El gobierno de Donald Trump revocó este martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en una escalada diplomática sin precedentes entre los dos países. El Departamento de Estado confirmó la medida y la calificó como una «acción recíproca» ante la demora del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en otorgar el beneplácito (agrément) a Daniel Pérez, el legislador republicano por Florida nominado por Trump el 1 de junio para encabezar la embajada estadounidense en Brasilia.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que dialogó con periodistas bajo condición de anonimato, precisó que la revocación del visado no implica la expulsión de la diplomática brasileña. «No es lo mismo que expulsar a la persona del país. Significa que puede permanecer aquí pero sin visa», explicó la fuente, y agregó que el documento migratorio «será restablecido si Brasil otorga el beneplácito a nuestro embajador designado». Washington también advirtió que no descarta adoptar nuevas medidas si las restricciones impuestas a sus diplomáticos persisten.

La chispa: un protocolo ignorado y una demora calculada

El origen del conflicto tiene una dimensión protocolar que Brasilia no pasó por alto. La nominación de Daniel Pérez, aliado cercano del secretario de Estado Marco Rubio, se anunció públicamente el 1 de junio antes de que Washington solicitara formalmente la aprobación de Brasil, un paso previo consagrado por la Convención de Viena. Funcionarios brasileños consultados por Reuters calificaron esa omisión como «una falta de respeto y una violación del protocolo diplomático establecido». El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se negó a hacer comentarios públicos, amparándose en el «principio de confidencialidad» de la Convención de Viena.

El gobierno de Lula viene demorando deliberadamente la aprobación de Pérez, y fuentes brasileñas admitieron que el beneplácito probablemente no se otorgará antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en las que el propio Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Para el gobierno brasileño, el perfil político de Pérez (republicano de Florida, con vínculos directos con el entorno de Rubio) es en sí mismo una señal de injerencia en sus asuntos internos.

Una crisis acumulada: aranceles, espionaje electoral y visas denegadas

La revocación de la visa no es un episodio aislado, sino el punto más visible de una acumulación sistemática de fricciones que viene deteriorando la relación bilateral desde mediados de 2025. En julio de 2026, la administración Trump impuso aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones brasileñas, medida que entró en vigor el 22 de julio, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que concluyó que Brasil incurre en prácticas comerciales «injustas». El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: «El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos». El gobierno brasileño respondió rechazando los aranceles, calificó el 15 de julio como un «hito lamentable» en la historia bilateral y activó una ley de reciprocidad aprobada el año anterior.

A eso se sumó en mayo de 2026 la clasificación de las facciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas por parte de Washington, una medida que Lula rechazó públicamente. Y en el antecedente más reciente que precedió a la revocación de la visa, Brasil negó el ingreso a dos diplomáticos del Departamento de Estado, el subsecretario adjunto Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson, quienes según The Washington Post planeaban visitar el país para cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño antes de los comicios de octubre.

La sombra de Bolsonaro y la interferencia electoral

El trasfondo político de este choque tiene una dimensión electoral imposible de ignorar. La designación de un aliado de Rubio para encabezar la embajada en Brasilia, la clasificación de organizaciones criminales como terroristas, los aranceles punitivos y ahora la presión sobre la diplomática brasileña en Washington se producen a menos de tres meses de unas elecciones en las que el propio Lula competirá. El gobierno de Lula acusó directamente a la familia Bolsonaro de colaborar con Washington para promover medidas adversas contra Brasil. «Son falsos patriotas que diseñaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales», señaló la Presidencia brasileña en un comunicado oficial.

La situación configura un escenario de presión externa sobre un proceso electoral soberano, con Washington aplicando herramientas de política exterior, arancelaria y diplomática que inciden directamente en el clima político interno brasileño. Una dinámica que, desde la perspectiva de los derechos de autodeterminación de los pueblos, resulta inaceptable.

¿Qué sigue?

El funcionario estadounidense que informó sobre la revocación de la visa dejó la puerta abierta, pero con condiciones: la visa de Viotti «sería restablecida si se restablece el equilibrio otorgando el agrément a nuestro candidato para la embajada». La embajadora, que ocupa el cargo desde 2023, puede permanecer en territorio estadounidense sin ese documento, aunque en una situación de vulnerabilidad jurídica inédita para una diplomática de su rango.

Washington no descartó escalar aún más: el mismo funcionario advirtió que «podrían adoptarse nuevas medidas recíprocas» si Brasil no cede. Con las elecciones presidenciales brasileñas a la vuelta de la esquina y Lula apostando a la soberanía nacional como eje de campaña, la probabilidad de una distensión a corto plazo es baja. La relación entre las dos mayores democracias del continente americano atraviesa su momento más tenso en décadas.

Puntos clave

• Trump revocó la visa de la embajadora brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti como represalia por la demora en aprobar al candidato Daniel Pérez para la embajada en Brasilia.
• Washington aplicó aranceles del 25% a importaciones brasileñas desde el 22 de julio, tras una investigación por prácticas comerciales consideradas desleales.
• Brasil denegó visas a dos diplomáticos del Departamento de Estado que planeaban cuestionar el sistema electoral antes de las elecciones de octubre.
• El gobierno de Lula acusa a la familia Bolsonaro de colaborar con Washington para impulsar medidas adversas contra Brasil con fines electorales.
• El Departamento de Estado advirtió que no descarta nuevas medidas si el conflicto diplomático no se resuelve.