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Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción

La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.

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El Argentino Diario-Sergio Uribarri.

La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.

La condena que llegó hasta la Corte Suprema

El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.

El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado

La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.

Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva

La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.

El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.

Puntos clave

  • La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
  • La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
  • También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
  • La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
  • El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.

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Acusados de la megaestafa Induplack, los L’Abbate recibieron la bendición del Papa en Devoto

Vito y Emanuel L’Abbate estuvieron entre los 74 presos que saludaron a León XIV. Están procesados y esperan juicio oral por una causa con cientos de damnificados y un perjuicio estimado en más de 24 millones de dólares.

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El Argentino Diario-El Papa León XIV en la Cárcel de Devoto.

Entre los presos que el miércoles 11 de noviembre recibieron a León XIV en la cárcel de Villa Devoto estuvieron Vito Antonio L’Abbate y su hijo Emanuel, procesados con prisión preventiva por una de las mayores estafas inmobiliarias de los últimos años. El empresario mayor llegó a estrechar el antebrazo del Papa durante el saludo y la bendición.

La imagen generó sorpresa e indignación entre quienes aseguran que perdieron sus ahorros en las obras de Induplack, según se informó. Los L’Abbate integraron el grupo de 74 internos que, también según se informó, seleccionaron el Servicio Penitenciario Federal y la Pastoral Carcelaria por su conducta, su estudio o su trabajo dentro del penal. Devoto cerró el jueves 12, y se esperaba que los últimos internos fueran trasladados a Marcos Paz.

Lo que dijo el Papa

En su saludo, León XIV habló a los presos de la experiencia del límite y de la posibilidad de un cambio: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”. El texto oficial no menciona a ningún interno en particular.

La causa

El expediente 18025/2020 lo impulsa la fiscal Mónica Cuñarro ante el juzgado de la jueza Paula González. En abril de 2025 fueron procesados con prisión preventiva Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate junto con Patricio Gastón Flores, por asociación ilícita y estafas; en esa resolución, Vito quedó señalado como jefe de la organización. El procesamiento se amplió en diciembre de 2025.

A fines de febrero de 2026 la fiscal pidió elevar la causa a juicio y, a comienzos de marzo, la jueza avaló el pedido: los acusados deberán enfrentar al Tribunal Oral N° 26, en una fecha a definir. Las cifras difieren según el momento y la fuente: el requerimiento de febrero hablaba de 441 hechos de estafa y más de 400 víctimas, y reportes posteriores mencionan 569 hechos y más de 600 damnificados. El perjuicio estimado supera los 24 millones de dólares y los 1.125 millones de pesos.

Cómo operaba, según la acusación

Según la acusación fiscal, el grupo comercializaba unidades de 17 emprendimientos en construcción en la Ciudad a través de Induplack SA, Induplack Fiduciaria y otras sociedades, cobraba anticipos y cuotas y continuó las ventas con obras paralizadas. En algunos casos, según la acusación, la misma unidad se vendió a más de un comprador. La fiscal sostuvo que, desde 2008, los imputados participaron en 23 sociedades y que 14 de ellas se constituyeron a partir de 2019, y que ese entramado permitió desviar dinero sin controles.

El 3 de noviembre, según un dictamen de la fiscal, Cuñarro pidió procesar a otras personas vinculadas con empresas del grupo, por un presunto plan de sobreendeudamiento para proteger el patrimonio frente a los acreedores. La jueza dictó antes la falta de mérito para varios de ellos, y la fiscal insistió.

La respuesta de los acusados

En un escrito de abril de 2025, según un documento de la causa, Vito y Emanuel L’Abbate sostuvieron que en 2018 sufrieron un default de 14 millones de dólares y que vendieron activos de la familia para sostener las obras. Emanuel afirmó que el concurso “nunca fue una alternativa moral porque todos pierden” y que por eso crearon nuevas empresas para continuar las obras. En septiembre de 2026, un grupo inversor ofreció 2.000 millones de pesos para los damnificados a cambio de que desistieran de sus reclamos civiles, comerciales y penales, en una propuesta presentada por la defensa oficial de Vito y Emanuel.

Ninguno de los acusados tiene condena firme: están procesados con prisión preventiva y esperan el juicio oral. La visita papal a Devoto no alteró su situación procesal.

Lo que tenés que saber:

  • Vito y Emanuel L’Abbate estuvieron entre los 74 presos que saludaron a León XIV en Devoto el 11 de noviembre.
  • Están procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y estafas en la causa Induplack, y esperan el juicio oral.
  • A Vito se lo señaló como jefe de la organización en la resolución que lo procesó en abril de 2025.
  • El perjuicio estimado supera los 24 millones de dólares y los 1.125 millones de pesos, con cientos de damnificados; las cifras de hechos y víctimas varían según la fuente.
  • En septiembre de 2026, un grupo inversor ofreció 2.000 millones de pesos a los damnificados a cambio de que desistieran de sus reclamos.
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