Conectate con El Argentino

CABA

Escombros, ratas y cables: chicos y chicas padecen una escuela porteña que Jorge Macri dejó a medio hacer

Más de 400 alumnos de la Escuela N° 9 D.E. 18 de Monte Castro, entre ellos chicos con discapacidad, cursan desde julio en medio de una obra paralizada: polvo, broncoespasmos, baños racionados y un tendido eléctrico que colapsa. Era una obra de accesibilidad que la Justicia había exigido.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Jorge Macri-Escuelas porteñas.
Mucho anuncio y poca obra: la escuela centenaria que Jorge Macri abandonó entre escombros.

Desde julio, cuando la obra se paralizó, las maestras dan clases entre obradores, escombros, un tendido eléctrico sin terminar y el polvo que levantan los materiales abandonados. Muchos chicos ya sufren broncoespasmos, los baños habilitados alcanzan para pocos y las ratas se pasean por las baldosas del patio. No es una escuela del interior olvidada: está en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país.

Se trata de la Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», del barrio de Monte Castro, una primaria de jornada completa con intensificación en idiomas a la que asisten más de 400 alumnos, varios de ellos con discapacidad. El establecimiento depende del Ministerio de Educación porteño que conduce Mercedes Miguel, bajo la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. Las madres de la comunidad escolar describieron la situación en diálogo con la prensa local.

Una obra adjudicada, empezada tarde y abandonada

Las familias llevaban años exigiendo dos reformas urgentes: las mejoras de accesibilidad para los alumnos con discapacidad y la renovación total del tendido eléctrico, que colapsa cada vez que se enchufan varios artefactos a la vez. Las docentes se turnan para usar los proyectores porque no pueden conectarlos al mismo tiempo y, en verano, las aulas del piso de arriba se convierten en una caldera, ya que instalar aires acondicionados es imposible sin que se corte la luz.

Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, pero recién comenzaron en octubre. En febrero de este año empezaron los problemas, al punto de que en el jardín llegó a peligrar el inicio del ciclo lectivo. En julio los trabajos se frenaron por completo y desde entonces la escuela funciona dentro de una obra abandonada.

En mayo, ante la falta de avances, las familias iniciaron una juntada de firmas. No alcanzó: al igual que en marzo, la vuelta a clases tras el receso invernal estuvo plagada de complicaciones. Hoy hay pocos baños habilitados, los chicos deben turnarse para usarlos y los espacios recreativos quedaron anulados y cubiertos de polvo.

Un fallo judicial convertido en letra muerta

“Mi hijo tiene discapacidad motriz y los reclamos de accesibilidad edilicia comenzaron en el jardín”, contó Marcela, mamá de Vicente, alumno de cuarto grado, en diálogo con Tiempo Argentino. Las familias pidieron, entre otras cosas, pisos de goma eva en las aulas, barrales y baños cercanos. Para que la obra arrancara tuvieron que recurrir a la Justicia junto a la fundación Acceso Ya, y obtuvieron un fallo favorable que obligaba a que la escuela fuera accesible.

Pero la paralización dio vuelta el sentido de todo el proceso. Según Marcela, una obra que iba a ser por accesibilidad terminó provocando que “Vicente ni siquiera tenga un baño en planta baja”. Y fue tajante: “Así que ya no es una cuestión de accesibilidad, sino de derechos para poder estar en la escuela”.

El caso expone una contradicción difícil de disimular: el Estado porteño fue obligado judicialmente a garantizar un derecho y la ejecución de esa obligación terminó dejando a un chico con discapacidad en peores condiciones que antes.

Nueve horas diarias entre polvo y ruido

Soledad es mamá de una nena de segundo grado que forma parte de la comunidad educativa desde la sala de 3 del jardín. “Veíamos un montón de problemas, pero cuando mi hija pasó a la primaria empezó lo peor”, relató. Su hija le contaba todos los días lo difícil que era estar en el comedor por el ruido y los gritos, algo que le provocaba dolor de panza y de oídos. La necesidad de alzar la voz de manera constante en medio de la obra le generó un principio de disfonía que obligó a un tratamiento fonoaudiológico.

