Sin los votos para prorrogar la emergencia en discapacidad, Unión por la Patria giró el mismo día de la sesión y se sumó al proyecto del oficialismo que reemplaza esa ley por un régimen permanente. El cambio de rumbo quedó expuesto en el recinto de Diputados, donde el peronismo lo defendió como el único camino posible para mejorar un texto que consideraba insuficiente.

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social, afirmó que con el aporte de la oposición se logró “corregir” el dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, que según su lectura “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales” de las personas con discapacidad. El texto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, fue acordado por el oficialismo con el bloque Argentina Federal, que preside Oscar Herrera Ahuad.

Los cambios que la oposición dice haber logrado

Tolosa Paz detalló que se garantizó la cobertura médica de Incluir Salud no solo para titulares de pensiones por discapacidad sino también para quienes cobran pensiones por invalidez laboral, y que se protegió la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y las asignaciones familiares. Agregó que se fijaron requisitos claros de acceso, se defendió la compatibilidad con el trabajo formal, se reforzó el financiamiento y la participación de las provincias, y se incorporaron garantías contra bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución. También mencionó respuestas para los prestadores, que según planteó “llevan meses esperando cobrar por su trabajo”.

Para la legisladora, “la votación es un paso fundamental”, pero la tarea que sigue es “seguir peleando para garantizar el presupuesto”. La frase con la que cerró su intervención expone el punto débil de todo el esquema: “ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica”.

Qué establece el dictamen de mayoría

El dictamen toma casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793 pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad. Pasa a ser una norma de orden público, con efectos permanentes que exceden a los gobiernos de turno. Se mantiene la compatibilidad entre la pensión por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Se conserva el nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC) y se garantiza la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión.

En materia de financiamiento, el texto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora, a pedido de aliados, una cláusula transitoria que exige un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Un giro con explicación y con reparos

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, impulsor del proyecto de prórroga de la emergencia, confirmó que el bloque aceptó adherir al texto oficialista porque “no íbamos a tener los votos necesarios”. Relató que la decisión se tomó tras conversar con las organizaciones de y para personas con discapacidad, que les plantearon discutir un dictamen que contemplara “mejoras y no regresiones”. Una de esas mejoras, según destacó, es el plazo de 160 días para que quienes reciban observaciones en una auditoría puedan hacer su descargo antes de que se les suspenda la pensión.

Marino advirtió que el problema de fondo persiste: “para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley”. Aportó datos concretos: hay 324.303 personas que esperan que el Poder Ejecutivo resuelva su pedido de pensión y solo a 8.000 les dieron el alta; el presupuesto incluye un recorte del 13,9% para Incluir Salud; y los centros de día están cerrando porque no se hacen los estudios de costos que establece la ley de emergencia. Recordó además que en el proyecto original de Presupuesto 2027 los ministros Diego Santilli y Luis Caputo planteaban eliminar el nomenclador y la cobertura de salud, algo que calificó como “un ataque en toda la línea” a los derechos de las personas con discapacidad.

Sobre el contenido del nuevo texto, el legislador fue directo: “lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia”. Dicho de otro modo, la discusión real ya no es qué dice la ley, sino si el Ejecutivo la cumple.

La defensa del oficialismo y una contradicción a la vista

El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y se preguntó si la política puede “seguir legislando emergencias una tras otra, en lugar de pensar políticas permanentes”. Aseguró que recibieron un sistema “que no rompimos nosotros” y cerró su exposición con una definición ideológica: “Esto también es libertad”.

El mismo Gobierno que ahora promete permanencia es el que vetó la ley de emergencia que había sancionado el Congreso. Diputados rechazó ese veto el 20 de agosto de 2025, con 172 votos contra 73. Marino recordó que el sector logró en su momento la sanción de la ley, luego voltear el veto y además obtener fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo a cumplirla, y que todavía hoy las organizaciones siguen luchando para que se cumpla.

El antecedente inmediato también pesa. En septiembre, el oficialismo respondió al reclamo del sector con un proyecto alternativo que dejaba de lado la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, el eje de la iniciativa de Marino, que había reunido 36 firmas. La sesión de este miércoles terminó de ordenar el mapa: los bloques mayoritarios, con el oficialismo como articulador, se encaminaron a una mayoría muy amplia.

Las voces que no acompañaron

La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá, del Partido Obrero, anticipó que su bancada no votará el dictamen porque no cree “en esta concordia y en esta concertación”. Con ironía, advirtió que no cree en los reyes magos y que el Gobierno “seguramente algunas cosas va a cumplir y otras no”. Sostuvo además que hay cuestiones que se están acomodando en el marco de la visita del Papa, pero que la Iglesia no va a resolver las cosas.

También se desmarcó la diputada de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota, quien ratificó que no acompañará con su voto el proyecto y planteó una moción de orden para que vuelva a comisiones, de modo que las organizaciones con discapacidad puedan ser parte de la discusión. Sostuvo que no hay garantía de que el presupuesto sea modificado y que lo que hubo en estos años fue maltrato. Explicó que las organizaciones de Córdoba le pidieron avanzar con la prórroga de la ley de emergencia y cuestionó a quienes, desde la oposición, justificaron su apoyo al texto oficialista por considerarlo la ley posible ante la falta de votos.

Lo que tenés que saber

• Unión por la Patria aceptó adherir al dictamen oficialista porque, según Juan Marino, no tenía los votos para prorrogar la emergencia.
• El texto quita el carácter de emergencia y fija una norma permanente, con un piso presupuestario no inferior en términos reales al del año anterior.
• Tolosa Paz informó que se incorporó la cobertura de Incluir Salud para pensiones por invalidez laboral y la compatibilidad con asignaciones familiares.
• Marino denunció que 324.303 personas esperan respuesta a su pedido de pensión y un recorte del 13,9% para Incluir Salud en el Presupuesto.
• Del Plá y De la Sota no acompañaron el proyecto; De la Sota pidió que vuelva a comisiones.