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Venden una calle pública de Morón a precio vil para beneficiar a una empresa privada

Un vecino y reconocido abogado presentó una denuncia penal contra el intendente Lucas Ghi y funcionarios municipales por la posible venta de la calle Donato Álvarez a la empresa textil ENOD S.A. a un precio presuntamente irrisorio, sin estudios de impacto vial ni garantías para la comunidad.

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El Argentino Diario-Lucas Ghi-Javier Baños.
La denuncia de Javier Baños: una calle pública que Ghi quiere regalar, una empresa textil, reuniones reservadas y una tasación que no cierra.

El reconocido abogado y vecino del partido de Morón, Javier Ignacio Baños, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la desafectación del uso público y venta a un particular del tramo de la calle General Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del Expediente N° 86977/25 H.C.D. y el Expediente N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo Municipal. La operación, que está siendo evaluada por el Honorable Concejo Deliberante de Morón, beneficiaría a la empresa textil ENOD S.A., que pretende adquirir esa arteria pública para unir físicamente dos establecimientos industriales linderos y ampliar su planta de producción.

La calle que Ghi quiere vender

La calle en cuestión se encuentra en una zona particularmente sensible del distrito, próxima a la barrera de Pueyrredón, uno de los pasos ferroviarios de mayor flujo vehicular de Morón. Según la denuncia, esa arteria cumple una función esencial como vía de escape y descompresión ante cortes ferroviarios, accidentes, emergencias médicas e inundaciones. De concretarse la desafectación, ambulancias, bomberos y patrulleros perderían una salida crítica en el sector.

El Director de Catastro del Municipio, Arq. Guillermo Baraglia, reconoció durante la audiencia pública celebrada en el Concejo Deliberante que el expediente no incluía un estudio de impacto ambiental y que los únicos informes obrantes provenían de dependencias del propio Departamento Ejecutivo, particularmente de las áreas de Transporte, Catastro y la Unidad de Gestión Comunitaria N° 1. Esa omisión es uno de los ejes centrales de la denuncia penal: no existe ningún estudio técnico serio, independiente e interdisciplinario que avale la eliminación de una calle pública cercana a un paso ferroviario de alto tránsito.

El precio que escandaliza

La tasación preliminar del bien habría sido fijada aproximadamente en 160 dólares por metro cuadrado, elaborada por el Colegio de Martilleros de Morón ante la ausencia de nomenclatura catastral de la arteria, lo que inicialmente impidió la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, durante la audiencia pública se señaló que el valor real de la zona podría rondar los 2.000 dólares por metro cuadrado, una diferencia de más de doce veces que, de comprobarse, configuraría un posible defalco millonario contra el patrimonio municipal.

El propio Baraglia reconoció que ese valor no sería definitivo sino preliminar, lo que agrava la situación: se estaría impulsando la desafectación de un bien de uso público sobre la base de una tasación discutida, anterior, no definitiva y posiblemente muy por debajo del valor real de mercado. La denuncia apunta, además, a que el perjuicio público no se limita al precio de venta sino a la pérdida irreversible de una vía de circulación, el beneficio patrimonial directo para la empresa y la eliminación de un bien comunitario que no puede ser restituido una vez escriturado.

Promesas empresariales sin respaldo jurídico

El representante de ENOD S.A., Jorge Leone, presentado como gerente de relaciones institucionales de la firma, argumentó durante la audiencia pública que la empresa lleva más de treinta años radicada en Morón, que la adquisición permitiría una inversión aproximada de diez millones de dólares y que generaría entre 80 y 100 puestos de trabajo adicionales. Sin embargo, el propio Departamento Ejecutivo admitió que el proyecto de ordenanza evaluó solamente la parte técnica de la transferencia, pero no incorporó los compromisos de inversión y empleo como obligaciones exigibles ni previó garantías, cauciones, cláusulas penales ni controles posteriores de cumplimiento.

