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Córdoba

Piden detener a la madre y la hermana de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

Los abogados del padre de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba solicitaron los arrestos de dos familiares del principal imputado, bajo la sospecha de que pudieron haber limpiado la escena del crimen antes del allanamiento del 27 de mayo. La causa ya tiene cuatro detenidos.

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La causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en el barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba, sumó un nuevo frente judicial. Los abogados de Gabriel Vega, padre de la víctima, solicitaron la detención de la madre y la hermana de Claudio Barrelier, el hombre que permanece detenido como principal acusado del crimen, imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

El argumento: limpieza de la escena del crimen

La letrada Fernanda Alaniz, una de las representantes de Gabriel Vega, confirmó la solicitud de detención y precisó sus fundamentos. «Es por el ingreso y permanencia luego del femicidio, antes del allanamiento que hubo el miércoles 27 de mayo. Sospecho que pudieron haber limpiado la escena del crimen», declaró. En esa jornada, cuando aún se desarrollaba la búsqueda activa de la menor, las autoridades realizaron una primera inspección del domicilio de Barrelier ubicado en el barrio Cofico. La hipótesis de la defensa apunta a que el ingreso de ambas mujeres al inmueble entre el momento del crimen y el allanamiento pudo haber alterado evidencias clave.

Ahora corresponde al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, determinar si acompaña o no los pedidos de detención formulados por la abogada querellante. La resolución de Garzón será determinante para definir si la investigación se amplía hacia el entorno familiar del principal imputado.

Cuatro detenidos y una causa en expansión

La causa acumula cuatro personas detenidas. Además de Barrelier, permanece arrestada su pareja, Marianela Palmero; Soledad Andreani, la mujer que le prestó su auto Ford Ka al presunto autor material después del crimen; y Osvaldo Fassetta, un hombre que convivió con el imputado. Los tres últimos están acusados del delito de encubrimiento agravado.

El último avance procesal en la causa se registró el 23 de julio, cuando los investigadores volvieron a inspeccionar la propiedad de Barrelier con el objetivo de reconstruir visualmente la disposición del lugar y determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo participación directa en el hecho. Con anterioridad, la Justicia estableció que Barrelier era empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto.

La reconstrucción de los hechos

Según la reconstrucción del caso, Agostina abandonó el hogar familiar la noche del 23 de mayo para encontrarse con el principal imputado en el barrio Cofico. La hipótesis central indica que la adolescente abordó un remís desde el barrio General Mosconi hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue vista junto a Barrelier cerca de las 22:30. El testimonio del conductor del remís resultó clave para la Fiscalía: declaró que Agostina le contó que iba a encontrarse con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido pareja del imputado.

Barrelier, por su parte, declaró ante la Justicia que solo se reunió con la menor para entregarle dinero para un viaje y que, tras caminar un par de cuadras por Cofico, la adolescente se subió a un Volkswagen Gol rojo para dirigirse a lo de un conocido. Sin embargo, las cámaras de seguridad del sector no registraron en ningún momento el paso del vehículo señalado por el acusado, lo que contradice de manera directa su versión y reforzó la sospecha en su contra. El fiscal Garzón ya agravó su imputación a homicidio triplemente calificado, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

  • La defensa del padre de Agostina Vega solicitó la detención de la madre y la hermana de Barrelier por sospecha de encubrimiento y alteración de la escena del crimen.
  • La abogada Fernanda Alaniz señaló el período entre el crimen y el allanamiento del 27 de mayo como el momento clave de la presunta intervención.
  • El fiscal Raúl Garzón debe resolver si acompaña los pedidos de detención.
  • La causa ya registra cuatro detenidos: Barrelier por femicidio, y Palmero, Andreani y Fassetta por encubrimiento agravado.
  • Las cámaras de seguridad contradicen la versión del principal imputado sobre el paradero de la víctima en la noche del crimen.

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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