Este miércoles 10 de junio se cumple un año exacto del fallo con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad. Un día después de esa resolución, el Tribunal Oral Federal N.° 2 (TOF 2) ordenó la ejecución de la pena, que se tradujo en la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica y restricciones severas de visitas. El kirchnerismo y amplios sectores del peronismo denominan esta situación una proscripción política, y hoy multiplican las acciones para visibilizarla.

Kicillof: «Una enorme infamia a la vista de todos»

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este miércoles un extenso mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo como «una enorme infamia a la vista de todos». «Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber'», escribió el mandatario. Kicillof también denunció que «los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos». El gobernador participó además de la concentración convocada para las 16 frente a la vivienda de la expresidenta, aunque, según trascendidos periodísticos, sin confirmar una reunión personal con ella ni con Máximo Kirchner, con quien el vínculo atravesó meses de distanciamiento interno.

La conferencia en el Senado y el documento a la Corte

A las 13 del mediodía, diputados y senadores de los bloques Unión por la Patria y Justicialista realizaron una conferencia de prensa en el Salón Provincias Unidas del Senado de la Nación, donde presentaron un documento formal que será remitido a la Corte Suprema de Justicia. En ese texto, los legisladores sostienen que la situación de la expresidenta constituye una «proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina» y exigen «el apego irrestricto a la ley y la Constitución Nacional». Los bloques afirmaron que las condiciones de detención son «objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias» y advirtieron que «ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad».

El informe de la Magistratura: más restrictiva que narcos y represores

Dos días antes de esta jornada, el lunes 8 de junio, consejeros de la Magistratura vinculados al kirchnerismo presentaron en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA un informe elaborado a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública que expone con datos oficiales las condiciones diferenciales de detención que padece la expresidenta. Los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti concluyeron que «Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico«.

Los datos son contundentes: sobre un total de 2.513 personas con prisión domiciliaria federal, apenas el 1,76% tiene restricciones de visitas similares a las que rigen para la expresidenta, mientras que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas, incluidos condenados por narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Las restricciones aplicadas a Kirchner fueron además endurecidas por el TOF 2 en noviembre de 2025: dos días por semana, dos horas y un máximo de tres personas por visita, con autorización judicial previa para cada caso. «La administración de justicia en la Argentina no existe más«, afirmó la senadora Fernández Sagasti al cierre del acto en la UBA.

El senador Mariano Recalde fue categórico: «Todo preso es político, y más que nadie hoy lo es Cristina Kirchner. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo». La consigna que circuló con fuerza entre intendentes del conurbano, legisladores y referentes del campo nacional y popular fue precisa: «No es una prisión, es un secuestro judicial».

La intendenta de Quilmes y las redes: «Manga de cagones»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referente del cristinismo, publicó un mensaje sin eufemismos en sus redes sociales: «Sin parar hasta verte LIBRE. Porque sos inocente. Porque sos digna de vivir como quieras. A toda la mafia junta, ELLA les gana. Manga de cagones». El posteo, que circuló ampliamente en redes, refleja el estado de ánimo de una militancia que, según encuestas recientes, ve crecer la imagen positiva de Kirchner por encima de la del propio Milei y la de otros dirigentes del espacio opositor.

Un año de condena: la cronología del escándalo judicial

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de la defensa de la expresidenta y dejó firme la condena dictada originalmente por el TOF 2. La sentencia incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. El fallo fue el punto de llegada de una causa que el campo nacional y popular impugna como un ejemplo paradigmático de lawfare a través del denominado «Partido Judicial» de Comodoro Py, una construcción que, según sus críticos, opera en sintonía con los intereses del poder económico concentrado para eliminar liderazgos populares del tablero político. La propia Kirchner ya había anunciado su intención de ser candidata a legisladora bonaerense cuando la Corte emitió su resolución, lo que llevó a sectores del peronismo a calificar el fallo de abiertamente proscriptivo.

El banderazo del 20 de junio en Parque Lezama

Las actividades de esta jornada del 10 son el inicio de una semana de movilización. El próximo miércoles 17 de junio se cumplirá un año del día en que se hizo efectivo el arresto domiciliario. Para ese día se prevén nuevas acciones parlamentarias. Y el sábado 20 de junio, Día de la Bandera, organizaciones kirchneristas, sindicatos y militancia de Fuerza Patria convocaron a un banderazo que partirá desde Parque Lezama hasta el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena. Trabajadores de más de 35 gremios adhirieron a la convocatoria. Según los organizadores, habrá discursos, consignas y un mensaje político que busca instalar la exigencia de libertad como eje de la agenda opositora de cara a un año electoral decisivo.

Puntos clave

• Este 10 de junio se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.
• Un informe del Consejo de la Magistratura reveló que apenas el 1,76% de los detenidos federales con prisión domiciliaria tiene restricciones de visitas similares a las impuestas a la expresidenta, condiciones más duras que las de condenados por lesa humanidad y narcotráfico.
• Diputados y senadores de Unión por la Patria y el bloque Justicialista presentaron un documento ante la Corte Suprema denunciando la «proscripción política» de la principal líder opositora.
• Axel Kicillof calificó el fallo como «una enorme infamia» y participó de la concentración frente a San José 1111, pese a los meses de distanciamiento interno con el kirchnerismo.
• El sábado 20 de junio habrá un banderazo desde Parque Lezama hasta el domicilio de Kirchner, con adhesión de más de 35 gremios.