Las escuelas porteñas quedaron obligadas a denunciar ante la Justicia cualquier hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, aunque las conducciones escolares no están facultadas para determinar si ese delito existe. Es el núcleo del protocolo que el Gobierno de la Ciudad puso en marcha en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, y que ahora llegó a la Legislatura.

Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi, del bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentaron dos proyectos en el parlamento porteño. Uno repudia los “Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo”, aprobados por el Ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel bajo la gestión de Jorge Macri. El otro rechaza la suspensión de la inscripción a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Un protocolo que convierte a la escuela en el primer eslabón penal

La Resolución de Firma Conjunta RESFC-2026-1-GCABA-MEDGC aprobó los lineamientos y el “Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo ante Hechos con Posible Relevancia Penal”, que alcanzan a establecimientos de gestión estatal y privada. El texto lleva las firmas de Miguel y de Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. Según el propio protocolo, cuando la autoridad institucional tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, “deberá efectuar la denuncia correspondiente”, y en ausencia de urgencia esa denuncia debe presentarse ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La medida se enmarca en la Ley 27.801, que fijó la responsabilidad penal desde los 14 años y rige desde el 5 de septiembre. Es el mismo régimen que la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional en un fallo reciente en la Ciudad. Mientras parte de la Justicia cuestiona la baja de la edad de punibilidad, el Gobierno porteño decidió adaptar las escuelas a ese esquema.

Para Martín y Biasi, el protocolo refuerza una orientación punitivista y ubica en las conducciones escolares la obligación de activar una denuncia sobre un hecho que no les corresponde calificar. El proyecto sostiene que establece pautas y circuitos contradictorios con los protocolos vigentes sobre conflictos de convivencia y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que abre paso a la intervención de “autoridades policiales y/o jurídicas”. Además, advierte que “bajo el pretexto de adecuar las normas escolares al nuevo marco legal, se instala un verdadero protocolo de persecución y criminalización”.

El documento plantea que situaciones propias de la convivencia escolar, que hasta hoy se resolvían con herramientas pedagógicas e interdisciplinarias, pasan a derivarse de forma paralela y compulsiva a la vía penal.

El rechazo también llegó desde el sector docente. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió el protocolo y exigió que el Ministerio garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal. Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, sostuvo que “la escuela pasa a ser un lugar donde se denuncia a los pibes”.

Profesorados históricos, sin ingreso en 2027

El segundo proyecto apunta contra la Notificación N° NO-2026-42646546-GCABA-DGSFD, por la cual las autoridades educativas comunicaron la suspensión de la inscripción al primer año del ciclo lectivo 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González. Las legisladoras recuerdan que son dos carreras con más de 50 años de trayectoria pedagógica e institucional.

El argumento oficial apela a una presunta baja en la matrícula de inscriptos. Sin embargo, el documento señala que se omite que esas ofertas de formación docente son únicas en todo el ámbito de la Ciudad. “Cerrar el ingreso a estas carreras equivale a clausurar de manera absoluta la posibilidad de formación superior pública y gratuita en estas disciplinas”, destacan, y agregan que la decisión implica la baja de cargos y el cese de docentes que hoy se desempeñan en ellas.

Un patrón de vaciamiento sobre la formación docente

Según el texto presentado en la Legislatura, el cierre de estos profesorados no es una medida aislada sino parte de una política de recortes, reestructuraciones e intentos de ajuste sobre los institutos de formación superior estatales. Como antecedentes, el documento enumera la suspensión de comisiones e inscripciones en el Profesorado de Física del IES “Alicia Moreau de Justo” y en el de Lengua y Literatura del IES “Mariano Acosta”; el intento de cerrar la especialización en Educación Sexual Integral en el propio Joaquín V. González a comienzos de este año; el cierre de comisiones en institutos de formación técnica como el IFTS N° 13 y el ISTRyL; y el intento de traslado compulsivo y fusión de institutos de formación docente.

Distintos sectores de la comunidad educativa denuncian que, desde la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), el Gobierno porteño concentró casi de manera exclusiva sus recursos publicitarios e institucionales en promocionar esa casa de estudios. Según esas denuncias, la oferta de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad quedó sistemáticamente invisibilizada.

Lo que tenés que saber:

• Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña.
• El protocolo del Ministerio de Educación porteño impone a las escuelas el deber de denunciar hechos que pudieran constituir un delito de acción pública.
• La medida se alinea con la Ley 27.801, que fija la responsabilidad penal desde los 14 años.
• Se suspendió la inscripción 2027 a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González, únicos de su tipo en la Ciudad.
• UTE y Ademys rechazaron el protocolo.