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Política 📢

Las escandalosas jubilaciones de privilegio de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Adolfo Rodríguez Saá: cuánto cobran

Un informe basado en datos de ANSES reveló que el Estado nacional abonó en julio más de 203 millones en asignaciones vitalicias a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y hasta la hija de un exmandatario, en un contexto donde la jubilación mínima ronda los 498.000.

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Más de 25 millones por mes: lo que cobran los expresidentes mientras la mínima no llega a 500 mil.

En pleno debate por la recomposición de los haberes previsionales, el Estado nacional destinó en julio más de 200 millones de pesos al pago de once asignaciones vitalicias de privilegio para expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios, según reveló un informe del diario Clarín elaborado a partir de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El desembolso mensual ascendió exactamente a 203.835.765,06, con montos individuales que se ubican entre los 12 millones y los 26 millones brutos.

El tope de la lista: Fernández Macri y Rodríguez Saá

Los mayores haberes los perciben los dos últimos expresidentes electos. Alberto Fernández cobra 26.092.447, mientras que Mauricio Macri percibe 25.043.153,46. Les sigue Adolfo Rodríguez Saá, presidente durante apenas una semana en diciembre de 2001, con casi 24 millones (23.999.253,02). Entre los dos primeros, cobran montos equivalentes a más de cien jubilaciones mínimas, que en septiembre de 2026 alcanzan un total de 498.633,20 sumando haber base y bono previsional, según datos oficiales de ANSES .

El resto de la nómina quedó conformada así: Zulema Yoma, exesposa de Carlos Menem, con 20.618.733,63; la exvicepresidenta Gabriela Michetti, con 18.192.138,24; Julio Cobos, con 17.999.446,65; Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa, con 17.561.990,73; Beatriz Nelly Andrés, viuda del presidente de facto Roberto Levingston, con 16.214.248,39; María Estela Martínez de Perón, con 12.936.493,68; Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, con 12.691.238,04; y, en el último lugar, el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con 12.486.621,66.

Un régimen de privilegio blindado por la política

El sistema fue establecido por la Ley 24.018, sancionada en noviembre de 1991, que otorga asignaciones mensuales, vitalicias e inembargables para el Presidente y el Vicepresidente de la Nación a partir del cese en sus funciones, con un haber equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema para los primeros y las tres cuartas partes para los segundos . La misma norma prevé que, ante el fallecimiento del titular, el beneficio se extienda a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos solteros hasta los 18 años de edad .

La polémica, sin embargo, no es nueva. En 2024, cuando un proyecto de recomposición jubilatoria obtuvo media sanción en Diputados, el artículo que proponía derogar estas asignaciones fue rechazado en el recinto, por lo que el régimen siguió vigente . El propio Javier Milei había anunciado en la apertura de sesiones su intención de eliminar la norma, y luego formalizó ante ANSES su «decisión indeclinable» de no ejercer el derecho a cobrarla, aunque esa renuncia no modifica la ley .

Contradicciones que el sistema no resuelve

Los casos más cuestionados ponen en evidencia las fisuras del régimen. Rodríguez Saá percibe casi 24 millones por una semana de ejercicio del poder, mientras que Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que también estuvieron días en el cargo durante la crisis de 2001, renunciaron a tramitar el beneficio, según consignó Infobae en una investigación previa sobre el tema .

El caso de Amalia Guido, hija del expresidente José María Guido, muestra otra arista: comenzó a cobrar la pensión en 1999 a los 50 años, pese a que la ley fija los 18 años como límite, a través de un decreto de Carlos Menem dictado tras una audiencia en la que donó al Museo de la Casa de Gobierno el bastón de mando y la banda presidencial de su padre, según documentó ese mismo medio .

Fuera de la lista se encuentra la dos veces presidenta, exvicepresidenta y exsenadora, Cristina Kirchner, quien según el informe volvió a percibir por una medida cautelar la pensión como viuda de Néstor Kirchner, de unos 16 millones mensuales. La exmandataria ya había protagonizado polémica, pese a que la mayor parte del monto las jubilaciones era donado, por cobrar dos asignaciones simultáneas, aunque el artículo 5 de la Ley 24.018 establece la incompatibilidad con cualquier otra pensión nacional, provincial o municipal.

