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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Cinco años sin Lucas González: las perpetuas no cierran la herida

El adolescente de 17 años murió el 18 de noviembre de 2021, un día después de que policías de la Ciudad dispararan contra el auto en el que volvía de entrenar en Barracas. Tres efectivos cumplen prisión perpetua y la sentencia reconoció el odio racial como agravante.

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Lucas González, víctima de gatillo fácil en 2021

A Lucas González le dispararon en la cabeza cuando tenía 17 años y volvía de entrenar; cinco años después, tres policías de la Ciudad cumplen prisión perpetua por haberlo matado.

El 17 de noviembre de 2021, Lucas salía del club Barracas Central, donde jugaba en las divisiones juveniles, con tres amigos: Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca. En el barrio de Barracas, integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, que se movían en un auto sin identificación oficial, interceptaron el vehículo y dispararon. Lucas murió al día siguiente, el 18 de noviembre.

La condena

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 condenó a prisión perpetua a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por homicidio quíntuplemente agravado: por el uso de arma de fuego, la alevosía, el odio racial, el concurso premeditado de dos o más personas y el abuso de la función policial. La sentencia reconoció que Lucas fue asesinado por odio racial. Los tres también fueron hallados responsables de la tentativa de homicidio contra los otros jóvenes que viajaban en el auto.

En el mismo fallo, seis efectivos recibieron penas de entre 4 y 8 años por encubrimiento y torturas, y otros cinco fueron absueltos. En octubre de 2024, en un juicio aparte, el Tribunal Oral N° 29 condenó a cinco años de prisión al oficial Facundo Torres por encubrimiento agravado.

La revisión de la causa

En abril de 2025, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó las perpetuas y absolvió a Juan Horacio Romero y a Sebastián Baidón (condenados antes a seis y ocho años), que recuperaron la libertad. A fines de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena a perpetua de López al rechazar tramitar la presentación de su defensa por no cumplir un requisito formal.

Según lo publicado a fines de 2025, Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas seguían detenidos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad.

La familia, cinco años después

Héctor González, padre de Lucas, contó en junio que la familia organiza una olla popular en el barrio San Eduardo, de Florencio Varela, y que esa tarea lo ayuda a avanzar en su duelo: «Ayudar nos permite por un momento ser felices». Dijo además que cada vez más personas se acercan a buscar un plato de comida.

Lo que tenés que saber

  • Lucas González murió el 18 de noviembre de 2021, un día después de que policías de la Ciudad dispararan contra el auto en el que volvía de entrenar en Barracas.
  • El Tribunal Oral N° 25 condenó en julio de 2023 a perpetua a Isassi, López y Nieva y reconoció el odio racial.
  • En abril de 2025, Casación confirmó las perpetuas y absolvió a Romero y Baidón.
  • La Corte Suprema dejó firme a fines de 2025 la condena de López.
  • Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca, amigos de Lucas, sobrevivieron al ataque.
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