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Kissinger y el Plan Cóndor
A cincuenta años del golpe de Estado genocida cometido por las fuerzas armadas y su pata civil y eclesiástica, la desclasificación de cables diplomáticos realizada hace unos cuantos años atrás, permitió confirmar que los Estados Unidos pergeñaron un plan estratégico para el Cono Sur. Repaso histórico y contexto local y regional.
Por Jesús Rivero
Los documentos desclasificados nos permiten precisión a la hora de analizar el genocidio sistemático en los países del Cono Sur y especialmente en Argentina.
La desclasificación de cables diplomáticos nos permite situar lo particular, en este caso Argentina, y la relación asimétrica con Estados Unidos. Es decir, como operó Estados Unidos a través de un plan estratégico y sistemático en el Cono Sur americano, llamado “Plan Cóndor”. No nos olvidemos que este genocidio sistemático es posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como efecto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para limitar el avance del Estado sobre los Derechos Civiles y Políticos y exigir que garantice y legitime los mismos.
La primera desclasificación de cables diplomáticos y entrega de documentos en el año 2002, luego la que prometió Obama cuando visitó Argentina en marzo de 2016, y las entregas por parte del Ejecutivo de Donald Trump con más de 43.000 fojas.
Luego de un tiempo prolongado de los hechos contar con la información de aquellas conversaciones y testimonios mantenidos entre altos cargos de los dos países, hace posible la reconstrucción de Verdad, Memoria y Justicia, para establecer como funcionó la máquina sistémica genocida que por mucho tiempo negaron y ahora intentan repetir.
Hoy no es posible una regresión en nuestro pueblo en materia de derechos humanos, porque como planteo en la página 171 de mi libro Amor y Cólera, Una Apuesta Política: “en nuestra patria, en nuestro suelo, acontecieron hechos sin precedentes, por medio de esta herramienta política que es el amor. Se realizaron juicios que no se hicieron ni en Núremberg, ni en Grecia, ni en el Sudeste asiático post-segunda guerra mundial”. Verdad que se hizo Memoria y Justicia por medio de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no fueron políticas explícitas de sus gobiernos, sino el medio, la expresión de un pueblo, sostenido por una historia, que hizo Justicia.
Esta introducción conceptual y molar nos permite y hace posible ir a lo particular del rol fundamental de Kissinger por medio de la desclasificación de los cables diplomáticos.
En primer lugar la Casa Blanca tras haber apoyado el golpe de Estado de Augusto Pinochet sobre Salvador Allende en Chile, género rechazo en muchos países del continente intento recomponer las relaciones con Latinoamérica. Nixon y Kissinger, quien en septiembre de 1973 fue nombrado secretario de Estado -aunque desde 1969 se desempeñaba en el cargo estratégico de Consejero de Seguridad Nacional-, lanzaron un nuevo diálogo con la región.
Durante el gobierno de Isabel Perón la relación bilateral fue contradictoria. Desde la Casa Rosada se enviaron señales a Washington para mejorar la relación a la vez que se anunciaron ciertas políticas nacionalistas que afectaban importantes negocios estadounidenses. El Fondo Monetario Internacional y la banca estadounidense retuvieron créditos destinados a la Argentina que ya habían sido aprobados, hasta asfixiarla financieramente, en las semanas previa al golpe.
El punto de inflexión fue en marzo de 1976 cuando asume el mando Jorge Rafael Videla, se nombra como Ministro de Economía a José Martínez de Hoz, con fluidos vínculos con David Rockefeller -hermano menor del vicepresidente Nelson- y la banca estadounidense. El genocida proclamó rápidamente su alineamiento con Occidente y la lucha contra el comunismo, siguiendo la doctrina de Seguridad Nacional, el parecido con el presente, no es casualidad.
La figura de Kissinger es fundamental para comprender el rol de Estados Unidos, antes, durante y luego del golpe de Estado. Los documentos desclasificados arrojan más luz sobre el apoyo político-económico de Kissinger a la dictadura incluso después de haber abandonado el Departamento de Estado y su particular al país en el mundial de 1978.
