Investigación 🔎
“Perdoname por meterme con esa loca”: la frase de Cerimedo que lo hundió antes de cruzar los muros de Chonchocoro
El consultor político fue trasladado este martes desde Palmasola a la prisión de alta seguridad en el altiplano boliviano, a 35 kilómetros de La Paz, donde cumplirá 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito. Antes de ingresar, le pidió disculpas al presidente Rodrigo Paz por no haberle «hecho caso» respecto de su relación con la abogada Nadia Beller, víctima del atentado a balazos que lo tiene como principal sospechoso.
Esposado, con chaleco antibalas y casco de protección, así descendió Fernando Cerimedo del vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BOA) que lo llevó desde Santa Cruz de la Sierra hasta el aeropuerto de El Alto, en La Paz. Una hora después, a las 7:15 hora local, una caravana de vehículos policiales y de la Fiscalía lo trasladó al penal de Chonchocoro, situado en el altiplano, en el municipio de Viacha. Allí deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita en paralelo al proceso principal que lo acusa de ser el autor intelectual del ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista política Nadia Beller.
Cerimedo, asesor político argentino que prestó servicios al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y que fue identificado como colaborador de la campaña electoral que llevó a Paz al poder en octubre de 2025, acumula tres causas penales en Bolivia: la principal, por tentativa de feminicidio por el ataque con sicarios del 17 de agosto contra Beller; una segunda por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, objeto de la nueva detención en Chonchocoro; y una tercera por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra la misma víctima.
El mensaje antes de cruzar los muros
Momentos antes de ingresar al penal, Cerimedo habló brevemente con el diario boliviano El Deber y dirigió un mensaje al mandatario: «Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca.» La declaración, cargada de una violencia simbólica que no pasó inadvertida, alude al presunto consejo que Paz habría dado al consultor respecto de su relación con Beller, y al mismo tiempo revela que el vínculo entre ambos excedía con creces lo que el Gobierno boliviano intentó minimizar desde el estallido del caso.
Esa minimización tuvo varios capítulos. El 26 de agosto, Paz declaró en su cuenta oficial de Facebook que Cerimedo «jamás nos representó» y que su participación se limitó a la campaña electoral, sin contrato ni relación laboral directa. Días después, en una rueda de prensa, el propio Paz reconoció que Cerimedo colaboró para «poner a Bolivia en el mundo», describiendo su trabajo como parte de una estrategia de proyección internacional. El relato oficial fue cambiando a medida que la causa judicial avanzó y los chats difundidos por Beller vincularon al consultor con decisiones concretas del Gobierno.
La defensa que no pudo frenar el traslado
El equipo jurídico de Cerimedo hizo todo lo posible para impedir el traslado. Un tribunal de Garantías de Santa Cruz rechazó el viernes pasado el recurso que buscaba frenar la orden, dictada el 29 de agosto por un juzgado de La Paz en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El miércoles previo, una sala penal paceña había rechazado otra acción de libertad y confirmado la medida cautelar. El abogado defensor Ernesto Giraldes argumentó que Cerimedo podía ejercer su derecho a la defensa desde Palmasola, donde ya cumplía la primera prisión preventiva, y advirtió que el traslado podía implicar un riesgo para su vida, afirmando que el propio Cerimedo habría declarado ante el tribunal haber recibido advertencias de personas que pretenden silenciarlo.
Giraldes confirmó el traslado aproximadamente a las 6:30 hora local y anticipó que solicitará en una próxima audiencia que su cliente pueda «defenderse en libertad» en ambos procesos. Por su parte, el vicepresidente boliviano Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Paz, cuestionó públicamente los protocolos de seguridad utilizados durante el operativo, pidiendo que se explicaran las condiciones del traslado.
El caso que se expande más allá de Bolivia
El expediente contra Cerimedo tiene ahora ramificaciones que cruzan fronteras. La semana pasada, la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 69 votos a favor, la creación de una comisión especial investigadora para indagar la posible manipulación algorítmica y campañas de desinformación con granjas de bots en los procesos electorales chilenos desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva, tomó impulso a partir de la documentación que surgió en la causa boliviana, donde se identificaron cuentas coordinadas de la red social X que habrían operado para atacar a figuras públicas, incluida la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.
En Argentina, la Justicia ya actuó. Se inhibieron los bienes de Cerimedo y se reclamó el cobro de una deuda de 90.000 dólares. El Gobierno argentino, por su parte, reconoció que el consultor ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, en el período en que Javier Milei ejercía la presidencia.
Puntos clave
- Cerimedo fue trasladado este martes al penal de Chonchocoro para cumplir 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito.
- Antes de ingresar, pidió perdón al presidente Paz por no haber seguido su consejo respecto de su relación con Nadia Beller.
- La defensa fracasó en dos recursos sucesivos para impedir el traslado desde Palmasola.
- El caso derivó en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de Chile por el uso de granjas de bots en procesos electorales.
- El Gobierno argentino confirmó que Cerimedo ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada en 2024.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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