Una empresa de venta de combustible con un solo empleado registrado, creada en 2016 con un patrimonio neto de $17.390, cerró 2024 con más de $2.026 millones. Ese fue uno de los datos que el fiscal federal de Santiago del Estero puso sobre la mesa para sostener una acusación por lavado de dinero contra el entorno del tesorero de la AFA. Ese expediente acaba de quedar vacío para buena parte de los imputados, sin que ningún juez discutiera esas cifras.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que concentra la mayoría de las causas que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a 13 familiares y socios de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad: Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana. La medida alcanzó también a las empresas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SA.

Entre los beneficiados figuran el hermano del dirigente, Darío Fabián; su ex esposa, María Julia del Castillo Orellana, y su actual pareja, María Florencia Sartirana. En la resolución, firmada el miércoles, el magistrado fundamentó la decisión en que fueron sobreseídos «por no existir acción penal legalmente promovida a su respecto». El fallo no alcanza a Toviggino ni al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

Un cierre por falta de impulso, no por falta de pruebas

El sobreseimiento no declara inocentes a los imputados ni evalúa la prueba reunida; se limita a constatar que no quedó ningún fiscal sosteniendo la acusación. Para entender cómo se llegó a ese punto hay que reconstruir el recorrido del expediente, que tuvo más vueltas que avances.

En abril, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó el requerimiento del fiscal el mismo día en que regresó de sus vacaciones. Poco después fue apartado de la causa, cuando se detectó que su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Según reconstruyó el diario La Nación, cuando la Cámara Federal de Tucumán podía revocar aquella desestimación, el fiscal general Rafael Vehils Ruiz desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia, y la Cámara Federal terminó enviando el expediente al juzgado de Campana, que ya acumulaba otras causas ligadas a la AFA.

Un juez apartado por un negocio inmobiliario con la familia investigada, un fiscal superior que abandonó el recurso y un tercer magistrado que cerró la causa por una cuestión formal: ese fue el destino de la acusación.

Lo que había reunido el fiscal Simón

La causa se inició en diciembre del año pasado a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi por la presunta sustracción de fondos del patrimonio de la AFA. El fiscal federal Pedro Simón acusó a los jerarcas de la entidad de liderar una asociación ilícita y una maniobra de lavado que habría comenzado en 2018, y pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, además de imputar a más de dos decenas de personas.

Según su dictamen, el dinero tendría tres orígenes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar a ARCA los impuestos correspondientes mediante facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas junto con la compra de moneda extranjera en el mercado informal.

En casi cuatro meses, el fiscal obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor y ARCA, entre otros organismos. Solo en Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles vinculados al entramado. La firma HT S.R.L., una de las sobreseídas, multiplicó su patrimonio neto unas 116.552 veces entre su creación y 2024.

El dictamen también describió otras sociedades del grupo. Carbello S.R.L. registró compras de bienes por más de 2 millones de dólares, y SOMA S.R.L., donde aparece la pareja de Toviggino, tenía a su nombre una docena de vehículos, varios de alta gama, y un avión privado. Sus acreditaciones bancarias pasaron de $1.831 millones en 2022 a $7.048 millones en 2023 y a $32.634 millones en 2024, para caer a $5.043 millones en 2025.

La versión de las defensas

El sobreseimiento fue solicitado por el abogado Álvaro Aitor Irazusta, defensor de la mayoría de los imputados, quien sostuvo que el fiscal, «sin ningún elemento más que un informe periodístico, formuló hipótesis extremadamente graves» contra sus representados. También afirmó que, tras una amplia investigación, no surgió ningún elemento que permitiera vincular las operaciones del Grupo HT con activos de origen delictivo.

La defensa habló de una acusación basada en un artículo de prensa, pero el expediente acumuló reportes de organismos oficiales del propio Estado. Esa contradicción nunca llegó a ser evaluada por un tribunal, porque la causa se cerró antes de discutir el fondo.

Por su parte, los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco, defensores de Sartirana, pidieron su sobreseimiento con el argumento de que las empresas VANDAP y WICCA, de las que forma parte, «no aparecen como receptoras directas de fondos de AFA por servicios inexistentes».

Un cerco judicial que sigue abierto

El alivio para el entorno familiar no despeja la situación de la cúpula de la AFA. El juez Diego Amarante procesó a Tapia y a Toviggino en otro expediente, la Cámara de Apelaciones confirmó esos procesamientos y la causa quedó encaminada a juicio oral. A eso se suma la disputa de competencia que debe resolver la Corte Suprema en la investigación por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida al tesorero.

En paralelo, ARCA denunció a la conducción de la entidad por el uso de facturas apócrifas por más de 916 millones de pesos, y en Estados Unidos un Gran Jurado en Miami avanza sobre los flujos de dinero canalizados a través de TourProdEnter LLC, la firma que administró contratos comerciales internacionales de la AFA. Mientras los expedientes se multiplican, ninguno llegó todavía a una instancia en la que se discutan los números que muestran cómo creció el patrimonio de las empresas del grupo.

Lo que tenés que saber:

• El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó a 13 familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas.
• La decisión se fundó en que no existía acción penal legalmente promovida, no en un análisis de la prueba.
• El fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino y detectado 35 inmuebles en Santiago del Estero.
• El primer juez de la causa fue apartado porque su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino.
• El sobreseimiento no incluye a Toviggino ni a Tapia, que enfrentan otras causas abiertas en el país y en Estados Unidos.