El 1° de septiembre de 2022, un hombre apuntó una pistola cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y gatilló. El arma no disparó. Cuatro años después de ese instante, más de veinte partidos políticos de distinto signo ideológico suscribieron un comunicado conjunto que rechaza cualquier lectura que reduzca aquel hecho a un episodio aislado. El documento, firmado entre otras fuerzas por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Encuentro Republicano Federal, La Cámpora, el Partido Comunista, Libres del Sur y el Frente Amplio por la Democracia, sostiene que «la Argentina asistió durante años a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas y distintas formas de violencia política» dirigidas de manera particularmente intensa contra la exmandataria.

El acto central del cuarto aniversario se realizó en San José 1111, el domicilio de Constitución donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La elección del lugar no fue casual: la movilización convergió dos demandas que el kirchnerismo y sectores más amplios del campo popular sostienen en paralelo, el esclarecimiento pleno del atentado, incluidos los autores intelectuales e instigadores, y la denuncia de la persecución judicial contra la expresidenta. Agrupaciones kirchneristas también firmaron un documento propio con ese eje.

El comunicado multipartidario: el odio como sistema

El texto firmado por el arco de partidos que va del PJ al radicalismo alfonsinista, de la izquierda popular a sectores del republicanismo federal, traza una línea directa entre el clima político previo al atentado y el hecho en sí. El documento señala que la denominada «antipolítica» no fue un fenómeno espontáneo, sino construido y alimentado por sectores del poder económico concentrado y amplificado a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En ese marco, el comunicado ubica al lawfare, definido como la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir o excluir dirigentes de la competencia democrática, como parte de la misma lógica que preparó el terreno para la violencia.

«Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción, cuando el dirigente político es convertido en enemigo, cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada, cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad, cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse», advierte el documento. El texto concluye con una afirmación que sus firmantes presentan como una regla mínima del sistema democrático: al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos; nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Entre las firmas figuran José Mayans por el Partido Justicialista, Diego Giuliano y Sergio Massa por el Frente Renovador, Miguel Ángel Pichetto por el Encuentro Republicano Federal, Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro, Juan Grabois por Patria Grande, Ricardo Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia, Federico Storani por el Radicalismo Auténtico, Carlos Heller por el Partido Solidario, Claudio Lozano por Unidad Popular, Leopoldo Moreau por el Movimiento Nacional Alfonsinista y Jorge Kreyness por el Partido Comunista, entre otros.

La causa judicial: condenas parciales y la pregunta que sigue abierta

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando André Sabag Montiel a diez años de prisión como autor del intento de homicidio y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Por unificación con condenas anteriores, las penas quedaron en catorce años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte, ambos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al debate, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal y reclamaron elevar las penas a quince años para Sabag Montiel y catorce para Uliarte.

Sin embargo, la pregunta que más tensión acumula en el campo político sigue sin respuesta judicial: quiénes son los autores intelectuales, quiénes financiaron el atentado y cuál fue el entramado que lo hizo posible. Las agrupaciones kirchneristas que difundieron su propio documento en el acto del martes pusieron el eje precisamente en esa zona de impunidad, denunciando los vínculos políticos y financieros del hecho que la justicia aún no investigó con profundidad.

Democracia, memoria y el presente de la proscripción

El comunicado multipartidario adquiere una dimensión adicional en el contexto político del 1° de septiembre de 2026: Cristina Fernández de Kirchner no solo sobrevivió al atentado sino que cumple hoy prisión domiciliaria por una condena que sus seguidores y buena parte del arco firmante del documento califican como la expresión más acabada del lawfare. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos la excluye formalmente de la disputa electoral de 2027. El comunicado señala esa continuidad con precisión: «existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física». Para los firmantes, esa frontera estuvo a centímetros de ser cruzada definitivamente el 1° de septiembre de 2022.

El texto también interpela más allá del kirchnerismo. Sostiene que este aniversario no convoca exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos convocados recuerdan además que esta reflexión se produce en los años del cincuenta aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, subrayando que si bien los contextos históricos son profundamente diferentes, la regla de convivencia democrática recuperada en 1983 permanece como el único marco legítimo para tramitar las diferencias políticas.

Puntos clave

• El 1° de septiembre se cumplieron cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido cuando ejercía la Vicepresidencia de la Nación.
• Más de veinte partidos políticos firmaron un comunicado que señala al discurso de odio y al lawfare como condiciones que hicieron posible el atentado.
• La movilización en San José 1111 confluyó la demanda de esclarecimiento del atentado con la denuncia de la persecución judicial contra la expresidenta.
• Sabag Montiel y Uliarte fueron condenados en octubre de 2025; la autoría intelectual y el financiamiento del ataque permanecen sin investigación judicial concreta.
• El comunicado multipartidario convoca al conjunto del sistema democrático y no solo al peronismo, reivindicando que al adversario político se lo enfrenta con ideas y votos, nunca con violencia.