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La Justicia le cerró el paso a Spagnuolo: las pericias de los audios de la ANDIS seguirán adelante

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, para frenar el análisis forense de 58 archivos de audio que son prueba clave en la causa por presuntas coimas. El magistrado concluyó que la defensa actuó de manera procesalmente incoherente: primero reclamó las pericias y luego intentó paralizarlas. La defensa anunció que apelará.

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Sin salida: la Justicia le cerró el último escape a Spagnuolo y los audios de la ANDIS van a juicio.

Los peritos forenses de la Gendarmería Nacional deberán continuar con el análisis de los audios aportados a la causa ANDIS, tal como estaba pactado. Así lo determinó el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, al rechazar el planteo de la defensa del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien había cuestionado que el objeto de la pericia incluyera 58 archivos que, según alegaba, no formaban parte originalmente del expediente.

El rechazo es un golpe directo a la estrategia defensiva de uno de los procesados centrales en una causa que investiga un esquema de presuntas coimas en la contratación de prestadores de servicios de discapacidad durante la gestión libertaria. La defensa de Spagnuolo anunció que apelará la resolución.

El argumento del juez: coherencia procesal

En el escrito que fundamentó el rechazo, Lijo fue contundente: «La cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia.» El magistrado señaló que los 58 archivos cuestionados fueron identificados desde el inicio como «aquellos aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico», quien los hizo llegar a la investigación. En ese marco, el juez enfatizó que «no existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva.»

Lijo además marcó la contradicción central de la estrategia defensiva: la defensa de Spagnuolo no había cuestionado la decisión de ordenar las pericias en su momento; por el contrario, intervino activamente en su producción, designó perito de parte y propuso puntos para profundizar el análisis. «Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia», remarcó el juez en su resolución.

Qué se investiga en los audios

Los archivos en cuestión son el corazón de la causa ANDIS. Se trata de grabaciones en las que se atribuye a Spagnuolo participación en conversaciones vinculadas a un presunto esquema de cobro de coimas a prestadores de servicios de discapacidad a cambio de favores en la administración del organismo. La pericia ordenada por Lijo apunta a determinar si los audios son auténticos o si fueron editados o adulterados, un punto que la defensa pretendía convertir en la vía de escape procesal.

Spagnuolo fue procesado en febrero de 2026 junto a otras 18 personas por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo. El exfuncionario, que llegó al cargo durante la gestión del presidente Javier Milei, ya había intentado en instancias previas bloquear la producción de prueba pericial, incluyendo la negativa a aportar su propia voz como muestra comparativa para el análisis de autenticidad.

Una causa que toca el núcleo del poder libertario

La causa ANDIS no es un expediente aislado. Tramita en el mismo juzgado en el que el juez Lijo investiga el enriquecimiento ilícito del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares. Ambas causas forman parte del mismo mapa judicial que el Gobierno libertario ha intentado neutralizar con recursos procesales, cuestionamientos sobre la legitimidad de las pruebas y presiones sobre los testigos, según consta en las propias resoluciones judiciales.

En ese contexto, el rechazo de Lijo al planteo de Spagnuolo tiene un peso que va más allá del expediente técnico: cada intento de la defensa de paralizar la pericia fue leído por el magistrado como una maniobra dilatororia que no resiste el escrutinio de la coherencia procesal. El camino hacia el juicio oral se despeja un poco más.

Puntos clave

  • El juez Lijo rechazó el pedido de la defensa de Spagnuolo para frenar la pericia forense de 58 audios clave en la causa ANDIS.
  • El magistrado señaló que la defensa había intervenido activamente en la producción de las pericias y no podía pretender paralizarlas de manera coherente.
  • Los audios fueron aportados a la causa por el periodista Mauro Federico y están en el centro de la investigación por presuntas coimas a prestadores de discapacidad.
  • Spagnuolo fue procesado en febrero de 2026 por asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo, junto a otras 18 personas.
  • La defensa anunció que apelará la resolución, aunque el magistrado ya descartó que exista novedad o sorpresa en el objeto pericial cuestionado.

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Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas

La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.

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La investigación por presuntas coimas busca reconstruir el circuito del dinero en Tandanor.

La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.

El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.

La hipótesis que sigue la Justicia

La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.

El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.

Una denuncia nacida dentro del astillero

La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.

Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.

El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción

Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.

Puntos clave

  • La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
  • Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
  • La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
  • La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
  • La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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