En cambio, el 10,1% manifestó que puede afrontar sus gastos mensuales sin dificultades.
La encuesta registró además una evaluación negativa de la evolución económica del país en comparación con una década atrás.
El 53,5% considera que la situación actual es peor que hace diez años, mientras que el 23,1% no observa cambios y el 21,8% sostiene que mejoró.
El 69,1% describe negativamente la situación del país
Las respuestas sobre el presente argentino también reflejan un predominio de percepciones desfavorables.
Ante una consulta sobre cómo describirían la situación nacional, el 28,5% afirmó que el país está peor que nunca. Otro 21,9% eligió las expresiones «incertidumbre y caos», mientras que el 18,7% consideró que la situación es mala, aunque la sociedad se acostumbró a vivir de esa manera.
En conjunto, estas tres respuestas representan el 69,1% de los participantes.
Los resultados forman parte del mismo relevamiento que midió las dificultades económicas y la percepción de corrupción. En todos los casos, se trata de opiniones recogidas durante el período de trabajo de campo y no de indicadores objetivos que, por sí solos, expliquen las causas de la situación económica.
Seis de cada diez evalúan negativamente la gestión de Milei
La valoración del desempeño presidencial también muestra una mayoría de respuestas negativas.
De acuerdo con la encuesta, el 60,7% evalúa desfavorablemente la gestión de Milei, frente al 38,7% que expresa una opinión positiva. Dentro del primer grupo, el 35,1% considera que el Gobierno es muy malo.
La imagen personal del Presidente presenta una distribución similar: el 58,2% de los consultados tiene una opinión negativa y el 38,6%, una valoración positiva.
El estudio también indagó en los motivos del apoyo al mandatario. Entre quienes respaldan a Milei, el 59,4% señaló que lo considera la única opción para evitar el regreso del kirchnerismo o del peronismo al poder.
Por otra parte, el 37,5% explicó su respaldo por coincidir con las ideas del Presidente y su forma de gobernar.
Estas respuestas permiten distinguir entre quienes expresan apoyo por identificación con el programa oficial y quienes lo vinculan principalmente con el rechazo a otras alternativas políticas.
Milei y Kicillof registran una diferencia de dos décimas en un eventual balotaje
La encuesta de CELAG Data también incluyó una simulación de segunda vuelta presidencial entre Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Según los resultados difundidos, Kicillof obtiene el 42,7% de las respuestas y Milei, el 42,5%. Otro 14,8% de los participantes afirmó que no elegiría a ninguno de los dos.
La diferencia entre ambos es de apenas 0,2 puntos porcentuales. Por eso, los números describen una competencia muy ajustada dentro del escenario hipotético planteado por el estudio.
La medición corresponde a una consulta realizada en octubre de 2026 y no determina cuál sería el resultado de una elección presidencial en 2027. Las preferencias pueden variar a medida que avance la campaña y se definan las candidaturas.
El relevamiento reúne así dos dimensiones del panorama político: la evaluación de la gestión actual y las preferencias expresadas ante una posible disputa electoral futura.
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