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Lawfare: la defensa de Cristina cuestionó intento del fiscal Pleé de reabrir caso de Dólar Futuro

El abogado de la vicepresidenta sostuvo que el acusador pretende que el caso sea revisado por la Corte por su «mera disconformidad» con lo resuelto por Casación, que dispuso los sobreseimientos.

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La defensa legal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el intento del fiscal general Raúl Pleé de reabrir la causa por supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro y sostuvo que el acusador pretende que el cierre del caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia por su «mera disconformidad» con lo resuelto por la Cámara Casación, que dispuso los sobreseimientos.

El abogado Carlos Alberto Beraldi, en representación de la ex mandataria, presentó un escrito con el que contestó al planteo del fiscal Pleé. En la presentación, el letrado aseguró que «un detenido análisis del recurso extraordinario deducido en autos permite advertir que el mismo revela una mera disconformidad con lo resuelto en esta instancia y de ninguna manera logra conmover los sólidos argumentos brindados, por una unanimidad, en la resolución dictada el pasado 13 de abril».

El fiscal Pleé había presentado el recurso luego del fallo de la Cámara Federal de Casación penal que, por unanimidad, dispuso el sobreseimiento de todos los acusados de la causa que ya había sido elevada a juicio oral y público.

El sobreseimiento firmado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña señalaba que no se habían cometido delitos en la operatoria con dólar futuro, que no hubo perjuicios para las arcas del Estado y que no se violó la carta orgánica del Banco Central, entre otras cosas.

Para Pleé, se trató de un fallo arbitrario que adjudicó a la última pericia contable –ordenada por el Tribunal Oral Federal designado para esta causa y rechazada sistemáticamente por el juez Claudio Bonadio cuando instruyó el expediente- un valor superior al que debió haberle dado.

Los planteos de la fiscalía fueron cuestionados por la defensa de la exmandataria, que sostuvo que la resolución cuestionada «constituye una derivación razonada del derecho vigente y las constancias de la causa, debiéndose puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto habilitar una nueva vía de impugnación respecto a resoluciones supuestamente equívocas o que generan la disconformidad del recurrente».

El escrito de Beraldi, además, llamó la atención sobre el hecho de que ahora la fiscalía invoca cuestiones de «gravedad institucional» para que el caso llegue a la Corte, cuando esa misma situación de gravedad había sido invocada sin éxito en cuantiosas oportunidades por la defensa de la vicepresidenta.

«En el marco de este mismo proceso mi parte dedujo sendos recursos extraordinarios en los que se invocó una situación de gravedad institucional, los cuales fueron rechazados, tanto por la Cámara Federal de Casación Penal, como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación», recordó Beraldi.

El 13 de abril pasado, la sala I de Casación sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta, al exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y a Miguel Ángel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.

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Porcel procesado por abuso y corrupción de menores: acreditaron los hechos pero no está detenido

La causa avanzó. El empresario fue procesado por abuso sexual, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil, en un expediente que reúne al menos diez denuncias de niños menores de 13 años. La resolución judicial fijó responsabilidades en esta etapa, aunque dispuso que continúe en libertad, con embargo millonario y prohibición de salida del país.

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El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50 y con intervención del fiscal Pablo Turano, describe una mecánica reiterada: el imputado habría aprovechado su vínculo con las víctimas (compañeros de colegio de su hijo) y el ámbito de confianza para concretar los abusos.

Un procesamiento con pruebas sensibles

El auto de procesamiento sostuvo que los hechos “concurren en forma ideal” con el delito de corrupción de menores en múltiples oportunidades. La figura se agrava por la edad de las víctimas y por la presunta producción de imágenes con fines sexuales.

Entre los elementos incorporados a la causa aparecen:

Pericias sobre el celular del imputado, donde se habrían encontrado fotos de menores desnudos.

Mensajes que, según la acusación, refuerzan la hipótesis delictiva.

Testimonios de familias, que describieron encuentros en casas y oficinas del empresario.

La investigación también consignó que en esos ámbitos se habría promovido el consumo de alcohol y prácticas como apuestas en línea, en un contexto de asimetría entre adultos y menores.

Medidas: embargo y restricciones, pero sin prisión

Pese a la gravedad de los delitos imputados, la Justicia resolvió no dictar prisión preventiva. En cambio, impuso:

Embargo por 112 millones de pesos

Prohibición de salida del país

La decisión vuelve a poner en discusión los criterios judiciales para restringir la libertad en este tipo de delitos, donde el avance probatorio convive con la evaluación de riesgos procesales.

Los hechos

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, pero se formalizaron en 2024, cuando las familias comenzaron a advertir cambios en la conducta de los chicos y limitaron el contacto con el empresario.

La causa sigue abierta. La incorporación de nuevos denunciantes postergó instancias clave, como la indagatoria, y mantiene el expediente en movimiento.

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