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Nazismo libertario en Carajo: propusieron “esterilizar y tirar napalm” sobre el Conurbano

El abogado y conductor libertario Alejandro Sarubbi Benítez lanzó desde el canal de streaming Carajo una serie de «propuestas» para la población del Conurbano bonaerense que incluyeron la esterilización, muros con francotiradores, la expulsión de la provincia del territorio nacional y bombardeos con napalm. Su co-conductora Kalina Ann exhibió una escala cromática de piel y adjudicó «derechos» al tono más claro. El repudio fue generalizado y un sponsor retiró su auspicio.

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El Argentino Diario-Abogado y conductor libertario Alejandro Sarubbi Benítez.
Del odio de clase al nazismo abierto: cómo el streaming libertario normalizó el exterminio como chiste.

Lo que ocurrió este lunes en el canal de streaming libertario Carajo no fue una provocación política más: fue la exhibición más descarnada hasta la fecha de un discurso de odio, racismo y supremacismo blanco en la escena mediática argentina. El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conductor del programa La Trinchera, afirmó que la provincia de Buenos Aires «no tiene salvación» y enumeró una lista de «propuestas» para eliminar o aislar a su población, todo entre carcajadas de sus tres co-conductores.

El segmento comenzó con Sarubbi Benítez afirmando que el Conurbano bonaerense «ya no tiene retorno», al que atribuyó un «problemita cultural y de marginalidad» que vinculó explícitamente a «las cabecitas», término de connotación racista y clasista arraigado históricamente en el discurso de desprecio hacia los sectores trabajadores y las migraciones internas. Desde ese punto, presentó sus «propuestas».

La primera fue «la esterilización», a la que calificó como «la más tibia, la más tranqui». Su co-conductora, identificada como Kalina Ann, intervino con una sonrisa: «Depende del método». La mesa estalló en risas. La referencia a la esterilización forzada como práctica de control poblacional remite directamente a la eugenesia nazi y a los crímenes de lesa humanidad documentados durante el Tercer Reich.

Muro con francotiradores, expulsión y napalm: la escalada del discurso

Sarubbi Benítez continuó con su segunda opción: «Yo cercaría todo el conurbano bonaerense y levantaría un muro de 15 metros de altura con snipers [francotiradores] arriba para que nadie pueda cruzar». Agregó que el criterio para decidir quién podría salir sería «totalmente arbitrario» y basado en «portación de cara»; es decir, el color de piel como determinante de libertad de movimiento.

La tercera propuesta fue directamente «expulsar a la provincia de Buenos Aires del territorio nacional». Y la cuarta, presentada como la de mayor costo presupuestario inicial pero «bastante económica en proporción», fue «todas las mañanas tirar napalm desde aviones», con la aclaración de que se daría «aviso previo» a «las personas que uno considera que hay que salvar». La selección de quiénes merecen salvarse, según el propio conductor, también sería «arbitraria». El co-conductor Francisco Pirovano comparó ese método con los bombardeos de Israel sobre Gaza, y Sarubbi lo avaló. La cuarta integrante del programa, Sofía Drehe, cerró el segmento con una frase que banalizó la violencia: «Los cagones no hacen historia».

La pantonera racial: supremacismo con carcajadas

El momento de mayor crudeza racista lo aportó Kalina Ann. La co-conductora exhibió ante cámara un cartón con una escala cromática de tonos de piel, del beige al marrón oscuro, señaló el color más claro y pronunció una sola palabra: «Derechos». La imagen replica un conocido meme racista originado en la serie animada estadounidense Family Guy, donde un instrumento similar se utiliza para señalar que los tonos de piel más claros son los correctos y los más oscuros, no. La referencia no fue accidental: fue una declaración explícita de supremacismo blanco ante una audiencia en vivo.

Repudio generalizado y primer sponsor que abandona el barco

El fragmento se viralizó en pocas horas y generó un rechazo extendido en el arco político, periodístico y jurídico. El periodista Pablo Duggan calificó la secuencia como «lo más nazi que se haya visto» en la televisión y el streaming argentinos. El exjuez de la Corte Suprema Carlos Rozanski fue más categórico: sostuvo que se trató del «primer hecho en el país de promoción pública de consignas nazis de concentracionismo y exterminio de millones de personas» y advirtió que las expresiones exceden los límites del humor o la provocación política, encuadrándolas como discursos de odio y supremacismo blanco penados por la legislación antidiscriminatoria vigente.

La abogada y analista política Natalia Volosin reprodujo los fragmentos del programa en su espacio mediático y fue directa: «La esterilización y al borde de la eugenesia», afirmó, y explicó el paralelo histórico: «Lo que hicieron los nazis, muchachos, es la eugenesia, las cámaras de gas, aniquilar una población». También reclamó la intervención de la Justicia: «Espero que haya algún fiscal con lo que hay que tener en una república como esta, para hacer respetar la Constitución». Y, dado que Sarubbi Benítez es abogado matriculado, pidió sanciones profesionales: «Le tienen que sacar la matrícula a este señor», en referencia al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

En las redes sociales, usuarios identificaron a los auspiciantes del programa: las empresas Cocos App, SAO Medialunas, Skybroker y Endurance Technologies. La marca SAO Medialunas de Mar del Plata, cuyo logo aparecía exhibido en primer plano sobre la mesa durante la transmisión, ya retiró su auspicio del programa. La empresa optó por el silencio sin emitir declaraciones públicas sobre los motivos.

Carajo: el streaming que normalizó el odio libertario

Carajo es el canal de streaming identificado con el ecosistema mediático libertario, frecuentemente señalado como la versión 2.0 del viejo 6-7-8 oficialista, esta vez al servicio del proyecto de Javier Milei. Sarubbi Benítez, quien en los últimos meses también había protagonizado rispideces internas con la conducción de La Libertad Avanza, consolidó con este episodio un registro discursivo que supera la provocación y se instala en el campo del discurso de exterminio. La escalada no es nueva: el streaming libertario acumula episodios de xenofobia, misoginia y clasismo normalizados en formato de entretenimiento. Este lunes cruzó una línea que las leyes argentinas, incluyendo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, consideran un ilícito punible.

Al cierre de esta edición, no se registraron declaraciones públicas de ningún funcionario del Gobierno nacional ni de dirigentes de La Libertad Avanza en repudio de las expresiones. El silencio oficial ante el discurso nazi explícito de un aliado mediático es, en sí mismo, una toma de posición.

Puntos clave

  • Sarubbi Benítez propuso esterilización, muro con francotiradores, expulsión provincial y bombardeos con napalm sobre el Conurbano bonaerense.
  • Kalina Ann exhibió una pantonera racial y adjudicó «derechos» al tono de piel más claro, en referencia explícita a un meme supremacista.
  • El exjuez Carlos Rozanski calificó el episodio como el primer caso en Argentina de promoción pública de consignas nazis de exterminio masivo.
  • Natalia Volosin pidió la quita de matrícula al abogado Sarubbi Benítez y reclamó intervención fiscal.
  • La marca SAO Medialunas de Mar del Plata retiró su auspicio del programa tras la viralización del video.

Denuncia

Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”

El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Kicillof, a cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina, cuestionó que “la investigación no arrojó ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.

«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.

Un atentado con condenas parciales y una causa trunca

El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.

Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.

«Dos caras de una misma moneda»

La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.

Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».

La pregunta que la Justicia no responde

El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.

En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.

Puntos clave

  • El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
  • El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
  • Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
  • La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
  • La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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