Argentina intimó al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas la actividad de las petroleras en la zona de Malvinas y anunció el inicio de un arbitraje internacional para impugnar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El presidente Javier Milei, la Cancillería argentina, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y las empresas Navitas, Eco Atlantic y otras del sector petrolero quedaron en el centro de una ofensiva diplomática y legal que el Gobierno apoyó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en particular en el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de ese tratado.

Inicio del arbitraje por el proyecto Sea Lion

El Gobierno argentino instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar para cuestionar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, en aguas sobre las cuales el país reclama soberanía. El anuncio se produjo el 28 de septiembre de 2026 y la agencia EFE confirmó esa decisión el mismo día.

Según la posición oficial argentina, el proyecto Sea Lion formó parte de una política de otorgamiento de licencias hidrocarburíferas aplicada por el Reino Unido en la plataforma sobre la que Argentina sostiene su reclamo de soberanía, lo que motivó una nueva escalada de protestas y acciones legales.

Ultimátum de dos semanas y posible intervención del tribunal del mar

En paralelo al inicio del arbitraje, Argentina intimó al Reino Unido para que detuviera en un plazo de dos semanas la actividad de las petroleras en el área de Malvinas. Las autoridades adelantaron que, si no recibían respuesta satisfactoria en ese lapso, solicitarían medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar de manera urgente las operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion y a otros desarrollos hidrocarburíferos en la zona.

El Gobierno dejó claro que estaba dispuesto a usar todas las herramientas disponibles en el derecho internacional del mar para cuestionar la explotación de recursos naturales en las áreas bajo reclamo argentino en el Atlántico Sur.

Denuncia penal contra petroleras y protesta diplomática

Como parte de la misma estrategia, el Gobierno presentó una denuncia penal contra las empresas Navitas, Eco Atlantic y otras firmas vinculadas con tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas. La presentación se apoyó en la posición de que esas actividades avanzaron sin autorización argentina en una zona que el país considera bajo su soberanía.

La Cancillería, a su vez, elevó una protesta formal ante el Reino Unido por el otorgamiento de licencias hidrocarburíferas en la plataforma marítima que forma parte del reclamo argentino. En esa comunicación advirtió que evaluaba medidas legales adicionales para enfrentar lo que calificó como una profundización de la disputa en torno a los recursos energéticos del Atlántico Sur.

Advertencia de Milei sobre acciones legales internacionales

En este contexto, el presidente Javier Milei advirtió sobre el avance de acciones legales internacionales contra quienes explotaran recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina. Esa señal buscó reforzar hacia afuera y hacia adentro del país que el Gobierno pretendió trasladar la disputa por los hidrocarburos a todos los foros judiciales y arbitrales posibles.

La combinación de arbitraje internacional, intimación con plazo fijo, denuncias penales y notas diplomáticas marcó un giro de máxima tensión en la política del Gobierno frente a la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Nuevo frente con Chile por la autodeterminación de los malvinenses

Mientras avanzaba la ofensiva legal contra el Reino Unido y las empresas petroleras, se abrió además un frente diplomático con Chile. El ministro de Defensa chileno defendió en declaraciones públicas la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas, lo que generó ruido en la relación bilateral y se sumó a las tensiones en torno al futuro del territorio y de los recursos de la zona.

Las diferencias en torno a la cuestión de Malvinas mostraron así una dimensión regional, con posiciones distintas entre Argentina y Chile sobre el peso del principio de autodeterminación de los pueblos en la disputa por las islas y por la explotación de los recursos energéticos circundantes.

Lo que tenés que saber

• Argentina intimó al Reino Unido a frenar en dos semanas la actividad petrolera en Malvinas y anunció que, si no recibía respuesta, pediría medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
• El Gobierno instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar para impugnar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
• Se presentó una denuncia penal en Argentina contra Navitas, Eco Atlantic y otras empresas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas.
• La Cancillería protestó formalmente ante el Reino Unido por el otorgamiento de licencias hidrocarburíferas en la plataforma que Argentina considera parte de su soberanía y anticipó posibles medidas legales adicionales.
• El ministro de Defensa de Chile defendió la autodeterminación de los malvinenses y abrió un nuevo foco de tensión diplomática con Argentina.