Región
Fin de la 6×1: Brasil discute trabajar menos antes del balotaje Lula-Bolsonaro
El Senado fijó cinco sesiones de debate y una votación posible el 15 de octubre para la enmienda que baja la jornada máxima de 44 a 40 horas y garantiza dos días de descanso. Necesita 49 de los 81 votos.
Casi 40 millones de brasileños trabajan seis días para descansar apenas uno. Esa es la cifra que puso sobre la mesa el presidente del Senado de Brasil al anunciar que la Cámara alta debatirá, a días del balotaje, la enmienda constitucional que termina con la escala 6×1 y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales. En plena campaña, el país vecino discute cómo devolverles tiempo de vida a los trabajadores.
Davi Alcolumbre, titular del Senado, presentó este martes el calendario para tratar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/2019, que la Cámara de Diputados aprobó a fines de mayo. Aseguró que cumplirá exactamente el rito reglamentario, que exige cinco sesiones de debate antes de la votación. En la práctica, habrá cinco jornadas de discusión entre esta semana y la próxima, y la votación en primera vuelta podría llegar el 15 de octubre, diez días antes de la segunda vuelta presidencial.
Qué cambia para los trabajadores
La escala 6×1 es el régimen por el cual se trabaja seis días seguidos con uno solo de descanso. El texto en debate establece dos días de descanso semanal remunerado, sin reducción salarial, y baja el tope de la jornada de 44 a 40 horas semanales, según el detalle publicado por la prensa brasileña. El fin de la 6×1 es una de las prioridades del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso.
«Cada senador y senadora de esta legislatura tendrá la libertad de votar con su corazón, con su conciencia y con su convicción, si considera razonable disminuir la escala de trabajo de casi 40 millones de brasileños que viven en la escala 6×1 desde hace décadas», afirmó Alcolumbre, que ante los periodistas dejó entrever su postura personal favorable a la enmienda.
Una cuenta difícil y un reloj en contra
Para ser aprobada, la PEC necesita al menos 49 votos a favor, el 60% de los 81 senadores, en dos turnos de votación. Y entre uno y otro turno el reglamento exige otras tres sesiones de debate, por lo que no está garantizado que la aprobación definitiva llegue antes del 25 de octubre.
El camino ya venía trabado. Tras la media sanción de Diputados, Alcolumbre mantuvo el texto parado y recién en agosto lo giró a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), que lo aprobó a principios de septiembre. Aun así, no lo llevó al pleno: explicó que prefirió esperar el final de la primera vuelta, en la que muchos senadores competían por distintos cargos, para no generar incomodidades a sus colegas durante la campaña.
Ahora la resistencia se trasladó al recinto. La oposición acusa al oficialismo de usar el tema con fines electorales en medio del balotaje y sus líderes en el Senado articulan para no dar quórum en las sesiones de discusión. Del lado del Gobierno, algunos referentes reconocen que el avance de los candidatos de derecha en la renovación del Senado del domingo complica las chances de aprobarla. La oposición que se presenta como la voz del cambio busca vaciar el recinto para no tener que votar una mejora concreta para millones de trabajadores.
El telón de fondo: un balotaje cabeza a cabeza
La discusión llega en el momento más caliente de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo más de 56 millones de votos, alrededor del 47% de los válidos, contra casi 53,9 millones de Lula, cerca del 45%. Desde entonces, la alianza de União Brasil y Progressistas, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el excandidato Romeu Zema anunciaron su apoyo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Lula, por su parte, salió a buscar a los 29 millones de brasileños que no fueron a votar: «Tenemos que ir a buscar esos 29 millones de brasileños que no votaron, para que sepan que el voto es necesario para definir el futuro de este país».
En ese escenario, la reducción de la jornada se volvió tema de campaña: los senadores oficialistas recuerdan que el debate lleva años en el Congreso, y la oposición lo acusa de oportunismo electoral.
El contraste con la Argentina de Milei
La comparación con lo que ocurre de este lado de la frontera es inevitable. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y promulgada en marzo, mantuvo el tope de 8 horas diarias y 48 semanales que fija la Ley 11.544 desde 1929, e incorporó la posibilidad de pactar un banco de horas para compensar horas extras, siempre que se respeten 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
Los resultados que exhibe esa reforma, según estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG), están lejos de lo prometido: 36.000 empleos formales perdidos y 6.905 empresas menos en sus primeros cuatro meses de vigencia. Mientras Brasil debate trabajar menos sin ganar menos, la Argentina de Milei flexibilizó la jornada y, según el IAG, sigue perdiendo empleo registrado.
Lo que tenés que saber:
- El Senado de Brasil debatirá la PEC que termina con la escala 6×1 y baja la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales.
- Habrá cinco sesiones de discusión y la votación en primer turno podría ser el 15 de octubre; se necesitan 49 de los 81 votos en dos turnos.
- Según Davi Alcolumbre, casi 40 millones de brasileños trabajan bajo la escala 6×1.
- El balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva será el 25 de octubre.
- En la Argentina, la reforma laboral de Milei mantuvo el tope de 48 horas semanales e incorporó el banco de horas.
Política 📢
Santilli se escuda en Interpol y evita explicar la fuga de Flávio Bolsonaro
El jefe de Gabinete aseguró en Rosario que Flávio Bolsonaro “no tenía impedimentos de Interpol”, pero no habló de la orden del Supremo brasileño que le prohibía salir de Brasil ni de qué sabía el Gobierno antes de que el jet despegara de Puerto Iguazú.
