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Judiciales ⚖️

Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción

La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.

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El Argentino Diario-Sergio Uribarri.

La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.

La condena que llegó hasta la Corte Suprema

El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.

El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado

La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.

Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva

La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.

El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.

Puntos clave

  • La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
  • La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
  • También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
  • La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
  • El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.

Investigación 🔎

Causa Andis: sobreprecios de alrededor de 2.000% y prótesis nunca entregada

Informes remitidos a la Justicia detectaron una prótesis facturada como entregada sin haber llegado al paciente, facturas duplicadas y diferencias de precios de hasta 1972% frente a compras del PAMI.

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De la prótesis fantasma a las facturas duplicadas: el detalle de las irregularidades en la ex Andis.

Un paciente de Río Negro que había perdido una extremidad esperó una prótesis que, según la documentación oficial, ya le había sido entregada. La realidad fue otra: el elemento nunca llegó a sus manos, pese a que existía un remito firmado por su madre. Informes técnicos remitidos a la Justicia sobre las compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) reconstruyeron ese caso entre una lista más amplia de presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos.

Los documentos fueron enviados a la Justicia por el Ministerio de Salud y por el interventor de la ex Andis, Alejandro Vilches, en el marco de la causa judicial que investiga posibles irregularidades en el sistema de compras del organismo. El material incluye comparaciones de precios contra otras entidades públicas que muestran diferencias de hasta el 1972%.

La prótesis que figuraba entregada pero nunca llegó

El caso del paciente rionegrino, que había sufrido una amputación, fue uno de los que más llamó la atención de los investigadores. Según el reporte, existía un remito firmado por la madre del beneficiario que daba cuenta de la entrega del elemento ortopédico. Pero al consultar directamente a los familiares se estableció que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas, y que la prótesis en verdad nunca fue recibida.

Un desfasaje de $158.717 millones y sobreprecios de hasta 1972%

Entre los ejemplos que constan en los informes figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a la firma Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones. Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar, mientras que en implantes cocleares el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, muy por encima de las referencias de mercado. En conjunto, los informes técnicos detectaron un desfasaje de $158.717 millones entre lo pagado por la ex Andis y los valores de referencia relevados.

Facturas duplicadas y productos importados con sobreprecios de hasta 1000%

Los documentos también consignaron una factura de la empresa Indecomm que habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada una, y una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador. A eso se suman presuntos errores de categorización en las adquisiciones y la compra de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales disponibles en el mercado.

El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el esquema de compras de la ex Andis, en el marco de una causa que ya alcanzó a distintos funcionarios y proveedores del organismo durante la gestión libertaria.

Lo que tenés que saber:

  • Un paciente de Río Negro amputado nunca recibió la prótesis que figuraba entregada en la documentación oficial de la ex Andis.
  • Los informes técnicos detectaron un desfasaje de $158.717 millones entre lo pagado y los valores de referencia.
  • Se registraron diferencias de precios de hasta el 1972% frente a compras realizadas por otros organismos públicos.
  • Una factura de Indecomm habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada una.
  • Se detectaron sobreprecios de entre 300% y 1000% en productos importados frente a alternativas nacionales.
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