En 1969 cuando asume Nixon, intenta recomponer la relación con Latinoamérica y resolvió enviar al gobernador de New York y ex rival en la interna republicana Nelson A. Rockefeller, a visitar los países de la región. El viaje abarcó veinte países de Latinoamérica, que género múltiples protestas recordando la dificultosa gira de Nixon en 1958.
Rockefeller elevó un informe tras su periplo, en el que recomendaba que su país disminuyera las restricciones a la ayuda exterior hacia la región y que les otorgará a los países latinoamericanos preferencias especiales para acceder con sus exportaciones al mercado estadounidense. Más allá que Nixon prometió tener en cuenta las demandas planteadas por los gobiernos latinoamericanos emanadas del informe de Rockefeller y también las del National Security Study Memorandum N. 15 de Kissinger, en la práctica el apoyo económico hacia la región se redujo: en 1971, en apoyo fue sólo de 463 millones de dólares, 50% menos que el promedio de la década anterior. En el medio una crisis económica que llevo a la devaluación del dólar y a no poner en las prioridades a los países latinoamericanos.
Las relaciones con Washington se tensaron tras el triunfo del gran Héctor Cámpora, luego del golpe de Estado a Juan Perón, siete años de un gobierno de facto y 17 años de proscripción del movimiento. No se debe olvidar el discurso de asunción del “Tío”:
“La Organización de Estados Americanos sufre una profunda crisis. Lo que ocurre, en el fondo, es que no ha servido a los fines de la Liberación de Nuestros Pueblos, sino por el contrario ha contribuido a mantenerlos en la dependencia y el subdesarrollo. Surgido en los momentos álgidos de la guerra fría, ni siquiera se justifica ahora dentro de ese contexto, que debe considerarse totalmente superado por la nueva perspectiva internacional de la coexistencia pacífica y multipolarismo creciente. Todo indica como acabamos de señalar que los problemas latinoamericanos deben ser solucionados en nuestra propia sede’.
En esa misma línea, en junio de 1973, en Lima, Argentina planteó que era necesario reestructurar la Organización de Estados Americanos, como efecto de que Estados Unidos había alentado la balcanización americana. El representante argentino Jorge Vázquez exigió la revisión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y pidió también la reincorporación de Cuba, expulsada una década atrás.
Además reconoció los derechos de Panamá sobre el canal interoceánico, ocupado por Estados Unidos desde principio de siglo. Esta posición antiimperialista género simpatías en los países latinoamericanos, lo que llevo al gobierno de Nixon a reaccionar. La respuesta de Washington llegó días más tarde, negando que Estados Unidos tuviera pretensiones hegemónicas denunciadas por Argentina. En septiembre de 1973 Argentina ingreso al Movimiento de países No Alineados, en el que planteó la reivindicación de Malvinas, crítico la doctrina estadounidense de Seguridad hemisferica y rompió el bloqueo económico que afectaba a Cuba desde hacía más de una década.
El 12 de octubre de ese año, Juan Domingo Perón asume la su tercera presidencia. Si bien Perón sostuvo límites a los intereses estadounidenses- establecidos en la nueva ley de inversiones extranjeras- moderó la confrontación y planteó la necesidad de un entendimiento con Estados Unidos en función de su política de atracción de capitales de las potencias. Esta actitud diplomática equidistante moderada posibilitó el margen de maniobra externa (geopolítica). Nunca dejó de plantear diferencias con Washington pero en alianza con otros países latinoamericanos críticos respecto de la política de Estados Unidos, en temas como la reincorporación de Cuba o las cuestiones comerciales pendientes entre Estados Unidos y países de la región.
Profundizando las relaciones con Europa Occidental, a la vez Perón pretendía mantener cierta autonomía respecto a Estados Unidos.
