Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
Investigación 🔎
Causa ANDIS: le negó a la Justicia los correos de la Suizo por las coimas y quedó libre de culpa
La Sala I de la Cámara Federal desligó al jefe de sistemas de la droguería de los Kovalivker, que en pleno allanamiento se negó a entregar las claves de los mails corporativos. Para los camaristas no hubo dolo: el técnico solo hizo lo que le indicó el abogado de la empresa.
Las claves de los correos electrónicos de la droguería que está en el centro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no llegaron a manos de la Justicia el día del allanamiento, y nadie va a responder penalmente por eso. El único imputado por haber cerrado esa puerta a los investigadores acaba de quedar libre de toda acusación.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker. Díaz estaba imputado por desobediencia a un funcionario público, y los camaristas resolvieron cerrar su situación por «no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto».
Qué pasó en el allanamiento de Avenida Monroe
El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento a la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi.
Ese día, Díaz se negó a blanquear las contraseñas de los correos de la firma y a dar acceso a las autoridades. Su argumento fue que no contaba con la autorización de los directivos ni del abogado de la empresa. La negativa motivó que el propio Casanello lo denunciara por obstaculizar la investigación, y el expediente derivado quedó luego en manos del juez federal Julián Ercolini, que lo citó a indagatoria. En abril de este año, Díaz se presentó y entregó un escrito en el que defendió su postura.
Los argumentos de los camaristas
Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que la conducta del técnico «resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial», ya que el abogado de la droguería le había indicado que no estaba obligado a cooperar. En otras palabras, el consejo legal de la propia empresa investigada funcionó como escudo para quien frenó el acceso a la prueba.
Llorens adhirió al sobreseimiento con un fundamento propio: planteó que la intervención de Díaz en el procedimiento «respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona».
La composición del tribunal no es un dato menor. Bertuzzi llegó a la Cámara Federal mediante un traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, y Llorens quedó asociado en la memoria pública a sus partidos de pádel con el entonces presidente en la Quinta de Olivos. Es la misma Sala que suele tener la última palabra sobre las causas más sensibles del poder político que tramitan en Comodoro Py.
Una droguería en el centro de la trama
Los correos que Díaz no habilitó pertenecen a la empresa que la Justicia investiga como pieza clave del presunto circuito de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La causa se analizan más de 600 contratos entre la ANDIS y la Suizo Argentina, bajo sospecha de sobreprecios y licitaciones direccionadas.
El expediente estalló a partir de los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem. En el megaoperativo de agosto de 2025, en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones.
En la causa principal, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas Spagnuolo, y ordenó peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados en las oficinas de la Suizo Argentina. Mientras la investigación avanza a paso lento sobre el corazón del negocio, cada resolución que despeja a un engranaje de la estructura empresarial alimenta la sospecha de una Justicia que mide con distinta vara.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal (Bertuzzi, Llorens y Yadarola) sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la Suizo Argentina.
- Díaz se negó a entregar las claves de los correos de la droguería durante el allanamiento del 29 de agosto de 2025.
- Estaba imputado por desobediencia a un funcionario público tras una denuncia del juez Casanello.
- Los camaristas entendieron que no hubo dolo, porque el abogado de la empresa le dijo que no estaba obligado a cooperar.
- En la causa principal hay 19 procesados, entre ellos el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
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