Menos del 1%. Esa es la cifra con la que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner busca desarmar el andamiaje de la condena en la causa Vialidad: según un análisis técnico incorporado al reclamo internacional, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad. Si el supuesto direccionamiento de la obra pública hacia Báez fue el corazón de la acusación, el dato oficial abre una grieta difícil de ignorar.

Este martes, los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego formalizaron la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que revise el proceso que terminó con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la dos veces presidenta. La defensa sostiene que durante el juicio se violaron derechos fundamentales y pide que se suspenda la inhabilitación, la pieza que hoy le impide competir en cualquier elección.

La planilla que el expediente no quiso ver

El elemento central es una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad que salió a la luz a partir de la declaración de un técnico del organismo en la causa Cuadernos. Sobre esa base, un informe de Specs Consultoría determinó que las empresas de Báez se quedaron con el 0,85% de los recursos de un fideicomiso creado mediante el decreto 54/2009, firmado por la propia Cristina Kirchner durante su presidencia.

La defensa había anticipado el hallazgo el pasado martes 15 de septiembre, en una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño. Allí Beraldi fue categórico: «Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%».

Para el abogado, «ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez». Y agregó que «sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento». Es decir, la acusación de un esquema diseñado para favorecer a un empresario amigo choca contra los números del propio Estado.

Los letrados recordaron además que durante el proceso habían reclamado producir prueba de este tipo y que esa negativa fue planteada en la causa y llevada hasta las últimas instancias. El dato que hoy viaja a Ginebra es, en buena medida, el que la defensa no pudo discutir en Comodoro Py.

Dos frentes: Ginebra y Casación

La estrategia no se limita al plano internacional. Las nuevas pruebas también serán llevadas a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. En paralelo, el objetivo inmediato de la defensa es que el caso sea tratado por el Comité en su próxima sesión, prevista para octubre.

El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron. Sus dictámenes suelen describirse como no vinculantes, aunque tienen peso político e institucional y funcionan como antecedente en discusiones jurídicas posteriores.

Valim, que también representó a Luiz Inácio Lula da Silva ante ese organismo, discute esa lectura. En julio sostuvo que el Pacto y su Protocolo Facultativo integran el bloque constitucional argentino: «La Constitución confiere a este instrumento un rango constitucional. Entonces, no es solo un compromiso que el Estado argentino asumió, sino que es una norma constitucional». Incluso el abogado Francisco Oneto, identificado con el oficialismo libertario, admitió que un pronunciamiento favorable del Comité podría habilitar la revisión de una sentencia firme por la vía del artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal.

Una condena firme bajo sospecha de lawfare

La sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de la defensa y la ratificó en forma unánime. Desde el 17 de junio de 2025, la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La primera presentación ante la ONU se concretó el 29 de julio, cuando Cristina Kirchner oficializó la incorporación de los abogados internacionales con una carta abierta en sus redes sociales, denunció persecución política y violaciones al debido proceso, y solicitó una medida cautelar para frenar la inhabilitación. Lo que ahora se suma es una prueba documental que pone en duda el fundamento fáctico de la condena, no solo sus formas.

El planteo internacional se produce mientras dentro del peronismo vuelve a discutirse el futuro electoral de la líder del PJ. La pregunta de fondo ya no es solo jurídica: qué valor conserva una condena cuyo principal sustento se ve relativizado por los propios registros del Estado.

Lo que tenés que saber:

• La defensa de Cristina Kirchner formalizó este martes la presentación de nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
• Según un informe basado en datos de Vialidad, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió el 0,85% de los fondos del fideicomiso creado por el decreto 54/2009.
• La planilla surgió de la declaración de un técnico de Vialidad en la causa Cuadernos.
• Las pruebas también irán a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión.
• La defensa busca que el Comité trate el caso en su sesión de octubre y suspenda la inhabilitación perpetua.