El contraste con la jubilación común

La crítica central es de escala. Un jubilado que cobra el haber mínimo recibe hoy poco menos de 500.000 por mes, mientras que el exvicepresidente con menor haber de la lista percibe veinticinco veces ese monto. Estas once asignaciones vitalicias, pagadas por Rentas Generales según la propia ley, equivalen cada mes a cientos de prestaciones ordinarias, en un sistema previsional donde la inmensa mayoría de los beneficiarios depende de bonos transitorios para llegar a fin de mes.

Puntos clave

  • El Estado abonó en julio 203.835.765,06 en once jubilaciones y pensiones de privilegio, según datos de ANSES relevados por Clarín.
  • Alberto Fernández (26.092.447) y Mauricio Macri (25.043.153,46) encabezan la lista de beneficiarios.
  • El régimen surge de la Ley 24.018, sancionada en 1991, que otorga asignaciones vitalicias e inembargables.
  • El Congreso rechazó en 2024 el artículo que buscaba derogar estos beneficios.
  • La jubilación mínima de septiembre 2026 es de 498.633,20 con bono incluido.

CABA

Escombros, ratas y cables: chicos y chicas padecen una escuela porteña que Jorge Macri dejó a medio hacer

Más de 400 alumnos de la Escuela N° 9 D.E. 18 de Monte Castro, entre ellos chicos con discapacidad, cursan desde julio en medio de una obra paralizada: polvo, broncoespasmos, baños racionados y un tendido eléctrico que colapsa. Era una obra de accesibilidad que la Justicia había exigido.

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El Argentino Diario-Jorge Macri-Escuelas porteñas.
Mucho anuncio y poca obra: la escuela centenaria que Jorge Macri abandonó entre escombros.

Desde julio, cuando la obra se paralizó, las maestras dan clases entre obradores, escombros, un tendido eléctrico sin terminar y el polvo que levantan los materiales abandonados. Muchos chicos ya sufren broncoespasmos, los baños habilitados alcanzan para pocos y las ratas se pasean por las baldosas del patio. No es una escuela del interior olvidada: está en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país.

Se trata de la Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», del barrio de Monte Castro, una primaria de jornada completa con intensificación en idiomas a la que asisten más de 400 alumnos, varios de ellos con discapacidad. El establecimiento depende del Ministerio de Educación porteño que conduce Mercedes Miguel, bajo la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. Las madres de la comunidad escolar describieron la situación en diálogo con la prensa local.

Una obra adjudicada, empezada tarde y abandonada

Las familias llevaban años exigiendo dos reformas urgentes: las mejoras de accesibilidad para los alumnos con discapacidad y la renovación total del tendido eléctrico, que colapsa cada vez que se enchufan varios artefactos a la vez. Las docentes se turnan para usar los proyectores porque no pueden conectarlos al mismo tiempo y, en verano, las aulas del piso de arriba se convierten en una caldera, ya que instalar aires acondicionados es imposible sin que se corte la luz.

Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, pero recién comenzaron en octubre. En febrero de este año empezaron los problemas, al punto de que en el jardín llegó a peligrar el inicio del ciclo lectivo. En julio los trabajos se frenaron por completo y desde entonces la escuela funciona dentro de una obra abandonada.

En mayo, ante la falta de avances, las familias iniciaron una juntada de firmas. No alcanzó: al igual que en marzo, la vuelta a clases tras el receso invernal estuvo plagada de complicaciones. Hoy hay pocos baños habilitados, los chicos deben turnarse para usarlos y los espacios recreativos quedaron anulados y cubiertos de polvo.

Un fallo judicial convertido en letra muerta

“Mi hijo tiene discapacidad motriz y los reclamos de accesibilidad edilicia comenzaron en el jardín”, contó Marcela, mamá de Vicente, alumno de cuarto grado, en diálogo con Tiempo Argentino. Las familias pidieron, entre otras cosas, pisos de goma eva en las aulas, barrales y baños cercanos. Para que la obra arrancara tuvieron que recurrir a la Justicia junto a la fundación Acceso Ya, y obtuvieron un fallo favorable que obligaba a que la escuela fuera accesible.

