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Plan nuclear en pausa: el Gobierno frena la privatización de Nucleoeléctrica

La venta parcial de la empresa que opera las centrales Atucha I, II y Embalse quedó en un limbo político y financiero. El decreto que habilitó la venta del 44% de las acciones data de septiembre de 2025, pero fuentes del sector confirmaron que el proceso no avanzará este año. La polémica por la concesión de las represas del Comahue, adjudicadas a socios de Santiago Caputo, reavivó el debate sobre la entrega de activos estratégicos.

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Regalaron el Comahue y ahora frenan Nucleoeléctrica: el plan de Milei para el sector nuclear no cierra ni en lo económico ni en lo político.

El gobierno de Javier Milei incluyó a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, en su programa de privatizaciones, habilitado por la Ley Bases. Sin embargo, a casi un año del decreto que formalizó esa decisión, el proceso se encuentra virtualmente paralizado. Un exfuncionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) consultado en reserva confirmó que la privatización de NA-SA «quedó en una suerte de pausa» y que no parece probable que avance durante 2026.

El decreto y sus alcances

En septiembre de 2025, el decreto 695/2025 estableció la venta del 44% de las acciones de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional. El esquema reserva el 51% para el Estado y destina hasta un 5% a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada, una figura heredada de las privatizaciones menemistas. En noviembre de ese año, la resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al procedimiento y dispuso que una entidad bancaria pública realizara la valuación del paquete accionario, al tiempo que la Secretaría de Energía debía inventariar los bienes tangibles e intangibles que componen el valor de la empresa. Esa valuación oficial nunca fue publicada.

El problema de venderle el 44% a alguien

Más allá de los tiempos políticos, el esquema diseñado por el Gobierno enfrenta obstáculos concretos. El interrogante central es qué atractivo tiene para un inversor privado comprar el 44% de una compañía cuando el Estado sigue siendo el accionista mayoritario y conserva el control. Según versiones extraoficiales, en el sector se manejó una estimación que ubicó el valor total de la empresa alrededor de mil millones de dólares, aunque sin respaldo en una valuación oficial pública. El exfuncionario consultado planteó una alternativa: hacer rentable a la empresa, hacerla cotizar en bolsa y atomizar el 44% entre inversores del mercado de capitales, lo que permitiría abrir el capital sin resignar el control estatal y, de paso, dificultaría una eventual reestatización por un gobierno futuro.

La valoración de NA-SA no es un cálculo simple. Atucha I, una de las tres centrales bajo su operación, se encuentra actualmente parada para extensión de vida útil, lo que suma obligaciones al eventual comprador. Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial, según datos de la Agencia NA. Ese aporte estratégico es el argumento más sólido en contra de una apertura apresurada al capital privado.

El Comahue como espejo

El debate sobre Nucleoeléctrica se reactualizó a partir de la controversia por la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, en la zona limítrofe entre Neuquén y Río Negro. Las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados son activos construidos con fondos del Estado, cuya propiedad se mantiene pública, pero cuya operación fue nuevamente concesionada a privados por el Gobierno. Las denuncias no tardaron en aparecer: entre los adjudicatarios figuran los hermanos Neuss, señalados como cercanos a Santiago Caputo, el operador político del Gobierno, y se cuestionan tanto la tasación de los activos como los criterios de adjudicación.

Aunque se trata de procesos distintos, la comparación es inevitable. En el Comahue, el Estado retiene la propiedad de las centrales y otorga una concesión de operación. En NA-SA, en cambio, lo que se pondría a la venta es una participación directa en la empresa que opera las centrales nucleares, un salto cualitativo en términos de soberanía energética. Las represas del Comahue, además, producen el agua pesada que abastece al complejo nuclear, lo que añade una dimensión estratégica adicional a su concesión.

La respuesta legislativa y el alineamiento con Washington

En el Congreso comenzó a tomar forma un proyecto de ley denominado «Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino», que busca establecer límites a la participación privada en el sector. La iniciativa propone declarar estratégicos a las centrales nucleares, el ciclo del combustible, la Planta Industrial de Agua Pesada, los proyectos CAREM y RA-10, además de instalaciones, propiedad intelectual, conocimientos técnicos y recursos humanos especializados. El texto establece que esos activos no podrían ser enajenados o transferidos sin autorización expresa del Congreso.

En paralelo, el Gobierno de Milei profundizó su alineamiento con Estados Unidos en materia nuclear, siguiendo la denominada Doctrina Donroe, que apunta a desplazar a China de áreas que Washington considera estratégicas. Ese viraje se tradujo en acuerdos vinculados al desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) y al programa FIRST del gobierno de Donald Trump. Durante 2026, la cooperación incluyó visitas de funcionarios estadounidenses al INVAP y al Instituto Balseiro. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, reconoció en enero de este año que el objetivo de la cartera es «buscar que las distintas unidades de negocio que pueden surgir a partir del sector tengan una viabilidad económica y comercial, que hasta ahora se mostró en general deficiente».

