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El Banco Central perdió US$ 1.023 millones en una operación financiera respaldada con oro

Una auditoría de la AGN detectó un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones con derivados financieros durante 2025. El organismo también investiga el traslado de lingotes al exterior y sus posibles beneficios para la Argentina.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una pérdida de US$ 1.023 millones durante 2025 por operaciones financieras con derivados que tuvieron como respaldo parte del oro de las reservas, según un informe difundido este jueves por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El organismo de control detectó el resultado negativo al auditar los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con el informe, la entidad realizó operaciones financieras basadas en una previsión sobre la evolución del precio internacional del oro que no se cumplió, publicó Infobae.

La pérdida ascendió a 1,5 billones de pesos, equivalentes a US$ 1.023 millones, y fue abonada con divisas, según los estados contables analizados por la AGN.

El presidente del organismo auditor, Juan Manuel Olmos, presentó el informe, que también puso el foco en el uso de reservas físicas de oro para respaldar transacciones financieras de riesgo.

La AGN cuestionó el uso de reservas físicas de oro en operaciones de riesgo

El documento de la Auditoría General de la Nación señaló que el BCRA asumió una exposición financiera vinculada con las expectativas sobre el precio internacional del metal.

En ese sentido, el informe advirtió: “Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo”.

La auditoría identificó una diferencia entre la evolución patrimonial de las tenencias de oro y el resultado de las operaciones con derivados financieros. Mientras la cotización internacional del metal impulsó una ganancia contable, las transacciones respaldadas con parte de esas reservas terminaron con un saldo negativo.

El informe precisó que, al cierre del ejercicio auditado, ya no existían posiciones ni operaciones abiertas correspondientes a ese concepto.

El oro registró una ganancia patrimonial de US$ 5.195 millones

Durante 2025, las tenencias de oro del Banco Central registraron una ganancia patrimonial de aproximadamente 8 billones de pesos, equivalentes a US$ 5.195 millones.

Según la AGN, ese resultado se explicó exclusivamente por el aumento del precio internacional del metal.

Sin embargo, durante el mismo período, el BCRA concertó operaciones con derivados financieros para las que utilizó parte del oro de las reservas como respaldo. Esas transacciones generaron una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalente a US$ 1.023 millones.

La diferencia entre ambos resultados refleja dos conceptos distintos: la revalorización patrimonial del oro por su cotización internacional y el resultado de las operaciones financieras realizadas con ese respaldo.

Santiago Bausili confirmó que parte del oro está en Suiza

La ubicación de las reservas de oro argentinas genera controversia desde 2024, en medio de los cuestionamientos por la falta de información pública detallada sobre el destino de los lingotes.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había evitado dar precisiones sobre el tema. La entidad tampoco respondió a un pedido de información presentado por el sindicato de trabajadores bancarios, pese a que, según el informe, la Justicia ordenó esclarecer la cuestión.

El BCRA justificó su postura en la necesidad de proteger información sensible vinculada con la custodia de ese activo.

No obstante, el 9 de septiembre, durante una comparecencia en el Congreso, Bausili afirmó que una parte de las reservas de oro se encuentra en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), una institución que presta servicios a bancos centrales.

Según explicó, el traslado se concretó en 2024 para aprovechar una oportunidad en el mercado internacional que permitiera reemplazar lingotes de menor calidad por otros de mayor calidad.

La explicación de Bausili difiere de la que había dado Luis Caputo

La justificación del titular del Banco Central no coincide con la explicación que había ofrecido el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva durante 2024.

En aquella oportunidad, Caputo sostuvo que el traslado del oro buscaba obtener un “retorno” financiero por ese activo, en lugar de mantenerlo inmovilizado en la Argentina.

Por su parte, sectores de la oposición sostienen que los lingotes fueron enviados a Inglaterra. Sin embargo, la información presentada por la AGN no establece en este informe específico el destino completo de las reservas trasladadas ni determina si existieron beneficios financieros asociados con esa decisión.

La diferencia entre las explicaciones oficiales y los cuestionamientos opositores mantiene abierto el debate sobre el manejo de las reservas de oro.

La AGN investiga el traslado del oro argentino al exterior

La Auditoría General de la Nación informó que trabaja en una revisión específica para establecer los motivos y las consecuencias del traslado de las reservas de oro fuera del país.

El organismo busca determinar por qué se tomó la decisión, a qué destinos fueron enviados los lingotes y si la operación produjo algún beneficio concreto para la Argentina.

“[La auditoría busca determinar] por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quién se benefició”, informó la AGN.

Esta revisión se suma a la auditoría de los estados contables de 2025, que detectó la pérdida de US$ 1.023 millones en las operaciones financieras respaldadas con oro.

Por el momento, el informe difundido no establece responsabilidades individuales por ese resultado ni determina el desenlace de la investigación específica sobre el traslado de las reservas al exterior.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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