Ante la pregunta concreta de si el Municipio tendría forma de anular la venta en caso de incumplimiento de las promesas empresariales, la respuesta oficial fue que esas cuestiones no fueron evaluadas. La entrega de un bien público fundada en promesas no incorporadas como obligaciones jurídicas exigibles es, según la denuncia, uno de los elementos que podría configurar administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El corredor peligroso y el riesgo de seguridad pública

La denuncia describe con precisión la configuración urbana que generaría el cierre de Donato Álvarez: un extenso corredor con paredones industriales de un lado y la traza ferroviaria del otro, sin comercios, sin ventanas, sin vecinos a la vista y con severas limitaciones de escape, especialmente de noche. Esa configuración, advierten los denunciantes, incrementa el riesgo de robos, agresiones, persecuciones y situaciones de inseguridad, y podría transformar el sector en una zona propicia para la comisión de delitos.

Durante la audiencia, concejales del Honorable Concejo Deliberante plantearon explícitamente su preocupación por el paso de vehículos de emergencia y señalaron la necesidad de contar con estudios técnicos antes de tomar una decisión de esa magnitud. La respuesta del Ejecutivo fue que, con lo obrante en el expediente, los funcionarios consideraban suficiente la información disponible.

Reuniones con el intendente y posible connivencia

Uno de los datos más relevantes surgió de la propia audiencia pública. Ante una pregunta del concejal Diego Spina sobre qué gestiones había realizado la empresa y con quiénes, el representante de ENOD S.A. reconoció que las gestiones para adquirir la calle fueron encaradas directamente con el intendente Lucas Ghi, con Santiago Muñiz y con el arquitecto Pablo Itzcovich, y que también habrían participado representantes sindicales y delegados de fábrica. La denuncia solicita que se investigue cuándo se realizaron esas reuniones, qué se conversó, qué compromisos se asumieron y si existieron promesas, contraprestaciones o tratos diferenciales que pudieran configurar negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Abandono ambiental y veredas deterioradas

La denuncia incorpora también el historial ambiental y urbano de los establecimientos de ENOD S.A. Según consta en la presentación ante el Concejo Deliberante, los predios de la empresa presentan desde hace años veredas deterioradas, paredes y fachadas sin mantenimiento, acumulación de maderas, pallets, desperdicios y residuos en la vía pública, y dispersión de fibras provenientes aparentemente de la actividad industrial hacia viviendas linderas. Durante la audiencia, una concejala sostuvo haber concurrido al lugar y haber comprobado la acumulación de basura, mientras representantes de la empresa negaron ser responsables y atribuyeron parte de los residuos a terceros. La denuncia apunta a que resulta inadmisible premiar con la entrega de una calle pública a empresas que habrían contribuido a degradar el espacio urbano.

Qué se investiga y a quiénes

La denuncia penal presentada por Baños se dirige potencialmente contra el intendente Lucas Hernán Ghi, los funcionarios del Departamento Ejecutivo que intervinieron en el expediente, los representantes y beneficiarios de ENOD S.A. y las sociedades vinculadas, incluyendo a CILDA S.A. y Australtex S.A. También alcanza a los concejales que, con conocimiento de los riesgos advertidos, voten favorablemente la desafectación. Los delitos que podrían configurarse incluyen, en forma provisoria, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.

Entre las medidas de prueba solicitadas, el denunciante pide una tasación judicial independiente, pericias contables y ambientales, la remisión completa de los expedientes administrativos y legislativos, declaraciones testimoniales de funcionarios y representantes de la empresa, y el análisis de comunicaciones entre funcionarios municipales y directivos de ENOD S.A. También solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se consume mientras dura la investigación.

Puntos clave

  • La tasación preliminar de la calle fijó el metro cuadrado en 160 dólares, frente a un valor de zona estimado en 2.000 dólares.
  • El expediente no incluye estudios de impacto ambiental, vial ni de seguridad pública independientes.
  • Los compromisos de inversión y empleo de ENOD S.A. no están incorporados como obligaciones exigibles en el proyecto de ordenanza.
  • El representante de la empresa reconoció haber gestionado la compra directamente con el intendente Lucas Ghi y dos funcionarios del Ejecutivo.
  • La denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se concrete mientras avanza la investigación penal.