En lo que respecta al gobierno de Nixon intento morigerar la reacción antiestadounidense que se había profundizado con el golpe de Estado a Salvador Allende y prometió abordar el tema del canal de Panamá y revisar medidas comerciales que afectaban a los países latinoamericanos, en un contexto de crisis económica internacional. Una vez más se despegaba una fórmula represiva de “garrote y zanahoria”. La CIA participó del golpe en Chile y Uruguay. Meses después, la Casa Blanca prometía una nueva etapa en la relación con los países latinoamericanos. Lo hacia en un contexto de debilidad tras su retirada de Vietnam de la crisis económica y luego del estallido del escándalo de Watergate que terminaría con Nixon.
A partir de la renuncia de Nixon y la asunción de Gerard Ford quedó claro que el “diálogo” era una máscara, porque Ford justificaba las actividades de la CIA en los golpes de Estado he hirió de muerte el “dialogo’ cuando aprobó la Ley de Comercio Exterior “Trade Bill”.
Luego del suceso trágico de la muerte de Perón y la asunción de Isabel Perón caracterizado por un proceso caótico e inestable, su paso fue una transición para que la banca estadounidense y el Fondo Monetario Internacional retuvieran los créditos ya otorgados a Argentina para alentar a los sectores golpistas. Más allá de ciertas prevenciones de diplomáticos estadounidenses y del Capitolio en 1975, Kissinger impulso a las fuerzas militares a efectuar el golpe de Estado.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 produjo un giro en la relación con Estados Unidos. No hubo intervención de la CIA pero si apoyo económico, militar y diplomático, es decir político. El anuncio del Plan económico de Martínez de Hoz, el 2 de abril, llevo a la administración Ford a otorgar ayuda económica a la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla. El ministro de Economía, era una garantía para los intereses de Estados Unidos. Y, el gobierno de facto una garantía para el genocidio. Estas fuerzas garantizaban el orden por medio de la doctrina anticomunista, que alentaba Kissinger. La Junta Militar era un resguardo para los interses de Estados Unidos, garantizaban su impunidad.
Dos días después del golpe de Estado se juntaron Kissinger y William Rogers subsecretario de Estado y debatieron sobre Argentina y la postura que debía tomar la Casa Blanca. Mientras Rogers anunciaba que se derramada mucha sangre, Kissinger dijo que el gobierno militar necesitaba el estímulo y apoyo estadounidense
Así, desde Washington, medios de comunicación emitieron discursos favorables de la administración Ford hacia el “nuevo’ gobierno militar. Un cable de la capital estadounidense difundía el saludo del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno de facto y el posible desembolso de 300 millones de dólares. Al mismo momento que el gobierno de Ford recomendó el envío de a los militares de 49 millones de dólares en concepto de “asistencia militar’. Desde la óptica de la administración Ford la política de Martínez de Hoz era una garantía para el aumento del capital estadounidense y Videla al mando una garantía de Seguridad a sus intereses.
Muchos afirman que no hubo política de intromisión, si la hubo encubierta en un relato de Kissinger planteando la “preocupación” por la violación a los Derechos humanos, pero un discurso que en la práctica avalada y apoyaba el golpe de Estado, ya conocido por el Departamento de Estado.
La primera reunión entre los dos jefes de Cancillería se produjo en Santiago de Chile en 1976. En 2004 se desclasificaron las 13 páginas del memorandum de ese diálogo, en la que el secretario de Estado le dijo al a su par argentino: “Estamos siguiendo de cerca los eventos en Argentina. Esperamos que al nuevo gobierno tenga éxito. Vamos a hacer lo posible para que tenga éxito. Entendemos que deben ustedes adoptar una posición de autoridad. Si existieren cosas que deben ser hechas, deberán hacerla”.
El 7 de octubre, Kissinger y Guzzetti se reunieron de nuevo en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en la volvió a manifestar su apoyo. Guzzetti salió exaltado de la reunión por el apoyo de Kissinger. El enviado de Videla transmitió esto al mismo y este a la Junta Militar. Esta luz verde dio pie a la impunidad del terrorismo de Estado.