Pero la paralización dio vuelta el sentido de todo el proceso. Según Marcela, una obra que iba a ser por accesibilidad terminó provocando que “Vicente ni siquiera tenga un baño en planta baja”. Y fue tajante: “Así que ya no es una cuestión de accesibilidad, sino de derechos para poder estar en la escuela”.

El caso expone una contradicción difícil de disimular: el Estado porteño fue obligado judicialmente a garantizar un derecho y la ejecución de esa obligación terminó dejando a un chico con discapacidad en peores condiciones que antes.

Nueve horas diarias entre polvo y ruido

Soledad es mamá de una nena de segundo grado que forma parte de la comunidad educativa desde la sala de 3 del jardín. “Veíamos un montón de problemas, pero cuando mi hija pasó a la primaria empezó lo peor”, relató. Su hija le contaba todos los días lo difícil que era estar en el comedor por el ruido y los gritos, algo que le provocaba dolor de panza y de oídos. La necesidad de alzar la voz de manera constante en medio de la obra le generó un principio de disfonía que obligó a un tratamiento fonoaudiológico.

“Sentimos que nos abandonaron. Esta escuela que tiene 100 años, necesita que se hagan estas obras para asegurar lo mínimo, para poder enchufar ventiladores y no tener que estar pensando si se prende fuego”, señaló Soledad. Y agregó: “Da tristeza saber que nuestros hijos pasan 9 horas todos los días en estas condiciones”.

La referencia al siglo de vida no es una exageración. Según la Junta de Estudios Históricos del Barrio Monte Castro, la escuela comenzó a funcionar en 1912 como Escuela N° 25 del Distrito Escolar 14, en un edificio alquilado de la calle Bahía Blanca 2170. Más de cien años después, sus alumnos cursan con miedo a que un ventilador provoque un incendio.

La voz de los chicos

Jazmín tiene 7 años, cursa segundo grado y le pidió a su mamá poder contar lo que vive cada día desde hace un año. Lo que más le molesta, dijo, son “el comedor y los baños”: el comedor, por el ruido y porque siente que están “muy encerrados”; los baños, porque hay que hacer cola y las puertas a veces se traban o se abren solas. En el aula tampoco pueden abrir las cortinas.

La nena contó además que hace mucho no van a los talleres, que ahora los profesores deben ir a las aulas y que el resto de las actividades quedó suspendido porque “hay lugares que están cerrados y tienen mucho polvo y muchos estornudamos”. También describió a las ratas que recorren el patio: “están arriba y no nos dejan pasar por ese lugar cuando necesitamos”.

Anuncios millonarios, escuelas a medio terminar

El drama de Monte Castro contrasta con la narrativa oficial. A comienzos de 2025, Jorge Macri anunció una inversión de $146.600 millones para más de 600 obras de infraestructura en escuelas porteñas, y en junio de este año, durante una recorrida junto a la ministra Miguel, la Ciudad informó que ya había completado 105 obras de renovación integral. Detrás de las cifras de los anuncios, las comunidades educativas siguen denunciando obras suspendidas, demoradas o directamente abandonadas.

El malestar se agravó este mes con el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, un protocolo que, según denuncian las cooperadoras, traslada a familias y estudiantes parte de las tareas de mantenimiento que corresponden al Estado. Las organizaciones reclaman más presupuesto para obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes.

En la Escuela N° 9, ese reclamo tiene nombre y apellido: chicos con broncoespasmos, una nena en tratamiento fonoaudiológico y un alumno con discapacidad motriz sin baño accesible.

Lo que tenés que saber:

  • La Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», de Monte Castro, tiene más de 400 alumnos y funciona desde julio en medio de una obra paralizada.
  • Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, comenzaron en octubre y se frenaron en julio de este año.
  • Las familias habían obtenido, junto a la fundación Acceso Ya, un fallo judicial favorable para que la escuela fuera accesible.
  • Hay chicos con broncoespasmos, baños racionados, espacios recreativos anulados y presencia de ratas en el patio.
  • El tendido eléctrico colapsa al conectar varios artefactos, lo que impide usar proyectores a la vez o instalar aires acondicionados.
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