Investigación 🔎

Un forense dice que Epstein fue asesinado, pero Nueva York sostiene el suicidio

Tres especialistas que revisaron el expediente de la autopsia plantean que las lesiones son compatibles con un estrangulamiento por la espalda y con una lucha. La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene el dictamen de suicidio y el informe aún no pasó una revisión académica.

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Jeffrey Epstein en una imagen de archivo

Un equipo de especialistas sostiene que Jeffrey Epstein fue estrangulado por un tercero y no se ahorcó, pero la versión oficial de suicidio sigue vigente. Los tres presentaron sus conclusiones el lunes 16 de noviembre en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres, tras revisar autopsias y fotografías que nunca se habían hecho públicas.

El trabajo lo firmaron Michael Freeman, profesor de medicina forense y editor en jefe del Journal of Forensic and Legal Medicine; Anders Eriksson, profesor de medicina forense en la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, investigador especializado en sesgos en las decisiones forenses. La charla estaba prevista en University College London, pero la institución la canceló un día antes por razones vinculadas al bienestar de sus estudiantes y se trasladó a Middle Temple.

Lo que plantea el informe

Freeman recibió el material del hermano de Epstein, Mark, y lo analizó durante meses con modelos tridimensionales de la ligadura. Su conclusión es que Epstein fue muy probablemente atacado por la espalda con una ligadura de tela anudada y que las lesiones indican una lucha previa. También cuestionó que no se analizaran las uñas de Epstein en busca de ADN.

El propio Freeman reconoció que queda sin resolver quién lo hizo y cómo. Según contó, el informe fue rechazado por un revisor de una revista académica y planea volver a enviarlo, de modo que todavía no pasó una evaluación entre pares.

La versión oficial

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York hizo la autopsia el 11 de agosto de 2019, un día después de que Epstein fuera hallado muerto, y dictaminó suicidio. Su portavoz indicó que la oficina mantiene esa determinación. La médica que realizó la autopsia, Kristin Roman, declaró ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que las lesiones eran compatibles con un ahorcamiento y que no había heridas defensivas.

No es la primera voz que duda del dictamen. El patólogo Michael Baden, contratado por la familia, planteó en 2019 que las fracturas del cuello eran más compatibles con una estrangulación. Sin embargo, según una investigación periodística publicada en junio por un diario estadounidense, casi ningún especialista consultado creía que la forma de muerte pudiera establecerse de manera concluyente solo con la evidencia médica.

Un caso lleno de fallas

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El inspector general del Departamento de Justicia atribuyó el suicidio a una combinación de negligencia y mala conducta del personal. Epstein estaba solo, aunque el área de psicología había advertido que necesitaba compañero de celda, y casi ninguna cámara de la unidad grababa por una falla mecánica; la renovación del sistema se había contratado tres años antes y no estaba terminada.

Los dos guardias asignados esa noche admitieron haber falsificado registros y evitaron la cárcel en un acuerdo con la Justicia. Dos semanas antes, Epstein había estado 31 horas bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras un episodio que dejó su cuello con marcas. Según la revisión de Freeman, tampoco se tomaron fotografías del cuerpo en el lugar y la ligadura no fue preservada ni examinada. El inspector general no halló evidencia que contradijera la conclusión del FBI sobre la ausencia de un delito.

La acusación que enfrentaba

Epstein esperaba juicio por tráfico sexual de menores. La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, difundida en julio de 2019, describió que entre 2002 y 2005 abusó de decenas de chicas menores de edad en sus casas de Manhattan y Palm Beach, a quienes pagaba cientos de dólares en efectivo; según los registros judiciales, algunas tenían 14 años.

Lo que tenés que saber

  • Freeman, Eriksson y Dror presentaron el lunes 16 de noviembre en Londres un informe que plantea un homicidio por estrangulamiento.
  • El material fue entregado por el hermano de Epstein y el informe aún no pasó una revisión académica.
  • La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene que fue un suicidio.
  • El inspector general del Departamento de Justicia halló negligencia, cámaras que no grababan y registros falsificados, pero no evidencia de un delito.
  • Epstein esperaba juicio por tráfico sexual de menores entre 2002 y 2005.
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