El Ejecutivo formalizó la eliminación de 58 regulaciones de comercio interior mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La medida consolida la desaparición definitiva de los programas de financiamiento al consumo y control de precios que caracterizaron la política económica de gestiones anteriores.

El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes la derogación de 58 normativas vinculadas al comercio interior, entre las que sobresalen las resoluciones que regulaban los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con las obligaciones que regían para las instituciones educativas privadas respecto a la notificación anticipada de sus aranceles. La medida quedó plasmada en la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, ambas publicadas en el Boletín Oficial de este martes 9 de junio de 2026.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que las derogaciones buscan aportar claridad al marco legal, eliminar ambigüedades regulatorias y reducir la incertidumbre jurídica. En los considerandos oficiales se argumentó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.

El fin del Ahora 12 y el Cuota Simple

El grueso de las normas derogadas corresponde a los programas de financiamiento al consumo: 30 resoluciones del Ahora 12 y el Cuota Simple quedaron definitivamente sin efecto, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados. El Gobierno justificó esta eliminación señalando que dichos programas perdieron vigencia al no haberse dispuesto su prórroga, y enmarcó la medida en lo que denominó un proceso de normalización del mercado de crédito orientado a restablecer las señales de precio y eliminar distorsiones en la asignación de capital.

Lo que el texto oficial omite es el impacto concreto sobre el poder adquisitivo de los sectores medios y bajos. El Ahora 12 y el Cuota Simple fueron instrumentos de acceso al crédito para la compra de electrodomésticos, indumentaria, calzado, turismo y tecnología, especialmente para trabajadores y jubilados que no disponen de acceso fluido al sistema financiero formal. Su eliminación no elimina la necesidad de financiamiento; la traslada al mercado informal, donde las tasas de interés son sustancialmente más elevadas.

El FETA y la cadena triguera

Otras 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) quedaron sin efecto. El texto oficial explicó que, tras disponerse la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del FETA, toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para su implementación quedó carente de objeto y de sustento legal. El FETA operaba como mecanismo de intervención directa sobre la cadena triguera para moderar el traslado a precios del pan y los productos derivados; su liquidación representa un eslabón más en el desmantelamiento de los instrumentos de regulación de precios de alimentos básicos.

Colegios privados sin obligación de informar aranceles

La medida también derogó 4 normativas que obligaban a las instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles ante el organismo competente y a contar con aval gubernamental para aplicar aumentos. El argumento oficial sostuvo que esa obligación incentivaba la distorsión de precios al provocar aumentos preventivos y arbitrarios, y limitaba la capacidad de adaptación de los colegios a la realidad económica y los costos operativos.

La lectura inversa es igualmente válida: la eliminación de esa obligación de notificación previa deja a las familias sin herramienta alguna para conocer con antelación los incrementos de cuotas, concentrando todo el poder de decisión en los establecimientos privados y colocando a los padres y madres ante hechos consumados. En un contexto donde el ingreso real disponible de los hogares acumula una caída del 12% respecto al promedio anterior a diciembre de 2023, según datos de la consultora Equilibra, la supresión de cualquier mecanismo de previsibilidad agrava la situación de las familias que sostienen la educación privada de sus hijos a costa de un esfuerzo creciente.

Un proceso sostenido de desregulación

Al anunciar la medida, el Ejecutivo destacó que desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio. Con las 58 normas derogadas este martes, el total de regulaciones eliminadas en el área de comercio asciende a 240, según el propio Gobierno.

Este proceso se inscribe en la línea del conjunto de medidas desreguladoras que la administración libertaria viene ejecutando de manera sostenida: la aprobación de la denominada Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, la reforma del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar las verificaciones, y múltiples resoluciones en materia de transporte, energía y servicios. La retórica oficial encuadra sistemáticamente estas iniciativas bajo la consigna de modernización y simplificación del Estado; la contracara es la eliminación de instrumentos de regulación que, con sus imperfecciones, cumplían funciones de protección al consumidor, acceso al crédito y previsibilidad de precios en sectores sensibles.

La coincidencia temporal tampoco es menor: la derogación del Ahora 12, el Cuota Simple y los Precios Cuidados se concreta cuando el comercio pyme acumula 12 meses consecutivos de caída en las ventas, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y cuando las familias destinan una porción creciente de sus ingresos a gastos fijos que, desde el inicio de la gestión Milei, acumulan una suba superior al 525%, de acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

Puntos clave

• El Gobierno derogó 58 normas de comercio interior mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial del 9 de junio de 2026.
• Quedaron eliminadas definitivamente 30 resoluciones que regulaban los programas Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria a Precios Cuidados.
• Se derogaron también 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y 4 que obligaban a colegios privados a notificar aranceles anticipadamente.
• El total de normas de comercio derogadas desde diciembre de 2023 asciende a 240, según datos oficiales.
• La medida se concreta en un contexto de 12 meses consecutivos de caída en las ventas del comercio pyme y de una suba acumulada de más del 525% en la canasta de servicios desde el inicio de la gestión libertaria.