Los fideicomisos estatales tienen una característica que los distingue del presupuesto general: sus fondos están afectados por ley a fines específicos. No son recursos de libre disponibilidad del Ejecutivo. Sin embargo, el análisis de los balances contables y las planillas presupuestarias de la administración Milei revela que el Gobierno subejecutó sistemáticamente esas partidas y derivó los excedentes hacia instrumentos de deuda del Tesoro, en lo que constituye una operación de ingeniería fiscal orientada a sostener la meta de déficit cero.

Según datos de informes de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, el superávit financiero de los fondos fiduciarios en actividad alcanzó los $1,86 billones durante 2024 y los $1,23 billones en 2025, equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, calculados al tipo de cambio oficial promedio de cada período.

La subejecución como política deliberada

Los números de ejecución son elocuentes: los fondos fiduciarios ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y el 69,7% durante el primer trimestre de este año. Es decir que, en promedio, entre tres y cuatro de cada diez pesos recaudados por estos fideicomisos no llegaron a su destino legal sino que fueron absorbidos por las finanzas del Tesoro.

El mecanismo evolucionó con el tiempo. En una primera etapa, los activos no ejecutados se depositaron en plazos fijos del Banco Nación. Luego, el Ministerio de Economía cambió de estrategia y los redirigió hacia la compra directa de bonos, letras y títulos públicos del Tesoro. Para el ejercicio en curso, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones en esos instrumentos alcanzarán los $1,33 billones, lo que equivale a aproximadamente US$ 880 millones adicionales a disposición del Ministerio. Al ritmo actual, las proyecciones privadas y de centros de estudio estiman que la acumulación de excedentes fiduciarios rozará los US$ 4.000 millones al cabo de tres años de gobierno.

Barrios populares y rutas: los que pagan el ajuste

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, el impacto más brutal de la subejecución se concentró en los más vulnerables. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado para financiar infraestructura básica en barrios populares, vio reducidas sus transferencias en un 94%. La consecuencia directa fue la parálisis de 636 proyectos de vivienda, cloacas, agua potable y espacios comunitarios en todo el país.

La misma lógica rige para el Sistema de Infraestructura del Transporte y el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos aplicados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento hídrico. Este patrón es consistente con lo que este medio documentó en coberturas anteriores: el caso del impuesto a los combustibles líquidos reveló que más de $1 billón recaudado en dos años y medio fue volcado a instrumentos financieros en lugar de ejecutarse en obras viales, generando una deuda interna en Vialidad Nacional equivalente al 90% de su presupuesto anual.

El déficit cero como objetivo supremo, a cualquier costo

La operación tiene una lógica política explícita. El superávit fiscal es la principal carta de presentación de la gestión Milei ante los mercados financieros y el FMI. Sostenerlo a cualquier costo implica, en la práctica, resignificar los fondos con destino específico como reservas del Tesoro; una maniobra que achica el gasto público en el papel sin necesidad de eliminar formalmente los fideicomisos ni enfrentar el costo político de suprimir los programas que los financian.

El resultado concreto es una transferencia encubierta de recursos desde el gasto social e infraestructura hacia el sistema financiero, sin debate parlamentario y con la cobertura formal de la legalidad presupuestaria. Las familias de los 636 proyectos paralizados, las provincias sin rutas transitables y los municipios sin agua potable son el reverso material del número que el Gobierno exhibe como logro: el superávit financiero.

Puntos clave

• Los fideicomisos estatales acumularon un superávit de casi US$ 3.000 millones en los dos primeros años de la gestión Milei, con recursos que tienen destino legal específico en obras e infraestructura.
• La ejecución efectiva cayó al 55,8% en 2024 y al 69,5% en 2025; el resto se volcó a bonos y letras del Tesoro.
• El Fondo de Integración Socio Urbana redujo sus transferencias un 94%, paralizando 636 proyectos de infraestructura en barrios populares.
• Para 2026, las planillas presupuestarias proyectan colocaciones financieras adicionales por US$ 880 millones provenientes de cajas fiduciarias.
• Las proyecciones estiman que la acumulación total de excedentes superará los US$ 4.000 millones al cabo de tres años de gobierno.