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Denuncia

Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”

El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Kicillof, a cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina, cuestionó que “la investigación no arrojó ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.

«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.

Un atentado con condenas parciales y una causa trunca

El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.

Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.

«Dos caras de una misma moneda»

La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.

Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».

La pregunta que la Justicia no responde

El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.

En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.

Puntos clave

  • El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
  • El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
  • Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
  • La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
  • La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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