Lo que no explicó es de qué manera una empresa nuclear con participación privada minoritaria, sin valuación pública, con una central parada y enmarcada en un alineamiento geopolítico subordinado a Washington resulta más «viable» que una empresa estatal fortalecida presupuestariamente. La pregunta queda sin respuesta, como el proceso de privatización en sí.

Puntos clave

  • El decreto 695/2025 habilitó la venta del 44% de Nucleoeléctrica, pero el proceso permanece paralizado y no avanzaría en 2026.
  • La valuación oficial del paquete accionario nunca fue publicada; versiones extraoficiales ubican el valor total en alrededor de mil millones de dólares.
  • La concesión de las represas del Comahue a privados vinculados a Santiago Caputo generó denuncias y reactualizó el debate sobre la entrega de activos estratégicos.
  • Entre enero y junio de 2026, las centrales nucleares aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial.
  • En el Congreso avanza un proyecto para blindar al sector nuclear y exigir autorización legislativa para cualquier transferencia de esos activos.

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Mil días de fracaso con maquillaje: el experimento libertario en números y sin relato

Tres años después de la asunción de Javier Milei, los indicadores sociales siguen en rojo: el desempleo trepó al 7,8%, el trabajo registrado perdió más de 600.000 puestos y la pobreza afecta aún al 28% de la población. La macro ordenada convive con una micro devastada, escándalos de corrupción que desnudan la doble moral del «anticasta» y una oposición incapaz de capitalizar el descontento.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Mil días de Milei: el anticasta que se abrazó a la casta, multiplicó la deuda y dejó 600.000 desempleados más.

El desempleo subió del 5,7% al 7,8%, el trabajo registrado cayó en más de 600.000 personas y los servicios públicos acumulan aumentos superiores al 500% desde diciembre de 2023. Esos son los números que el Gobierno de Javier Milei no pone en sus carteles, los que ningún tuit celebratorio menciona cuando el presidente contabiliza sus «logros» al llegar al día mil de gestión, este sábado 6 de septiembre de 2026.

Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la promesa de destruir la casta, dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Ninguna de esas tres promesas centrales de campaña se cumplió. Lo que sí ocurrió fue un ajuste brutal sobre los ingresos populares, una desregulación acelerada que benefició a los sectores más concentrados y una acumulación de escándalos de corrupción que incluyen desde criptomonedas promocionadas por el propio Presidente hasta contratos irregulares, enriquecimiento ilícito de funcionarios y el uso de recursos del Estado para viajes privados de familiares.

La promesa incumplida: lo que dijo y lo que hizo

Durante la campaña, Milei prometió una dolarización inmediata, la eliminación del cepo cambiario y una baja de impuestos que, tres años después, no se materializaron en los términos planteados. Al cumplirse el primer año de gestión, organismos de verificación como Chequeado señalaron que solo el 10% de sus promesas principales estaba cumplido. El financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% y la inversión hospitalaria retrocedió un 77%. Pese a que el Congreso sancionó leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Garrahan, el Gobierno no ejecutó las partidas presupuestarias correspondientes.

En paralelo, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 modificó de raíz la regulación de la economía sin pasar por el Congreso, y la llamada Ley Bases debió ser reducida y reformulada porque el Gobierno no contaba con los votos necesarios para aprobarla en su versión original. Lo mismo ocurrió con la reforma laboral: fue aprobada pero debió adaptarse para seducir aliados que rechazaban el texto original. La reforma electoral y la designación de los jueces para la Corte Suprema, los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, tampoco prosperaron.

Los números que el relato oficial no alcanza a cubrir

La inflación bajó, eso es innegable. Pasó del 25,5% mensual de diciembre de 2023 al 2,1% registrado en julio de 2026, según datos del INDEC. El riesgo país cayó de 1.923 puntos básicos a alrededor de 491. Y la pobreza descendió del 41,7% al 28,2% entre el segundo semestre de 2023 y el segundo semestre de 2025. El Gobierno usa estos tres indicadores como su principal escudo.

Pero el reverso de esa foto es demoledor. El desempleo aumentó del 5,7% al 7,8% entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026. El trabajo registrado pasó de 13,356 millones de personas a 12,751 millones en mayo de 2026, una caída de más de 600.000 puestos en términos netos. La Canasta Básica Alimentaria acumula una suba interanual del 32,8% y la Canasta Básica Total del 30,4%, según datos del INDEC de marzo de 2026. Los servicios públicos subieron, desde el inicio de la gestión, más del 525% acumulado, con el transporte rozando el 1.000%, el gas un 748%, el agua un 365% y la electricidad un 339%, de acuerdo a informes del IIEP (UBA-CONICET).

El economista Martín Kalos, director de Epyca Consultores, advirtió que «el modelo no es sustentable con tres o cuatro sectores ganadores y el resto perdiendo». Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico en Equilibra, describió una economía de «macro ordenada pero micro destruida»: salarios del sector privado formal por debajo de los niveles de inicio del gobierno, mora creciente y empleo de calidad en destrucción permanente. Los analistas hablan de una economía en «K»: sectores que crecen y otros que no encuentran piso para su caída.

