Judiciales ⚖️
Caso Maradona: la Fiscalía pidió 12 años para Luque y habló de desamparo
Los fiscales de San Isidro acusaron a Luque, Cosachov y Forlini de homicidio simple con dolo eventual, pidieron penas de hasta 12 años de prisión y solicitaron la absolución de Di Spagna, el único que, según dijeron, hizo lo que había que hacer.
Doce años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina. Ese es el pedido de la Fiscalía contra el neurocirujano Leopoldo Luque, el hombre que estaba al frente del equipo que debía cuidar a Diego Armando Maradona en sus últimos días. La acusación sostuvo que el ídolo fue dejado en una casa sin desfibrilador, sin ambulancia en la puerta y en manos de un grupo que nunca entendió que atendía a un paciente complejo.
Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaron este jueves sus alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Además de Luque, pidieron 10 años de prisión para la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov; cinco años para el psicólogo Carlos Díaz; y cuatro años para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Dolo eventual para tres, culpa para dos y una absolución
Ferrari fue preciso en la calificación. Sostuvo que Luque, Cosachov y Forlini «cometieron un homicidio simple con dolo eventual» en perjuicio de Maradona, mientras que Perroni y Almirón incurrieron en un «homicidio culposo». El fiscal aclaró que no pedirán la detención de los imputados, aunque solicitó que siga vigente la prohibición de salir del país.
El dato inesperado de la jornada fue la situación del médico clínico Pedro Di Spagna. La Fiscalía decidió no presentar cargos en su contra: Di Spagna vio a Maradona una sola vez, el 12 de noviembre de 2020, en el country San Andrés de Tigre, y cuando volvió el 18, el paciente no quiso recibirlo. «Es el único que hizo lo que había que hacer. Pedimos la absolución de Di Spagna», dijo Ferrari.
«Era vacío puro»: la casa de Tigre
La descripción del lugar donde Maradona pasó sus últimos días fue demoledora. Según Ferrari, la habitación de la casa del country San Andrés «no tenía nada», porque «no había abocats, ambú ni un desfibrilador», y en la puerta tampoco había una ambulancia. «Era vacío puro», resumió.
El fiscal calificó de «penosa» la internación domiciliaria y sostuvo que «los dos anillos de salud» no funcionaron: el primero, encabezado por Luque, Cosachov y Díaz; el segundo, comandado por Swiss Medical. Para Ferrari, los acusados «colocaron» a Maradona «en una situación de desamparo y librado de suerte» y ejecutaron acciones contrarias al arte de curar. «Maradona falleció por un edema, tenía tres litros de ascitis», recordó.
También apuntó contra el comportamiento de los acusados durante el debate: «Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que cuidaban a un paciente complejo». Recordó que en seis meses de juicio declararon más de 70 testigos en 50 audiencias, que Luque declaró «más de 12 veces» y que «nos intentaron hacer creer que Maradona murió súbitamente». «Hubo una desorganización absoluta», agregó.
No era un paciente sano
Iribarren se encargó de desarmar uno de los argumentos centrales de las defensas. Al repasar los antecedentes clínicos del astro, sostuvo que Maradona «no era un paciente sano después de la operación por el hematoma subdural en noviembre de 2020». «No tenía el corazón del toro como dijeron varias personas», expresó ante los jueces, y mencionó sus internaciones en la Clínica Olivos, el Sanatorio Ipensa, el Sanatorio Güemes y Fleni, entre otros centros de salud.
Las responsabilidades, una por una
Sobre Cosachov, Ferrari afirmó que «ignoró los signos de insuficiencia cardíaca» en el cuerpo de Maradona, que «no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria» en Tigre y que canceló la visita del clínico Di Spagna prevista para el 19 de noviembre de 2020.
Respecto de Perroni, el fiscal sostuvo que «no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo». Agregó que no reemplazó a los enfermeros que no tenían contacto con el paciente, que no reaccionó ante las comunicaciones de riesgo y que participó en la falsificación de las planillas de atención para simular controles inexistentes, lo que la Fiscalía denominó «las huellas del después».
En cuanto a Almirón, Ferrari señaló que «no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca», consignó falsamente que el paciente había sido revisado y no hizo el cambio de guardia según el protocolo. «El 25 del 11 no realizó los controles vitales que hubiesen permitido salvar la vida del paciente», sostuvo. Almirón fue el único de los acusados que no estuvo en la audiencia: su defensor, Franco Chiarelli, explicó que sufrió un «accidente con su bebé».
Dos versiones sobre una agonía
La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante 12 horas y que murió a raíz de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. Las defensas, en cambio, insisten en que se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. El punto de discusión no es menor: de esa diferencia depende si la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino fue una fatalidad o la consecuencia de un abandono.
En la sala estuvieron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, además de los abogados querellantes Fernando Burlando, Félix Linfante, Mario Baudry, Eduardo Ramírez, Gustavo Pascual y Fabián Améndola. El juicio es el segundo intento de la Justicia por llegar a una sentencia: el primer debate fue anulado en 2025 tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach, que participaba de un documental sobre el caso.
Tras la Fiscalía, será el turno de las querellas, que comenzarán con el abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, y continuarán el martes 13 y el miércoles 14. Las defensas alegarán el 20, 21 y 22 de octubre. El juez Gaig advirtió que no admitirá «interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones» y que no se permitirá una nueva producción extensa de la prueba.
Lo que tenés que saber:
- La Fiscalía pidió 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para Leopoldo Luque.
- Para Nancy Forlini pidió 10 años; para Agustina Cosachov, ocho; para Carlos Díaz, cinco; y para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, cuatro.
- Luque, Cosachov y Forlini fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual; Perroni y Almirón, de homicidio culposo.
- Los fiscales pidieron la absolución del clínico Pedro Di Spagna y no solicitaron la detención de los imputados.
- Las querellas alegan desde este jueves y las defensas lo harán el 20, 21 y 22 de octubre.
Denuncia
“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.
“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.
La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.
El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno
El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.
Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.
Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial
El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.
Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.
La pregunta que todavía no tiene respuesta
Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.
Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.
Lo que viene en Comodoro Py
La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.
Lo que tenés que saber:
- En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
- La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
- La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
- Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
- La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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