Tras tres audiencias ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires dio por cerrada la etapa de mediación porque el Gobierno nacional no presentó ninguna propuesta de pago para cubrir la deuda con el sistema jubilatorio bonaerense. El DNU 280/2024, con el que Milei cortó las transferencias previsionales, está en el centro del litigio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda por fondos adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y anunció que la Provincia dará por terminada la etapa de conciliación para avanzar por la vía cautelar. El reclamo involucra más de $2,3 billones en transferencias previsionales que el Gobierno nacional dejó de girar al sistema jubilatorio bonaerense desde la asunción de Javier Milei.

Tres audiencias, cero propuestas

A la salida del máximo tribunal, Kicillof describió con precisión el patrón que se repitió a lo largo de las tres instancias judiciales: el Gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta de adelantos en la audiencia anterior, y volvió a incumplir. «El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos», afirmó el gobernador. «En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar», agregó.

El patrón dilatorio no es nuevo. La primera audiencia se realizó el 17 de marzo de 2026, cuando la ANSES argumentó no contar con información suficiente para calcular los montos adeudados y el máximo tribunal le otorgó un plazo de 30 días. En la segunda audiencia, el 21 de abril, la Corte emplazó a la Nación a presentar una propuesta formal antes del 10 de junio. Ese plazo venció hoy sin propuesta alguna.

El DNU que cortó las transferencias

El conflicto tiene un origen preciso: el DNU 280/2024, firmado por Milei en marzo de 2024, mediante el cual el Gobierno nacional suspendió las transferencias que la ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, conservan sus propias cajas jubilatorias sin haberlas transferido al Estado nacional. La administración bonaerense impugna la constitucionalidad del decreto y sostiene que sus fundamentos carecen de sustento jurídico suficiente para justificar la medida.

El sistema en disputa es el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones y pensiones provinciales. Desde la suspensión de las transferencias, la Provincia no recibió un peso por ese concepto. Kicillof remarcó que los recursos reclamados son «fondos adeudados de manera obligatoria» y que la demanda busca garantizar el financiamiento del sistema jubilatorio para los jubilados y jubiladas bonaerenses.

Buenos Aires, la excepción en el mapa de la deuda

Uno de los argumentos más contundentes de Kicillof apuntó directamente a la selectividad del incumplimiento: otras provincias con sistemas previsionales propios ya recibieron adelantos del Gobierno nacional, mientras Buenos Aires continúa sin una propuesta concreta. «Si bien a algunas jurisdicciones ya les han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias», denunció el gobernador.

La lectura política del mandatario es directa: el superávit fiscal que el gobierno de Milei exhibe como principal logro de gestión se financia, en parte, con el no pago de obligaciones constitucionales hacia los distritos y los sectores más vulnerables.

La magnitud del reclamo: la mitad de un presupuesto provincial

El reclamo previsional de $2,3 billones es solo una de las ocho demandas que la Provincia de Buenos Aires mantiene ante la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por distintos recortes de fondos. En total, según informó el propio Kicillof, las demandas acumulan más de $22 billones en recursos que la Provincia dejó de percibir. «No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia», subrayó el mandatario.

Los restantes siete litigios abarcan fondos para seguridad, transporte, salarios docentes y programas específicos eliminados o recortados. De todos ellos, solo la causa previsional registra avances concretos en el calendario judicial.

Próximos pasos: la cautelar en manos de la Corte

Con la conciliación agotada, la Provincia formalizó su pedido para que la Corte Suprema despache la medida cautelar solicitada en el marco de la demanda principal. La cautelar busca que el tribunal ordene a la Nación restituir el mecanismo de actualización de transferencias original, calculado sobre inflación real y no sobre estimaciones presupuestarias, para evitar que se continúen generando nuevos perjuicios mientras se resuelve el fondo del litigio.

De la audiencia participaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del IPS, Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

Puntos clave

• La Provincia de Buenos Aires dio por cerrada la etapa de conciliación ante la Corte Suprema por la deuda previsional de $2,3 billones que la ANSES mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense.
• El Gobierno nacional incumplió en tres oportunidades el compromiso de presentar una propuesta de adelantos ante el máximo tribunal.
• El conflicto se originó en el DNU 280/2024 de Milei, que suspendió las transferencias obligatorias a las provincias con cajas jubilatorias propias.
• Buenos Aires no recibió fondos mientras otras provincias en igual situación ya obtuvieron adelantos del Gobierno nacional.
• En total, la Provincia reclama más de $22 billones en ocho causas judiciales ante la Corte, equivalente a la mitad del presupuesto provincial anual.