La corrupción que el anticasta no vio venir

El relato de Milei como azote de la casta sufrió golpes sostenidos a lo largo de los tres años. El primero y más estridente fue la difusión de la criptomoneda $Libra: el propio Presidente la promocionó en su cuenta de X y, tras el derrumbe del activo, miles de inversores perdieron fortunas. El episodio está bajo investigación judicial.

Luego llegaron las denuncias contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): el extitular Diego Spagnuolo acusó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los primos Menem de pedir coimas. La Justicia investiga una presunta red de corrupción, sobreprecios y sobornos en licitaciones de medicamentos e insumos médicos. El diputado José Luis Espert debió declinar su candidatura en la provincia de Buenos Aires por una investigación judicial vinculada a supuestos nexos con el narcotráfico.

El caso del ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene dimensiones propias. Con un patrimonio investigado que ya supera los 840.000 dólares, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita reconstruyen un esquema que incluye refacciones de lujo por 245.000 dólares en efectivo y sin factura, deudas con jubiladas que luego aparecen vinculadas a desarrolladores inmobiliarios, y el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa a Nueva York. La diputada Marcela Pagano llegó a solicitar la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, alegando que intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.

La deuda: el otro ajuste que nadie eligió

Detrás del equilibrio fiscal que el Gobierno exhibe como trofeo hay una realidad que el Foro Economía y Trabajo documentó en un informe publicado el 4 de mayo de 2026: el ajuste no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa del acuerdo suscrito con el FMI en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares, equivalente al 479% de la cuota argentina. Al cierre de 2025, la deuda total con el organismo alcanzaba los 57.100 millones de dólares. Los vencimientos de capital e intereses para el período 2026-2030 superan los 13.400 millones de dólares solo en concepto de intereses.

El gasto primario cayó un 31% en términos reales desde 2023. El gasto de capital se desplomó un 86%, las transferencias a provincias un 66%, los programas sociales un 61% y los subsidios a la energía un 58%. La lógica es precisa: el Estado se retira de donde más se lo necesita para honrar una deuda que financia el experimento libertario mientras destruye las condiciones materiales de millones de argentinos.

La política: el anticasta abrazado a la casta

La dinámica interna del Gobierno estuvo marcada por la disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei, que se resolvió a favor de la hermana del Presidente. Desde el triunfo en las legislativas de octubre de 2025, la secretaria general de la Presidencia monopoliza el control de las listas y la toma de decisiones estratégicas. Los sectores vinculados al ministro de Economía, Luis Caputo, fueron relegados.

El analista político Carlos Fara señaló sin eufemismos que Milei «se abrazó a la casta todas las veces que lo necesitó». Cuatro jefes de Gabinete, dos ministros de Salud y de Justicia, y varios cambios en el Ministerio del Interior grafican la inestabilidad interna de un gobierno que llegó al poder prometiendo ruptura y terminó negociando con los mismos actores que decía querer extirpar.

La consultora Analía del Franco describió el núcleo duro del oficialismo como estabilizado en torno al 30%, similar al caudal de la primera vuelta de 2023, sin capacidad de ampliarse. El consultor Manuel Zunino advirtió que Milei está transitando el «efecto tercer año»: la herencia pierde eficacia como argumento y la sociedad empieza a evaluar resultados concretos. Cristian Buttié, director de CB Global Data, trazó una comparación incómoda para el oficialismo: «Milei tiene números muy parecidos a los que tenía Macri en 2018», en pleno proceso de desgaste previo a la derrota electoral.

El consultor Raúl Timerman lo sintetizó con la crudeza que el dato merece. Antes de las elecciones de 2023, los grupos focales mostraban que la gente votaba a Milei con resignación épica: «Lo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera». Mil días después, ya se sabe lo que Dios quiso: más desempleo, más deuda, más corrupción y una promesa de cambio que se disuelve en la misma realidad que decía venir a transformar.

Puntos clave

  • El desempleo subió del 5,7% al 7,8% y el trabajo registrado perdió más de 600.000 puestos entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, según datos del INDEC y del SIPA.
  • Los servicios públicos acumulan aumentos superiores al 525% desde el inicio de la gestión, con el transporte rozando el 1.000%, según informes del IIEP (UBA-CONICET).
  • El Gobierno acumula causas judiciales por $Libra, corrupción en ANDIS y el proceso por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, con un patrimonio investigado superior a los 840.000 dólares.
  • La deuda con el FMI alcanzó los 57.100 millones de dólares al cierre de 2025, con vencimientos de intereses que superan los 13.400 millones entre 2026 y 2030.
  • Analistas políticos y económicos coinciden en un diagnóstico de «macro ordenada, micro devastada»: estabilización nominal que no derrama sobre la mayoría de la población.
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