El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, conocida como «Inocencia Fiscal». La maniobra, confirmada por registros de ARCA, les permite presentar una declaración jurada sin justificar las variaciones patrimoniales, precisamente el núcleo de la causa judicial que tramita ante el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito.

El movimiento, una jugada clave

Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirman que Adorni solicitó adherirse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Su esposa, Bettina Angeletti (CUIT 27-29865407-0), lo hizo el 31 de mayo pasado, según constancias oficiales con vigencia hasta el 9 de julio. El mecanismo es preciso en su alcance: el contribuyente declara exclusivamente ingresos, gastos y deducciones, sin obligación de justificar cómo varió su patrimonio durante el ejercicio.

La maniobra no es casual. La adhesión se produce días antes de que Adorni presente su demorada declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), cuya demora él mismo justificó en reiteradas ocasiones con argumentos que variaron a lo largo de los meses. Al ingresar al régimen simplificado, la declaración que finalmente presente no requerirá explicar de dónde provienen los fondos que la justicia federal detectó como incompatibles con sus ingresos declarados.

Lo que el régimen no obliga a explicar

La investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py identificó un conjunto de gastos y adquisiciones que el funcionario no logró justificar con sus ingresos oficiales. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares e incluye: refacciones por 245.000 dólares en efectivo y sin factura en la propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; la compra de un departamento en Caballito con una deuda declarada con dos jubiladas vendedoras cuyos hijos son socios en una desarrolladora inmobiliaria; gastos de tarjeta de crédito que superaron los 80 millones de dólares en 2025, muy por encima del sueldo del jefe de Gabinete; y viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares.

Al adherir al Régimen Simplificado, la declaración que presente Adorni calculará el impuesto a las ganancias únicamente sobre lo facturado, sin que el crecimiento patrimonial deba ser justificado. Es, en los propios términos con que el presidente Javier Milei celebró la ley cuando fue aprobada, la posibilidad de pagar ganancias «sólo por lo facturado» e «independientemente de su variación patrimonial».

El autor del elogio se convierte en su principal beneficiario

La situación presenta una contradicción que no pasó inadvertida. Cuando el Congreso aprobó la Ley 27.799, Adorni la celebró públicamente en sus redes sociales: «La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país», escribió. En febrero de 2026, cuando entró en vigencia plena la reglamentación, volvió a pronunciarse: «Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal, que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie». Pocos meses después, él y su esposa se convirtieron en sus usuarios directos, en el preciso momento en que la justicia aguarda explicaciones sobre cientos de miles de dólares de origen no justificado.

La ley fue impulsada originalmente en el Congreso por el diputado José Luis Espert. La norma no excluyó a los funcionarios públicos, técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente (PEP), del privilegio de no dar cuenta de su incremento patrimonial, lo que habilita que quienes ejercen cargos de máxima responsabilidad institucional accedan al mismo esquema de opacidad tributaria que cualquier contribuyente.

La causa avanza mientras el Mundial copa la agenda

El movimiento de Adorni y Angeletti se inserta en una estrategia de dilación que este medio documentó en entregas anteriores. El jefe de Gabinete postergó la presentación de su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción en sucesivas oportunidades, mientras la cobertura del Mundial de Fútbol FIFA 2026, que inició su fase de grupos con Argentina como sede, acaparó la atención pública y mediática. La coincidencia entre el inicio del torneo, la adhesión al régimen simplificado y la cercanía de la presentación de la declaración jurada configura un patrón que los investigadores judiciales ya habían anticipado.

En paralelo, la causa judicial no se detuvo. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal para Adorni y Angeletti, el peritaje de los dispositivos del contratista Matías Tabar y del productor televisivo Marcelo Grandio, amigo del funcionario cuya productora ImHouse es investigada por contratos irregulares con la Televisión Pública. La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete por presunto entorpecimiento de la justicia. Y el expediente analiza vínculos con la Causa $Libra, una estructura de movimientos financieros offshore que podría haber servido para canalizar los fondos cuyo origen la justicia intenta determinar.

La declaración jurada simplificada que presente Adorni será, según anticipó este medio, un documento que el propio régimen al que adhirió garantiza que no tendrá que explicar demasiado. La justicia, en cambio, tiene sus propias herramientas para buscar lo que la DDJJ omita.

Puntos clave

• Adorni y su esposa Bettina Angeletti adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias (Ley 27.799), que no obliga a justificar variaciones patrimoniales.
• La adhesión se produjo días antes de que Adorni presente su demorada declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
• El patrimonio investigado judicialmente supera los 840.000 dólares e incluye refacciones en efectivo, viajes de lujo y gastos de tarjeta incompatibles con el salario declarado.
• La Ley de Inocencia Fiscal, que el propio Adorni celebró públicamente, no excluyó a los funcionarios públicos (PEP) de sus beneficios.
• La causa judicial que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita continúa avanzando con peritajes, levantamiento de secreto fiscal y un pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano.