Política 📢
Solicitan a la UIF investigar a Adorni por lavado de dinero
La presentación fue realizada por una organización especializada en delitos económicos luego de la difusión de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El planteo también alcanza a su esposa y solicita un análisis integral sobre bienes, movimientos y operaciones financieras.
Las claves
- El CIPCE presentó un pedido formal ante la UIF.
- La solicitud alcanza a Manuel Adorni y a Bettina Angeletti.
- La entidad pidió la apertura de un expediente de inteligencia financiera.
- El objetivo es analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
- También solicitó que se evalúe una eventual denuncia penal si surgen elementos suficientes.
- Entre los argumentos figuran operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y declaraciones públicas del funcionario.
- El organismo remarcó la obligación de aplicar controles reforzados sobre Personas Políticamente Expuestas.
Solicitan una investigación financiera sobre el patrimonio de Adorni
La controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentara un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La organización solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Además, requirió que, en caso de surgir elementos que lo justifiquen, se evalúe la presentación de una denuncia penal por presunto lavado de activos.
Qué reclama el CIPCE ante la UIF
Según la presentación, el organismo pidió que la UIF utilice las herramientas previstas dentro de sus facultades legales para monitorear de manera exhaustiva la situación patrimonial de Adorni y Angeletti.
El planteo sostiene que ambos se encuentran alcanzados por la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP), condición que implica controles específicos sobre el origen y la consistencia económica de los bienes declarados.
Entre las medidas solicitadas figura el análisis de la trazabilidad de fondos, la verificación del origen de los activos y el cruce de información con organismos estatales y entidades financieras.
Los argumentos incluidos en la presentación
Uno de los puntos señalados por el CIPCE se relaciona con la adquisición de inmuebles realizada durante los últimos años.
La organización menciona la compra de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la posterior adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025.
También incorporó observaciones vinculadas a sumas de dinero en efectivo, operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional y viajes en aviones privados junto a contratistas estatales.
El impacto de las declaraciones públicas de Adorni
La presentación también hace referencia a las declaraciones brindadas recientemente por el jefe de Gabinete respecto de los ahorros familiares.
Durante una entrevista televisiva, Adorni afirmó: «Ahorramos en negro como todos los argentinos».
El CIPCE considera que esos dichos generan interrogantes vinculados a los estándares de transparencia que deben observar los funcionarios públicos y respecto del origen de los fondos involucrados.
Asimismo, recordó que el funcionario reconoció omisiones en declaraciones juradas correspondientes a años anteriores.
Operaciones inmobiliarias bajo análisis
Otro de los aspectos incluidos en el planteo está relacionado con testimonios incorporados en expedientes judiciales federales.
Según indicó la organización, algunas declaraciones sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haberse escriturado por el valor efectivamente abonado.
El CIPCE sostuvo que una eventual confirmación de esa situación podría derivar en evaluaciones vinculadas a posibles maniobras de simulación patrimonial.
La referencia a la Ley de Inocencia Fiscal
La entidad también se refirió a la adhesión de Adorni y Angeletti al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.
En ese sentido, señaló que dicha normativa no modifica las facultades de control de la UIF ni limita las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos.
Además, recordó que las Personas Políticamente Expuestas continúan sujetas a mecanismos reforzados de supervisión.
El contexto internacional mencionado por la organización
La presentación firmada por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, incluyó referencias al seguimiento internacional que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina.
Según expuso la entidad, los estándares internacionales impulsan medidas orientadas a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos económicos vinculados con hechos de corrupción.
Por ese motivo, el organismo sostuvo que una actuación rápida y efectiva de la UIF resulta relevante en casos que involucran a funcionarios de alta jerarquía.
Investigación 🔎
Causa ANDIS: le negó a la Justicia los correos de la Suizo por las coimas y quedó libre de culpa
La Sala I de la Cámara Federal desligó al jefe de sistemas de la droguería de los Kovalivker, que en pleno allanamiento se negó a entregar las claves de los mails corporativos. Para los camaristas no hubo dolo: el técnico solo hizo lo que le indicó el abogado de la empresa.
Las claves de los correos electrónicos de la droguería que está en el centro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no llegaron a manos de la Justicia el día del allanamiento, y nadie va a responder penalmente por eso. El único imputado por haber cerrado esa puerta a los investigadores acaba de quedar libre de toda acusación.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker. Díaz estaba imputado por desobediencia a un funcionario público, y los camaristas resolvieron cerrar su situación por «no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto».
Qué pasó en el allanamiento de Avenida Monroe
El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento a la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi.
Ese día, Díaz se negó a blanquear las contraseñas de los correos de la firma y a dar acceso a las autoridades. Su argumento fue que no contaba con la autorización de los directivos ni del abogado de la empresa. La negativa motivó que el propio Casanello lo denunciara por obstaculizar la investigación, y el expediente derivado quedó luego en manos del juez federal Julián Ercolini, que lo citó a indagatoria. En abril de este año, Díaz se presentó y entregó un escrito en el que defendió su postura.
Los argumentos de los camaristas
Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que la conducta del técnico «resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial», ya que el abogado de la droguería le había indicado que no estaba obligado a cooperar. En otras palabras, el consejo legal de la propia empresa investigada funcionó como escudo para quien frenó el acceso a la prueba.
Llorens adhirió al sobreseimiento con un fundamento propio: planteó que la intervención de Díaz en el procedimiento «respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona».
La composición del tribunal no es un dato menor. Bertuzzi llegó a la Cámara Federal mediante un traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, y Llorens quedó asociado en la memoria pública a sus partidos de pádel con el entonces presidente en la Quinta de Olivos. Es la misma Sala que suele tener la última palabra sobre las causas más sensibles del poder político que tramitan en Comodoro Py.
Una droguería en el centro de la trama
Los correos que Díaz no habilitó pertenecen a la empresa que la Justicia investiga como pieza clave del presunto circuito de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La causa se analizan más de 600 contratos entre la ANDIS y la Suizo Argentina, bajo sospecha de sobreprecios y licitaciones direccionadas.
El expediente estalló a partir de los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem. En el megaoperativo de agosto de 2025, en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones.
En la causa principal, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas Spagnuolo, y ordenó peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados en las oficinas de la Suizo Argentina. Mientras la investigación avanza a paso lento sobre el corazón del negocio, cada resolución que despeja a un engranaje de la estructura empresarial alimenta la sospecha de una Justicia que mide con distinta vara.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal (Bertuzzi, Llorens y Yadarola) sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la Suizo Argentina.
- Díaz se negó a entregar las claves de los correos de la droguería durante el allanamiento del 29 de agosto de 2025.
- Estaba imputado por desobediencia a un funcionario público tras una denuncia del juez Casanello.
- Los camaristas entendieron que no hubo dolo, porque el abogado de la empresa le dijo que no estaba obligado a cooperar.
- En la causa principal hay 19 procesados, entre ellos el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
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