Diputados y senadores de Unión por la Patria y el bloque Justicialista presentaron este miércoles un documento ante la Corte Suprema en el que denuncian una «proscripción política inadmisible en democracia» y cuestionan las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más restrictivas que las impuestas a genocidas y narcotraficantes condenados en causas federales.

Al cumplirse exactamente un año de la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que la Corte Suprema ratificó el 10 de junio de 2025 en la causa Vialidad, legisladores del peronismo se presentaron en el Salón Provincias Unidas del Senado de la Nación para rechazar el fallo y elevar un reclamo formal al máximo tribunal del país. La jornada combinó una conferencia de prensa institucional en el Congreso, una vigilia nocturna y una concentración popular frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El documento y los argumentos legislativos

El texto presentado ante la Corte Suprema sostiene que el accionar del Poder Judicial en el caso Kirchner constituye, según los bloques firmantes, un caso de «proscripción política inadmisible en tiempos democráticos» y advierte que las decisiones adoptadas en la causa tienen implicancias que exceden el plano individual y afectan el funcionamiento del sistema democrático. El documento agrega que «la democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político».

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, fue uno de los oradores más enfáticos de la jornada. «Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner», afirmó ante los medios presentes. La referencia al trato diferencial no es retórica: se basa en un informe elaborado por los propios consejeros kirchneristas del Consejo de la Magistratura.

El informe del Consejo de la Magistratura: datos que avalan el reclamo

El 8 de junio de 2026, dos días antes del aniversario, los consejeros Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y César Grau presentaron públicamente los resultados de un pedido de acceso a la información pública sobre las condiciones de prisión domiciliaria en causas federales de todo el país. Los datos resultan contundentes: sobre un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, apenas el 1,76% registra restricciones de visitas. Kirchner integra ese ínfimo porcentaje mientras el 98,24% restante puede recibir visitas sin limitaciones.

Entre los condenados por delitos de lesa humanidad, el 84,38% no presenta restricciones de visitas y el 56,25% cuenta con permisos de salida. Para los detenidos por narcotráfico, las restricciones de visitas alcanzan apenas al 0,86% de los casos, es decir, ocho personas sobre 1.280. La consejera Siley destacó además que, entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Kirchner es la única con limitaciones para recibir visitas. La expresidenta solo puede recibirlas dos días por semana, durante dos horas cada jornada y con un máximo de tres personas, previa autorización judicial individualizada.

Kicillof: «una enorme infamia»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó su voz al reclamo con un mensaje en sus redes sociales. «Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real», escribió. El mandatario bonaerense señaló que la sentencia en la causa Vialidad presenta dos vicios estructurales: se responsabilizó a Kirchner por la adjudicación de obra pública, una atribución que correspondía al Ministerio de Planificación y no a la Presidencia, y se la condenó sin prueba directa de participación, recurriendo al argumento de que, dado su cargo, «no podía no saber» del esquema irregular. «Cristina es inocente y continúa injustamente detenida», concluyó Kicillof.

La movilización y el banderazo del 20 de junio

La jornada del miércoles incluyó una concentración a partir de las 16 horas frente al edificio de San José 1111, convocada bajo las consignas «Cristina Libre» y «contra la proscripción». La militancia kirchnerista, encabezada por La Cámpora junto a otras organizaciones sociales y políticas del peronismo, organizó además una vigilia nocturna para esperar el aniversario. Entre las dirigentes que expresaron su respaldo se contó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La agenda de movilización continúa: el sábado 13 de junio está previsto un festival denominado «Cristina libre» en la ex ESMA, y el miércoles 18 se conmemorará el primer aniversario de la masiva concentración en Plaza de Mayo que siguió a la confirmación de la detención domiciliaria. El cierre del ciclo será un banderazo convocado para el 20 de junio en el Parque Lezama, al que adhirieron intendentes, legisladores nacionales y referentes de más de veinte partidos y organizaciones sociales, con el objetivo de visibilizar el reclamo de libertad de cara al ciclo electoral 2027.

Puntos clave

• Legisladores de Unión por la Patria y el bloque Justicialista presentaron ante la Corte Suprema un documento que califica la situación de Cristina Kirchner como una «proscripción política inadmisible en democracia».
• Un informe del Consejo de la Magistratura reveló que el 98,24% de los detenidos con domiciliaria no tiene restricciones de visitas; Kirchner integra el 1,76% con mayores limitaciones.
• Entre los condenados por delitos de lesa humanidad, el 84,38% no tiene restricciones de visitas; entre los narcotraficantes, apenas el 0,86% de los casos registra ese tipo de limitación.
• El gobernador Axel Kicillof calificó el fallo como «una enorme infamia» y afirmó que la expresidenta «es inocente y continúa injustamente detenida».
• El peronismo convocó a un banderazo para el 20 de junio en Parque Lezama, al que adhirieron más de veinte fuerzas políticas y organizaciones sociales.