La denuncia penal que la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó ante la Justicia federal adquirió una dimensión nueva. En la ampliación que depositó en los juzgados, la legisladora incorporó una serie de cuadros, tablas comparativas y cálculos estadísticos que documentan lo que califica como una metodología sistemática: la liberación de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) en fechas que coinciden, con una precisión llamativa, con las votaciones legislativas que el Gobierno necesitaba ganar entre junio de 2024 y mayo de 2026.

La causa había quedado en manos del fiscal Franco Picardi y el juez Julián Ercolini, aunque este último podría remitir el expediente al juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, que ya reciben una denuncia paralela de la diputada Victoria Tolosa Paz por la subejecución y el posible desvío de los fondos del propio SisVial hacia el sistema financiero. Dos denuncias, un mismo fideicomiso, un mismo patrón de irregularidades.

La ventana de tres días y el 35% de los pagos del año

El corazón estadístico de la denuncia de Pagano es contundente: en períodos de apenas tres días de duración (antes, durante y después de cada votación sensible), se concentró el 35,3 por ciento de todo lo pagado durante el año en apenas diez jornadas del calendario. Los desembolsos en esas fechas llegaron a dispararse entre un 350 y 400 por ciento por encima de la media habitual, es decir, el Ministerio de Economía giró cuatro veces más de lo normal en esos días específicos. El monto acumulado en las «ventanas» analizadas por Pagano asciende a 68.042 millones de pesos transferidos a las provincias que, en cada caso, habían dado su apoyo al oficialismo.

Los recursos en cuestión provienen de un fideicomiso alimentado por el impuesto a los combustibles líquidos, cuya asignación legal específica es el mantenimiento y construcción de la red vial federal. El dinero, por ley, no puede retenerse a discreción. Pero la denuncia muestra que el Ejecutivo lo usó como palanca política, liberándolo o congelándolo según la dinámica de cada negociación en el Congreso.

El cronograma de pagos y votos: de la Ley Bases a la Hojarasca

La reconstrucción cronológica que traza Pagano en la denuncia abarca dos años y abarca tanto 2024 como 2025 y los primeros meses de 2026. El primer hito fue la votación de la Ley Bases en el Senado, en junio de 2024, que terminó en empate y fue desempatada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras en la calle se desarrollaba una represión documentada. En los días posteriores, el fideicomiso vial liberó 5.367 millones de pesos hacia Santa Cruz, Río Negro y Misiones, las tres provincias cuyos senadores habían dado el voto afirmativo decisivo.

Para la sanción definitiva en Diputados, casi dos semanas después, se giraron 3.262 millones de pesos más, de los cuales 992 millones fueron al corredor vial que incluye Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa. El 9 de octubre del mismo año, cuando Diputados blindó el veto a la ley de financiamiento universitario, el mismo día de la votación se liberaron 3.186 millones para Tucumán y Misiones, las dos provincias que habían sido clave en ese resultado.

El patrón continuó en 2025. La votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en marzo, derivó 48 horas después en el reparto de 6.596 millones de pesos, de los cuales 3.885 fueron a Santa Cruz. El proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno quería hundir, generó uno de los movimientos más llamativos: se distribuyeron 7.895 millones, con un único pago de 7.343 millones a Jujuy, el mayor que haya recibido una dirección de vialidad provincial en toda la serie histórica analizada. Misiones recibió 797 millones después de la media sanción en Diputados, pero sus senadores luego ayudaron a voltear el proyecto en el Senado.

Ya en 2026, la denuncia registra nuevas ventanas. Para la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en febrero, los giros ascendieron a 17.139 millones. Para la reforma de la Ley de Glaciares, se detectaron 12.551 millones. Y ante los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías, entre el 19 y el 21 de mayo, otros 14.096 millones de pesos rotaron hacia las provincias aliadas.

Misiones, el caso testigo; Santiago del Estero, el caso atípico

Pagano ilustra su metodología con el caso que considera más completo: Misiones. Sus diputados acompañaron la media sanción de Ficha Limpia el 12 de febrero y la vialidad provincial cobró al día siguiente. Sus senadores votaron para voltear el proyecto en el Senado el 7 de mayo. Sus diputados se abstuvieron en el veto jubilatorio el 20 de agosto y la provincia cobró seis días después. La secuencia, reproducida sistemáticamente, es la que la legisladora coloca en el centro de la acusación.

La propia Pagano reconoce en la denuncia que «la coincidencia de fechas no prueba por sí sola el pacto», y precisa que lo que lo prueba o lo descarta es el cotejo, certificado por certificado, entre la fecha en que cada pago era exigible y la fecha en que se liberó, información que está en poder del Estado y que ya pidió a la Justicia. El caso de Santiago del Estero aparece como atípico: el Consejo de Vialidad provincial cobró el 100 por ciento de sus 9.867 millones de pesos en exactamente tres días durante febrero, abril y mayo, pese a que esa provincia no acompañó las votaciones del oficialismo. Pagano no descarta que haya sido una maniobra para maquillar el patrón general.

Las obras que no se hicieron: Tucumán como símbolo

La denuncia agrega un elemento que va más allá de la irregularidad política: la verificación de que el dinero girado no llegó a convertirse en obra. En Tucumán, señala Pagano, es conocido el estado deplorable de los caminos que todavía no fueron reparados pese a los voluminosos recursos recibidos para ese fin. La legisladora reclamó a la Justicia la realización de auditorías que certifiquen, tramo por tramo, si las obras se ejecutaron o si los pagos fueron simplemente el instrumento de una recompensa política sin contrapartida real.

Esta capa de la denuncia conecta directamente con la investigación sobre el SisVial que también tramita en la Justicia federal, donde se estima que más de 1 billón de pesos recaudados con destino específico a infraestructura vial terminaron colocados en instrumentos financieros del Tesoro, en lugar de ejecutarse en las rutas. La acumulación de frentes sobre el mismo fideicomiso y los mismos fondos configura un escenario jurídico y político de alta complejidad para la administración libertaria.

Puntos clave

• En apenas diez jornadas de «ventanas» electorales, se concentró el 35,3% de los pagos viales anuales, con picos de hasta 400% sobre la media diaria.
• Los desembolsos del SisVial sumaron 68.042 millones de pesos en fechas que coinciden con votaciones legislativas clave entre 2024 y 2026.
• El mayor pago individual a una vialidad provincial fue de 7.343 millones de pesos a Jujuy, en coincidencia con el debate de Ficha Limpia.
• La causa fue sorteada al fiscal Picardi y al juez Ercolini, pero podría confluir con la denuncia de Tolosa Paz ante el juez Lijo y el fiscal Stornelli.
• Pagano reclamó a la Justicia la auditoría certificado por certificado de los pagos, para establecer si las obras viales financiadas con esos fondos se ejecutaron efectivamente.