Un senador con prohibición judicial de salir de Brasil cruzó a la Argentina y despegó rumbo a Estados Unidos en un jet privado, y la explicación del Gobierno de Javier Milei se resume en una frase: “no tenía impedimentos de Interpol”.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este jueves en Rosario, durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que encabezó el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Le preguntaron por Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, que cruzó a la Argentina por Puerto Iguazú el martes 27 junto a su esposa y sus dos hijas.
Lo que dijo Santilli
“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara”, sostuvo Santilli. Y añadió: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”. Antes había remitido a lo informado por el organismo: “ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”.
Sobre la derrota electoral del bolsonarismo, prefirió no opinar: “Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”.
Lo que no respondió
Santilli no mencionó la orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que en una investigación por presunto lavado de dinero le prohibió a Flávio salir de Brasil y le exigió entregar en 24 horas sus pasaportes común y diplomático, además de cualquier documento de otra nacionalidad. La notificación llegó el lunes 26 de octubre. El martes, al vencer el plazo sin que los entregara, la Policía Federal canceló sus pasaportes brasileños.
Tampoco explicó qué sabía el Gobierno argentino de esa orden. La propia Policía Federal de Brasil informó que el domingo, día de la segunda vuelta, advirtió al Supremo sobre un “riesgo inminente” de que Flávio dejara el país; según trascendió, el Gobierno brasileño alertó a las autoridades argentinas de ese riesgo.
Según una investigación publicada por un medio local, la Casa Rosada ofreció Puerto Iguazú como vía de salida y funcionarios nacionales conocieron los detalles del operativo; una fuente del Gobierno resumió la intención oficial: “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible”. En sus declaraciones en Rosario no hubo referencia a esa versión.
La ausencia de una alerta de Interpol no despeja esas dudas: la restricción era una medida judicial interna de Brasil, no un pedido internacional de captura. Fuentes judiciales señalaron que, sin circular roja, el tránsito por la Argentina no configuraría un delito y quedaría, a lo sumo, una responsabilidad política. La Policía Federal brasileña aclaró además que las restricciones sobre documentos de viaje no lo convertían en prófugo ni autorizaban a detenerlo. La pregunta de fondo es otra: si el Gobierno conocía la decisión del Supremo y aun así facilitó el tránsito.
Dos horarios para el mismo cruce
Migraciones había informado el martes que no tenía registro de ingreso de Flávio Bolsonaro y que el plan de vuelo del avión demorado en Puerto Iguazú no incluía a su familia. En la madrugada del miércoles cambió la versión: en un comunicado oficial confirmó que los cuatro ingresaron a las 22.50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves, “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, y que a las 23.30 abordaron un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil.
Ante la fiscalía, el organismo informó un horario distinto: ingreso a las 22.37 y egreso a las 23.52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú. La diferencia de trece minutos en el ingreso no fue aclarada en los textos oficiales conocidos hasta ahora. El jet, un Gulfstream G400 que había llegado el lunes por la noche desde Aeroparque, despegó a las 00.21 del miércoles, según los registros de vuelo difundidos.
Lo que dice Brasil
La Policía Federal de Brasil afirmó que no hay “ningún registro oficial” de la salida de Flávio por los puestos de control migratorio brasileños. Para entrar a la Argentina usó su pasaporte italiano, según información de las autoridades migratorias argentinas; la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, había confirmado en junio de 2025 que posee esa ciudadanía. Para ingresar a Estados Unidos, según registros que trascendieron, presentó su pasaporte brasileño, que ya estaba cancelado.
La causa en la Justicia argentina
El fiscal federal subrogante de Puerto Iguazú, Aníbal Fabián Martínez, archivó una denuncia por el ingreso de Flávio Bolsonaro por inexistencia de delito. Un día antes había pedido informes a organismos oficiales. Se basó en el informe de Interpol, que no registraba restricciones, requerimientos ni órdenes de captura, y en el de Migraciones. Consideró innecesario avanzar con otras pruebas solicitadas en las denuncias, entre ellas las cámaras de seguridad, la documentación aeroportuaria, los registros de pasajeros y las comunicaciones del avión, y envió copia de la resolución a la Fiscalía Federal N° 10 porteña, donde tramita otra investigación.
En Comodoro Py, en cambio, la investigación sigue. La fiscal Paloma Ochoa pidió informes a organismos oficiales, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, en una causa del juzgado federal de María Eugenia Capuchetti que se originó en la denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios. La diputada Marcela Pagano había denunciado el caso ante la Justicia de Puerto Iguazú, y el diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia. Un pedido de informes es una medida inicial y no implica que se haya probado un delito.
En el Congreso, la oposición presentó pedidos de explicaciones que alcanzan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al propio Santilli, y prepara interpelaciones para conocer los detalles del operativo.
Leé también: Flávio Bolsonaro: la Policía Federal admite que no registró su salida de Brasil
Lo que tenés que saber:
- Santilli sostuvo que Flávio Bolsonaro “no tenía impedimentos de Interpol” y que entró y salió con la documentación en regla.
- No habló de la orden del juez Moraes que le prohibía salir de Brasil ni de qué sabía el Gobierno.
- Migraciones informó dos horarios de ingreso distintos: 22.50 en su comunicado y 22.37 ante la fiscalía.
- La Policía Federal de Brasil afirmó que no hay registro oficial de su salida.
- El fiscal de Puerto Iguazú archivó una denuncia, pero la fiscal Paloma Ochoa pidió informes en Comodoro Py.
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