“Sentimos que nos abandonaron. Esta escuela que tiene 100 años, necesita que se hagan estas obras para asegurar lo mínimo, para poder enchufar ventiladores y no tener que estar pensando si se prende fuego”, señaló Soledad. Y agregó: “Da tristeza saber que nuestros hijos pasan 9 horas todos los días en estas condiciones”.

La referencia al siglo de vida no es una exageración. Según la Junta de Estudios Históricos del Barrio Monte Castro, la escuela comenzó a funcionar en 1912 como Escuela N° 25 del Distrito Escolar 14, en un edificio alquilado de la calle Bahía Blanca 2170. Más de cien años después, sus alumnos cursan con miedo a que un ventilador provoque un incendio.

La voz de los chicos

Jazmín tiene 7 años, cursa segundo grado y le pidió a su mamá poder contar lo que vive cada día desde hace un año. Lo que más le molesta, dijo, son “el comedor y los baños”: el comedor, por el ruido y porque siente que están “muy encerrados”; los baños, porque hay que hacer cola y las puertas a veces se traban o se abren solas. En el aula tampoco pueden abrir las cortinas.

La nena contó además que hace mucho no van a los talleres, que ahora los profesores deben ir a las aulas y que el resto de las actividades quedó suspendido porque “hay lugares que están cerrados y tienen mucho polvo y muchos estornudamos”. También describió a las ratas que recorren el patio: “están arriba y no nos dejan pasar por ese lugar cuando necesitamos”.

Anuncios millonarios, escuelas a medio terminar

El drama de Monte Castro contrasta con la narrativa oficial. A comienzos de 2025, Jorge Macri anunció una inversión de $146.600 millones para más de 600 obras de infraestructura en escuelas porteñas, y en junio de este año, durante una recorrida junto a la ministra Miguel, la Ciudad informó que ya había completado 105 obras de renovación integral. Detrás de las cifras de los anuncios, las comunidades educativas siguen denunciando obras suspendidas, demoradas o directamente abandonadas.

El malestar se agravó este mes con el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, un protocolo que, según denuncian las cooperadoras, traslada a familias y estudiantes parte de las tareas de mantenimiento que corresponden al Estado. Las organizaciones reclaman más presupuesto para obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes.

En la Escuela N° 9, ese reclamo tiene nombre y apellido: chicos con broncoespasmos, una nena en tratamiento fonoaudiológico y un alumno con discapacidad motriz sin baño accesible.

Lo que tenés que saber:

  • La Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», de Monte Castro, tiene más de 400 alumnos y funciona desde julio en medio de una obra paralizada.
  • Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, comenzaron en octubre y se frenaron en julio de este año.
  • Las familias habían obtenido, junto a la fundación Acceso Ya, un fallo judicial favorable para que la escuela fuera accesible.
  • Hay chicos con broncoespasmos, baños racionados, espacios recreativos anulados y presencia de ratas en el patio.
  • El tendido eléctrico colapsa al conectar varios artefactos, lo que impide usar proyectores a la vez o instalar aires acondicionados.

CABA

Legisladoras denuncian el protocolo punitivista de Jorge Macri y el cierre de profesorados

La izquierda presentó dos proyectos en la Legislatura porteña contra el protocolo que obliga a las conducciones escolares a denunciar hechos con posible relevancia penal y contra la suspensión del ingreso 2027 a dos profesorados con más de 50 años de historia en el Joaquín V. González.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Jorge Macri-Apertura Legislativa.
Jorge Macri lleva el Régimen Penal Juvenil a las aulas y suspende el ingreso a dos profesorados históricos.

Las escuelas porteñas quedaron obligadas a denunciar ante la Justicia cualquier hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, aunque las conducciones escolares no están facultadas para determinar si ese delito existe. Es el núcleo del protocolo que el Gobierno de la Ciudad puso en marcha en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, y que ahora llegó a la Legislatura.

Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi, del bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentaron dos proyectos en el parlamento porteño. Uno repudia los “Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo”, aprobados por el Ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel bajo la gestión de Jorge Macri. El otro rechaza la suspensión de la inscripción a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Un protocolo que convierte a la escuela en el primer eslabón penal

La Resolución de Firma Conjunta RESFC-2026-1-GCABA-MEDGC aprobó los lineamientos y el “Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo ante Hechos con Posible Relevancia Penal”, que alcanzan a establecimientos de gestión estatal y privada. El texto lleva las firmas de Miguel y de Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. Según el propio protocolo, cuando la autoridad institucional tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, “deberá efectuar la denuncia correspondiente”, y en ausencia de urgencia esa denuncia debe presentarse ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La medida se enmarca en la Ley 27.801, que fijó la responsabilidad penal desde los 14 años y rige desde el 5 de septiembre. Es el mismo régimen que la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional en un fallo reciente en la Ciudad. Mientras parte de la Justicia cuestiona la baja de la edad de punibilidad, el Gobierno porteño decidió adaptar las escuelas a ese esquema.

Para Martín y Biasi, el protocolo refuerza una orientación punitivista y ubica en las conducciones escolares la obligación de activar una denuncia sobre un hecho que no les corresponde calificar. El proyecto sostiene que establece pautas y circuitos contradictorios con los protocolos vigentes sobre conflictos de convivencia y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que abre paso a la intervención de “autoridades policiales y/o jurídicas”. Además, advierte que “bajo el pretexto de adecuar las normas escolares al nuevo marco legal, se instala un verdadero protocolo de persecución y criminalización”.

El documento plantea que situaciones propias de la convivencia escolar, que hasta hoy se resolvían con herramientas pedagógicas e interdisciplinarias, pasan a derivarse de forma paralela y compulsiva a la vía penal.

El rechazo también llegó desde el sector docente. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió el protocolo y exigió que el Ministerio garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal. Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, sostuvo que “la escuela pasa a ser un lugar donde se denuncia a los pibes”.

Profesorados históricos, sin ingreso en 2027

El segundo proyecto apunta contra la Notificación N° NO-2026-42646546-GCABA-DGSFD, por la cual las autoridades educativas comunicaron la suspensión de la inscripción al primer año del ciclo lectivo 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González. Las legisladoras recuerdan que son dos carreras con más de 50 años de trayectoria pedagógica e institucional.

El argumento oficial apela a una presunta baja en la matrícula de inscriptos. Sin embargo, el documento señala que se omite que esas ofertas de formación docente son únicas en todo el ámbito de la Ciudad. “Cerrar el ingreso a estas carreras equivale a clausurar de manera absoluta la posibilidad de formación superior pública y gratuita en estas disciplinas”, destacan, y agregan que la decisión implica la baja de cargos y el cese de docentes que hoy se desempeñan en ellas.

Un patrón de vaciamiento sobre la formación docente

Según el texto presentado en la Legislatura, el cierre de estos profesorados no es una medida aislada sino parte de una política de recortes, reestructuraciones e intentos de ajuste sobre los institutos de formación superior estatales. Como antecedentes, el documento enumera la suspensión de comisiones e inscripciones en el Profesorado de Física del IES “Alicia Moreau de Justo” y en el de Lengua y Literatura del IES “Mariano Acosta”; el intento de cerrar la especialización en Educación Sexual Integral en el propio Joaquín V. González a comienzos de este año; el cierre de comisiones en institutos de formación técnica como el IFTS N° 13 y el ISTRyL; y el intento de traslado compulsivo y fusión de institutos de formación docente.

Distintos sectores de la comunidad educativa denuncian que, desde la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), el Gobierno porteño concentró casi de manera exclusiva sus recursos publicitarios e institucionales en promocionar esa casa de estudios. Según esas denuncias, la oferta de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad quedó sistemáticamente invisibilizada.

Lo que tenés que saber:

  • Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña.
  • El protocolo del Ministerio de Educación porteño impone a las escuelas el deber de denunciar hechos que pudieran constituir un delito de acción pública.
  • La medida se alinea con la Ley 27.801, que fija la responsabilidad penal desde los 14 años.
  • Se suspendió la inscripción 2027 a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González, únicos de su tipo en la Ciudad.
  • UTE y Ademys rechazaron el protocolo.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo