CABA
Legisladoras denuncian el protocolo punitivista de Jorge Macri y el cierre de profesorados
La izquierda presentó dos proyectos en la Legislatura porteña contra el protocolo que obliga a las conducciones escolares a denunciar hechos con posible relevancia penal y contra la suspensión del ingreso 2027 a dos profesorados con más de 50 años de historia en el Joaquín V. González.
Las escuelas porteñas quedaron obligadas a denunciar ante la Justicia cualquier hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, aunque las conducciones escolares no están facultadas para determinar si ese delito existe. Es el núcleo del protocolo que el Gobierno de la Ciudad puso en marcha en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, y que ahora llegó a la Legislatura.
Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi, del bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentaron dos proyectos en el parlamento porteño. Uno repudia los “Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo”, aprobados por el Ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel bajo la gestión de Jorge Macri. El otro rechaza la suspensión de la inscripción a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
Un protocolo que convierte a la escuela en el primer eslabón penal
La Resolución de Firma Conjunta RESFC-2026-1-GCABA-MEDGC aprobó los lineamientos y el “Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo ante Hechos con Posible Relevancia Penal”, que alcanzan a establecimientos de gestión estatal y privada. El texto lleva las firmas de Miguel y de Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. Según el propio protocolo, cuando la autoridad institucional tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, “deberá efectuar la denuncia correspondiente”, y en ausencia de urgencia esa denuncia debe presentarse ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
La medida se enmarca en la Ley 27.801, que fijó la responsabilidad penal desde los 14 años y rige desde el 5 de septiembre. Es el mismo régimen que la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional en un fallo reciente en la Ciudad. Mientras parte de la Justicia cuestiona la baja de la edad de punibilidad, el Gobierno porteño decidió adaptar las escuelas a ese esquema.
Para Martín y Biasi, el protocolo refuerza una orientación punitivista y ubica en las conducciones escolares la obligación de activar una denuncia sobre un hecho que no les corresponde calificar. El proyecto sostiene que establece pautas y circuitos contradictorios con los protocolos vigentes sobre conflictos de convivencia y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que abre paso a la intervención de “autoridades policiales y/o jurídicas”. Además, advierte que “bajo el pretexto de adecuar las normas escolares al nuevo marco legal, se instala un verdadero protocolo de persecución y criminalización”.
El documento plantea que situaciones propias de la convivencia escolar, que hasta hoy se resolvían con herramientas pedagógicas e interdisciplinarias, pasan a derivarse de forma paralela y compulsiva a la vía penal.
El rechazo también llegó desde el sector docente. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió el protocolo y exigió que el Ministerio garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal. Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, sostuvo que “la escuela pasa a ser un lugar donde se denuncia a los pibes”.
Profesorados históricos, sin ingreso en 2027
El segundo proyecto apunta contra la Notificación N° NO-2026-42646546-GCABA-DGSFD, por la cual las autoridades educativas comunicaron la suspensión de la inscripción al primer año del ciclo lectivo 2027 en los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González. Las legisladoras recuerdan que son dos carreras con más de 50 años de trayectoria pedagógica e institucional.
El argumento oficial apela a una presunta baja en la matrícula de inscriptos. Sin embargo, el documento señala que se omite que esas ofertas de formación docente son únicas en todo el ámbito de la Ciudad. “Cerrar el ingreso a estas carreras equivale a clausurar de manera absoluta la posibilidad de formación superior pública y gratuita en estas disciplinas”, destacan, y agregan que la decisión implica la baja de cargos y el cese de docentes que hoy se desempeñan en ellas.
Un patrón de vaciamiento sobre la formación docente
Según el texto presentado en la Legislatura, el cierre de estos profesorados no es una medida aislada sino parte de una política de recortes, reestructuraciones e intentos de ajuste sobre los institutos de formación superior estatales. Como antecedentes, el documento enumera la suspensión de comisiones e inscripciones en el Profesorado de Física del IES “Alicia Moreau de Justo” y en el de Lengua y Literatura del IES “Mariano Acosta”; el intento de cerrar la especialización en Educación Sexual Integral en el propio Joaquín V. González a comienzos de este año; el cierre de comisiones en institutos de formación técnica como el IFTS N° 13 y el ISTRyL; y el intento de traslado compulsivo y fusión de institutos de formación docente.
Distintos sectores de la comunidad educativa denuncian que, desde la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), el Gobierno porteño concentró casi de manera exclusiva sus recursos publicitarios e institucionales en promocionar esa casa de estudios. Según esas denuncias, la oferta de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad quedó sistemáticamente invisibilizada.
Lo que tenés que saber:
- Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña.
- El protocolo del Ministerio de Educación porteño impone a las escuelas el deber de denunciar hechos que pudieran constituir un delito de acción pública.
- La medida se alinea con la Ley 27.801, que fija la responsabilidad penal desde los 14 años.
- Se suspendió la inscripción 2027 a los profesorados de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas del Joaquín V. González, únicos de su tipo en la Ciudad.
- UTE y Ademys rechazaron el protocolo.
CABA
Detenido en la visita del Papa, el bombero niega todo plan pero la causa sigue
Tomás Natenzon, de 25 años, rompió el silencio: aseguró que nunca fue parte de un plan contra León XIV y que diseñó el sistema de comunicaciones de la visita. La jueza Servini lo sobreseyó y declaró su inimputabilidad, pero la investigación sobre cómo llegó a zonas restringidas continúa.
El joven detenido cerca del escenario de la misa de León XIV, bajo sospecha de haberse infiltrado en el operativo de seguridad, aseguró que jamás integró un plan contra el Papa y que trabajó en el sistema de comunicaciones de la visita. Lo hizo después de que la Justicia federal lo sobreseyera y ordenara su libertad.
Se trata de Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y especialista en comunicaciones, a quien la Policía de la Ciudad detuvo el domingo 8 de noviembre en la esquina de avenida Del Libertador y Kennedy, en Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del escenario montado para la misa del lunes 9. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
Su versión: “nunca fui parte de ningún plan”
En una publicación en Facebook, Natenzon sostuvo que su nombre y su imagen circularon en los medios como los de un presunto infiltrado vinculado a posibles amenazas contra la seguridad del Papa. Afirmó que fue responsable de diseñar el sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para la visita, que incluyó conectividad satelital Starlink.
“Nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”, escribió. Dijo además que quiere recuperar su identidad, su dignidad y su buen nombre, y que no pretende victimizarse. Según su relato, el caso fue desestimado el 14 de noviembre y se ordenó su liberación inmediata.
Lo que resolvió la Justicia
Según informó la prensa local, Servini sobreseyó a Natenzon y declaró su inimputabilidad. La decisión se apoya en su estado de salud mental y no en una validación de sus credenciales ni de su presencia en la zona. La jueza dispuso su libertad con medidas de salud mental: una evaluación previa en el Hospital Borda, en el marco de la Ley de Salud Mental, y tratamiento psiquiátrico ambulatorio, sin internación. También ordenó la intervención de un juez civil para definir medidas sobre su seguimiento.
La magistrada pidió además profundizar el análisis de los objetos secuestrados y la investigación continúa para esclarecer cómo accedió a zonas restringidas y cuál era su rol en el dispositivo de seguridad. Hasta ahora, la investigación no estableció que tuviera intenciones de atentar contra el Papa.
Credenciales, radios y un arma: la reconstrucción que cambió
En las primeras horas, la versión policial lo presentó como un falso bombero que circulaba con un permiso de circulación apócrifo y una patente que simulaba ser oficial, además de cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales. Se investigó entonces una presunta falsificación de documento público e intimidación pública.
Con el correr de los días, el cuadro se complicó. Se confirmó que integra el destacamento de Vuelta de Rocha y trabaja en comunicaciones, y según las últimas informaciones la autorización de circulación que exhibió sería auténtica. Natenzon declaró que su empresa participaba del evento y que tenía permiso para ingresar a la zona de la misa; según una fuente del caso, sus explicaciones fueron atendibles. El arma hallada en su domicilio, afirmó, estaba registrada y con permiso de tenencia.
En el allanamiento a su vivienda se secuestraron una pistola 9 milímetros con municiones y cargadores, decenas de radios del sistema trunking, dispositivos de análisis de radiofrecuencia, computadoras, teléfonos, cámaras corporales, una placa similar a las de fuerzas policiales y anotaciones sobre frecuencias y material sobre la visita papal. Esos elementos son los que la jueza pidió analizar a fondo.
Lo que tenés que saber:
- Tomás Natenzon, de 25 años, fue detenido el domingo 8 de noviembre cerca del escenario de la misa de León XIV en Palermo.
- La jueza María Servini lo sobreseyó, declaró su inimputabilidad y ordenó su libertad con tratamiento psiquiátrico ambulatorio.
- Natenzon aseguró en Facebook que nunca fue parte de un plan contra el Papa y que diseñó el sistema de comunicaciones de la visita.
- La investigación no estableció intenciones de atentar y continúa para determinar cómo accedió a zonas restringidas.
- Se secuestraron un arma, radios, computadoras y credenciales, que la jueza ordenó analizar en profundidad.
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