Poco tiempo antes de la reunión con Guzzetti en New York, Kissinger enviaba a Hill directivas sobre el Plan Cóndor.
Henry Kissinger envío instrucciones a su embajador en Argentina a través de un telegrama secreto que lleva como título “Plan Cóndor”. El 23 de agosto de 1976, Kissinger le pide al embajador Robert Hill que hable con Videla y que enuncie que Estados Unidos se encuentra preparado para intercambiar información sobre la actividad “terrorista’ en cualquier lugar del mundo. El telegrama secreto contiene también instrucciones secretas para sus representantes en en Santiago de Chile, Asunción, La Paz y Montevideo. Este cable confirma la participación explícita y sistemática de Estados Unidos en el plan terrorista y genocida.
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La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires
Un juzgado de Lomas de Zamora frenó por 60 días la aplicación de la ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza advirtió sobre una posible vulneración de derechos y cuestionó si el Estado cuenta con recursos suficientes para implementar el nuevo sistema.
La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que interrumpió por 60 días la entrada en vigencia de la normativa que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años.
La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, quien planteó que la implementación inmediata del nuevo sistema podría generar una afectación grave de derechos fundamentales de adolescentes privados de su libertad.
El fallo puso el foco en una cuestión central: si el Estado cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin vulnerar los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
La advertencia de la Justicia
La magistrada señaló que antes de aplicar el nuevo régimen resulta necesario determinar si existen condiciones objetivas que permitan garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la normativa.
En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado no cuente con suficientes recursos ni establecimientos adecuados para alojar a los jóvenes que eventualmente sean privados de su libertad.
El fallo también alertó sobre el posible incremento de la población adolescente detenida. Según la jueza, aunque el aumento podría producirse de manera progresiva, algunos cambios en los parámetros para disponer detenciones y prisiones preventivas podrían generar un impacto inmediato.
La suspensión tendrá una duración de 60 días.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.
La edad mínima de imputabilidad fue establecida por el Congreso mediante la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.
Posteriormente, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
Entre sus funciones se encuentran la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.
El régimen contempla distintas medidas según la gravedad del hecho y las características de cada caso. Entre ellas se encuentran:
- Amonestaciones.
- Restricciones de contacto o circulación.
- Trabajos comunitarios.
- Reparación del daño.
- Monitoreo electrónico.
- Penas privativas de la libertad.
La normativa establece que, en los casos en los que corresponda una pena de prisión, no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para adolescentes es de 15 años.
Supervisores para controlar a los adolescentes
Uno de los principales cambios previstos por el nuevo sistema es la incorporación de supervisores especializados.
Estos profesionales deberán acompañar y controlar a los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones. Entre sus obligaciones estará mantener entrevistas semanales y elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven.
Los informes deberán contemplar aspectos vinculados con la educación, la formación, la conducta y el proceso de reinserción social.
Para integrar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil será necesario contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o acreditar preparación específica en adicciones.
Además, los postulantes deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional y aprobar una capacitación obligatoria sobre justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.
También deberán realizar instancias de formación continua todos los años.
Una implementación que queda bajo la lupa
La reglamentación establece restricciones para quienes pretendan desempeñarse como supervisores. Quedarán excluidas determinadas personas con antecedentes de procesamientos o condenas penales y quienes figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.
Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará una nómina provisoria.
La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
En los procesos de competencia nacional y federal, los jueces seleccionarán a los supervisores entre los profesionales habilitados. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción deberá establecer sus propios mecanismos de designación, remoción y sanción, respetando los lineamientos generales establecidos por la Ley 27.801.
La decisión adoptada en Lomas de Zamora introduce así un freno a la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y pone en el centro del debate una cuestión clave: si la ampliación del sistema penal hacia adolescentes de menor edad puede concretarse sin contar previamente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.
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