El Senado entrega la tierra: extranjerización sin límites, fondos buitre y jueces para el régimen libertario

★ El Senado de la Nación sesiona hoy desde las 11 para votar una agenda legislativa que concentra, en una sola jornada, tres de las operaciones más polémicas del ciclo libertario: la derogación efectiva de la Ley 26.737 de protección territorial, el pago de US$ 171 millones a fondos especulativos conocidos como fondos buitre, y la aprobación masiva de pliegos judiciales cuestionados. El temario fue negociado entre La Libertad Avanza y los bloques llamados dialoguistas.

La Ley 26.737 en la guillotina legislativa

El proyecto estrella de la jornada lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue bautizado como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Su núcleo más polémico es la eliminación del límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció como techo a la extranjerización territorial.

El proyecto deroga además la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera superen el 30% del total de hectáreas permitidas, y elimina los topes por zona que impedían la concentración de propiedades contiguas en manos foráneas. La única restricción que se mantiene es la necesidad de autorización previa cuando quien compra es un Estado extranjero o una organización empresarial con participación mayoritaria estatal.

Este medio viene advirtiendo desde diciembre de 2025, cuando el gobierno anunció su intención de enviar el proyecto al Congreso, sobre los riesgos estructurales de esta medida para la soberanía territorial, la seguridad hídrica y el control de recursos estratégicos. En ese entonces, el investigador del CONICET Facundo Martín señaló que la norma vigente no obstaculizaba las inversiones genuinas, sino que operaba como una garantía mínima de soberanía. En enero de 2026, un estudio conjunto del CONICET y la UBA reveló que ya existen 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras y que 36 departamentos del país superan el tope legal establecido por la ley que ahora se busca derogar.

Lo que el proyecto elimina sin decirlo: el incendio como negocio

Hay un componente del texto que pasó casi desapercibido en el debate parlamentario previo y que reviste una gravedad particular. El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego de 2020, que prohibía durante un plazo de hasta 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios en bosques nativos, y de 30 años en zonas agropecuarias y periurbanas. La norma original fue diseñada precisamente para desincentivar la quema intencional con fines especulativos, un patrón documentado en zonas de la Patagonia y el norte argentino donde los incendios anticipan la llegada de capitales concentrados.

El ministro Sturzenegger defendió la modificación ante el Senado calificando de «dislate» extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria. Lo que no mencionó es que la derogación de esas restricciones, combinada con la liberalización total de la compra de tierras, crea el escenario perfecto para lo que organizaciones ambientalistas denominan «el negocio del fuego»: incendiar, devaluar y adquirir.

El precedente que nadie quiere recordar: Joe Lewis y el modelo que se multiplica

La historia de Joe Lewis es el manual de lo que puede ocurrir a escala industrial si esta ley se aprueba. El magnate británico adquirió en 1996 unas 11.000 hectáreas entre El Bolsón y Bariloche violando la ley de zona de seguridad de fronteras, construyó un aeropuerto privado de casi dos mil metros sin radares, bloqueó sistemáticamente el acceso público al Lago Escondido (patrimonio público según la Constitución Nacional) y recibió durante el gobierno de Mauricio Macri beneficios extraordinarios incluyendo autorización para una central hidroeléctrica con tarifas preferenciales.

La cifra de 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras que reveló el estudio del CONICET y la UBA muestra que el modelo Lewis no fue una excepción sino una tendencia, y que las restricciones de la Ley 26.737 no alcanzaron para revertirla. Eliminar esas restricciones implica abrir la puerta a la multiplicación ilimitada de ese modelo: enclaves privados sobre recursos hídricos estratégicos, acceso blindado a zonas de frontera y control corporativo sobre los principales acuíferos del país.

El Grupo Benetton, mayor terrateniente extranjero en Argentina con cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia, y los fondos de inversión que buscan posicionarse en el litio del norte o en las nacientes de ríos patagónicos, son los destinatarios reales de este proyecto presentado como una medida de «desregulación». Mientras tanto, las comunidades mapuche y campesinas que reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras quedarán aún más expuestas.

Fondos buitre: pagar antes del 30 de junio o enfrentar el juicio

En la misma sesión, el Senado vota el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza al Estado nacional a pagar US$ 67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, totalizando US$ 171 millones en pagos a dos grupos de tenedores de bonos soberanos impagos emitidos antes del 1 de enero de 2002.

El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para efectivizar esos pagos, motivo por el cual requiere aprobación parlamentaria con urgencia. Un primer intento de votación fracasó cuando el fondo Attestor informó a último momento que los bonos listados en el anexo del proyecto no correspondían a los efectivamente involucrados en el litigio, lo que obligó a una segunda prórroga. La modalidad acordada es entrega contra pago: los acreedores entregarán los títulos a la Argentina libre de gravámenes, y el Estado se comprometió a presentar documentación ante los organismos judiciales para lograr el archivo con efecto de cosa juzgada.

Si bien el pago cierra un riesgo específico de litigios sobre activos argentinos en el exterior, como las acciones de YPF, la decisión profundiza la lógica de priorizar los compromisos con acreedores especulativos mientras el ajuste sobre salarios, jubilaciones y gasto social se sostiene mes a mes.

50 jueces y el hijo de Rosatti: el Poder Judicial también se negocia

El temario de la sesión contempla además la aprobación de 50 pliegos de los 73 dictaminados para cubrir vacantes judiciales, incluyendo jueces, fiscales y defensores. El listado definitivo no fue difundido previamente y se conocerá antes del inicio de la sesión, según informó el presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Juan Carlos Pagotto.

Entre los pliegos que sí entrarán figura el del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. No ingresa, en cambio, el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya postulación generó tensiones internas y con aliados legislativos del oficialismo.

La postergación del pliego de Michelli no cambia el panorama de fondo: el oficialismo avanza en la colonización del Poder Judicial con magistrados de su confianza, al mismo tiempo que la vicepresidenta Victoria Villarruel preside la sesión con un temario que, según la oposición, tiene marca oficialista de principio a fin.

Puntos clave

• El Senado vota la eliminación del límite del 15% a la posesión de tierras rurales por extranjeros, derogando en los hechos la Ley 26.737 de protección territorial sancionada en 2011.
• El proyecto también deroga las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego para zonas afectadas por incendios, eliminando el desincentivo legal a la quema especulativa con fines inmobiliarios.
• Un estudio del CONICET y la UBA de enero de 2026 ya reveló 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras y 36 departamentos que superaban el tope legal hoy en riesgo.
• En la misma sesión se autoriza el pago de US$ 171 millones a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, con plazo límite el 30 de junio.
• El temario incluye también la aprobación de 50 pliegos judiciales, entre ellos el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.