Lawfare
Un año sin libertad: el kirchnerismo no olvida el fallo que encerró a Cristina
Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que ejecutó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. El kirchnerismo denuncia proscripción, la militancia sostiene vigilias y la campaña «Cristina Libre» se instaló como bandera opositora central.
El 9 de junio de 2025, en un clima de extrema tensión social e institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la expresidenta y dejó firme la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la denominada Causa Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para el kirchnerismo y numerosos organismos de derechos humanos, el fallo consumó el acto de lawfare más contundente de la historia judicial argentina reciente.
Los días previos a la resolución estuvieron marcados por la movilización militante y el estado deliberativo del Partido Justicialista (PJ), cuya titular era la propia expresidenta. Frente a su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, miles de simpatizantes montaron guardias de apoyo y vigilias que se extendieron durante semanas, bajo la consigna de resistir lo que el espacio político denunció como una maniobra de proscripción electoral.
El discurso del balcón y el «certificado de dignidad»
El propio 9 de junio, horas antes de conocerse la resolución definitiva, Cristina Fernández de Kirchner dio su último discurso presencial en la sede del PJ en Matheu 130. Frente a una multitud que la ovacionó, la expresidenta calificó su inminente detención domiciliaria como un «certificado de dignidad» ante la persecución del denominado «Partido Judicial». Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, distanciado en ese momento de la conducción del espacio camporista por la interna del PJ, asistió para expresarle su solidaridad, aunque fue recibido con provocaciones por parte de la militancia.
La idea de resistir colectivamente el arresto fue descartada con rapidez. La propia Kirchner esperó la notificación del fallo confinada en su departamento. El 17 de junio recibió la notificación de forma virtual y comenzó a cumplir de inmediato la pena de prisión en esa misma dirección. El TOF 2 le impuso el uso de tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, condiciones que el kirchnerismo calificó como un «trato degradante» sin precedentes, señalando que ni siquiera se aplicaban a condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar.
Las movilizaciones y la tensión social
Desde el mismo día del fallo, la esquina de San José 1111 se transformó en punto de peregrinación permanente de la militancia kirchnerista. Las apariciones de Kirchner en el balcón de su vivienda generaron una doble reacción: euforia entre sus seguidores y rechazo entre sus detractores, quienes consideraron que la actitud era incompatible con una condena firme. La Justicia aclaró oportunamente que la expresidenta podía hacer uso del balcón con «buen juicio, prudencia y sentido común», lo que zanjó la polémica sin consecuencias procesales adicionales.
Entre el 10 y el 12 de junio de 2025, sindicatos y movimientos sociales protagonizaron cortes masivos en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, escalando el conflicto social. El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, con una convocatoria multitudinaria, pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial.
Las restricciones y el reclamo que no cesa
Desde su confinamiento, Kirchner recibió visitas de carácter político casi a diario, lo que motivó nuevas polémicas. Cuando se conoció una reunión con nueve economistas, el TOF 2 le impuso limitaciones estrictas: un máximo de tres personas en simultáneo y por no más de dos horas. Desde entonces, la defensa y el entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de esas condiciones, que califican de «objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias». Los pedidos de revisión fueron desestimados por la Justicia hasta la fecha.
La campaña «Cristina Libre» se consolidó como la principal demanda del ala kirchnerista del peronismo, aunque eso generó tensiones con otros sectores del PJ, en particular con la corriente que lidera Kicillof. Un año después del fallo, la disputa entre el derecho constitucional al ejercicio político y la ejecución de una condena cuya legitimidad una parte significativa del espectro político cuestiona abiertamente sigue sin resolución y opera como uno de los ejes más sensibles del escenario preelectoral argentino.
Puntos clave
- El 9 de junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.
- La expresidenta comenzó a cumplir la pena en su domicilio de San José 1111 el 17 de junio, con tobillera electrónica y restricciones de visitas impuestas por el TOF 2.
- Entre el 10 y el 12 de junio se produjeron cortes masivos en accesos a la Ciudad; el 18 de junio se realizó una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo sin apoyo oficial de la CGT.
- Los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia. El tope de tres visitas simultáneas y dos horas de duración sigue vigente.
- La campaña «Cristina Libre» se impuso como bandera central del kirchnerismo, aunque genera tensiones con otros sectores del peronismo encabezados por Kicillof.
Judiciales ⚖️
El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y los Milei sumaron jueces clave a Comodoro Py
La Cámara alta dio acuerdo a los candidatos de Milei para la estratégica Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisará el caso $LIBRA, el escándalo de ANDIS y otras causas sensibles para el oficialismo. Bertuzzi y Yadarola encabezaron la lista de designaciones impulsadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El Senado aprobó este jueves 67 pliegos judiciales en una sesión conducida con los votos negociados por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Entre las designaciones que concentraron la atención política y judicial figura la de Pablo Bertuzzi, que consolida su posición en la Cámara Federal porteña, y la de Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico que pasa a integrar la Sala I, el tribunal de Comodoro Py con competencia directa sobre los expedientes de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado más sensibles para el Gobierno nacional.
La sesión que el oficialismo no podía perder
La sesión no estaba garantizada al comienzo de la semana. Bullrich debió negociar con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales para reunir el quórum necesario y, como parte del acuerdo, amplió el temario con iniciativas reclamadas por los sectores aliados: proyectos de declaración, resoluciones con dictamen de comisión y otros pedidos que los bloques opositores habían condicionado como requisito para su acompañamiento. El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, planteó cuestiones de privilegio y exigió que el Senado discutiera el problema del endeudamiento, pero la voluntad del oficialismo de avanzar con las designaciones se impuso en el recinto.
La jornada fue también escenario de otras disputas. La senadora jujeña Carolina Moisés planteó una cuestión de privilegio contra el Presidente por sus ataques sistemáticos a periodistas. «El Presidente ataca a cualquiera que piense distinto, está degradando la Presidencia», sostuvo durante su intervención. El kirchnerista Eduardo Wado de Pedro denunció lo que definió como un «plan sistemático de destrucción del sistema científico tecnológico argentino», señaló que 1.200 investigadores quedaron afuera del ingreso a la Carrera del Investigador del Conicet y cuestionó el recorte de becas posdoctorales. En la misma línea, el senador por San Luis Fernando Salino habló de un «cientificidio» e instó al Senado a atender la sangría de capital humano que implican los recortes en ciencia.
Por qué Bertuzzi y Yadarola son los nombres del día
La Sala I de la Cámara Federal tiene una función institucional precisa: revisar las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en causas que involucran corrupción, delitos económicos y crimen organizado. En ese universo se encuentran algunos de los expedientes más cargados políticamente. Entre ellos, el caso $LIBRA, en el que están bajo investigación el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei por la creación y promoción de una criptomoneda que desplomó su valor tras el lanzamiento; la causa que examina las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y las investigaciones que recaen sobre el Jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito.
Bertuzzi ya venía ejerciendo funciones en la Cámara Federal y se había presentado al concurso del Consejo de la Magistratura para regularizar su situación. Su historial en el tribunal no es neutral: junto con el juez Mariano Llorens integró la sala que dictó resoluciones consideradas favorables al espacio político hoy en el Gobierno, lo que durante años motivó cuestionamientos del kirchnerismo sobre el origen de sus traslados durante la gestión de Mauricio Macri. Yadarola, proveniente del fuero Penal Económico, también atravesó el proceso de selección del Consejo antes de ser elegido por el Ejecutivo para cubrir la vacante.
El récord de Mahiques y la arquitectura judicial del Gobierno
La sesión del jueves no es un episodio aislado. Desde que asumió como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques aceleró el envío de candidatos al Senado como ningún otro funcionario del área en la historia reciente: el Poder Ejecutivo ya había elevado 203 pliegos antes de esta jornada. En junio, la Cámara alta aprobó 74 designaciones; en julio, otras 29. Con los 67 de este jueves, el Gobierno acumula una reconfiguración judicial de alcance inédito, con particular énfasis en los tribunales federales con competencia penal.
Entre las designaciones previas que ya generaron debate aparece la de María Verónica Michelli, aprobada en junio para el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. El caso ilustra la metodología: el Gobierno intentó retirar su candidatura después de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso $LIBRA, pero finalmente avanzó con el pliego.
La sesión también incluyó el pliego de Agustín Rubiero, fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del Tribunal de Apelaciones de la AFA, propuesto para la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones. Junto con las designaciones, el Senado aprobó cinco acuerdos internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el tratado de extradición con Chile, el Tratado de Medellín sobre cooperación jurídica electrónica y el convenio con Ucrania para el traslado de personas sentenciadas.
La agenda que viene
En paralelo a la sesión, Bullrich ya prepara la agenda legislativa de la semana siguiente. El oficialismo buscará avanzar con el Súper RIGI, que tendría modificaciones y debería volver a Diputados, y con el proyecto de ley de sociedades impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También cedió espacio para el debate del proyecto de biocombustibles, impulsado por senadores de provincias productoras del norte, que plantea cambios en el régimen para el biodiésel y el bioetanol.
La concentración de nombramientos en los tribunales con competencia sobre las causas más sensibles para el propio Ejecutivo alimenta la sospecha, sostenida por la oposición en cada sesión, de que el objetivo no es simplemente normalizar el funcionamiento del Poder Judicial, sino construir condiciones favorables antes de que esos expedientes lleguen a la instancia de revisión. El oficialismo, con los votos suficientes, avanzó igual.
Puntos Clave
- El Senado aprobó 67 pliegos judiciales en una sesión que Bullrich negoció con bloques dialoguistas de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
- Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se incorporan a la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisará el caso $LIBRA, la causa ANDIS y el expediente de enriquecimiento ilícito de Adorni.
- Desde que asumió Mahiques, el Gobierno elevó 203 pliegos y el Senado aprobó más de 170 designaciones judiciales en menos de un año.
- Wado de Pedro denunció la exclusión de 1.200 investigadores del Conicet como parte del ajuste en ciencia y tecnología.
- El oficialismo prepara para la próxima semana el debate del Súper RIGI y la ley de sociedades de Sturzenegger.
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