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A 46 años del secuestro de los 12 de la Santa Cruz: un golpe al corazón de las Madres

Familiares y compañeros de ese grupo realizarán hoy a las 18.30 un acto de homenaje frente al Solar de la Memoria, ubicado en Estados Unidos y Urquiza del barrio porteño de San Cristóbal.

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Un grupo conformado por Madres de Plaza de Mayo, militantes y religiosos, que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para recabar información sobre los detenidos desaparecidos, eran secuestrados hace 46 años -el 8 de diciembre de 1977- como parte de un operativo de la Armada que contó con la participación del genocida Alfredo Astiz, quien se infiltró en este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima.

Familiares y compañeros de ese grupo realizarán hoy a las 18.30 un acto de homenaje frente al Solar de la Memoria, ubicado en Estados Unidos y Urquiza del barrio porteño de San Cristóbal, con las consignas «Hoy más que nunca, democracia es justicia social» y «Memoria, Verdad y Justicia. Son 30.000».

«A 46 años del secuestro, desaparición y muerte de las Madres , las religiosas francesas y militantes populares, y ante el avance de la derecha negacionista y apologista de la dictadura genocida, reafirmamos más que nunca la lucha por Memoria, Verdad y Justicia», indicaron los organizadores.

Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, que formaban parte de las Madres que en abril de 1977 comenzaron a congregarse en la Plaza de Mayo para reclamar por la suerte de sus hijos desaparecidos, integraban este colectivo que habitualmente se reunía en esta iglesia ubicada en el barrio de San Cristóbal con el propósito de establecer lazos de solidaridad en el contexto de una feroz represión ilegal.

Las tres Madres fueron el objetivo principal de esta acción de represión ilegal que perseguía el objetivo de descabezar a un incipiente movimiento de derechos humanos que comenzaba a desafiar a la última dictadura con marchas, reuniones y difusión de información.

Astiz, oficial naval que integraba el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y que ya se había infiltrado en otros grupos de familiares de detenidos de desaparecidos, comenzó a frecuentar las rondas de las Madres de Plaza de Mayo a mediados de ese año, con el nombre de Gustavo Niño.

Rubio y atlético, Astiz (o Niño) afirmaba tener un hermano desaparecido y se presentaba en la Plaza en compañía de una joven, Silvia Labayrú, cautiva en la ESMA desde hacía más de un año, y que tiempo después declararía en el Juicio a la Juntas y sería denunciante en una causa de lesa humanidad por los delitos sexuales que se cometieron en ese centro clandestino de detención ilegal, el más grande que funcionó en Capital Federal durante la última dictadura.

Desde junio, el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, una parroquia de la congregación de los Pasionistas conformada por religiosos e inmigrantes irlandeses e ingleses católicos, se reunía de forma habitual y uno de sus objetivos era recaudar fondos para financiar la publicación de una solicitada en la que demandaban a las autoridades respuestas por el destino de los desaparecidos.

Además de las tres Madres, Azucena, María y Esther, el colectivo estaba conformado por los familiares Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila y Patricia Oviedo; los militantes de Vanguardia Comunista Horacio Elbert, Raquel Bulit y Daniel Horane y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, quienes desde hacía tiempo estaban vinculadas a los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Azucena, que buscaba a su hijo Néstor, era una de las Madres más activas y era parte de una familia de fuerte tradición política en el peronismo de Avellaneda, en tanto que María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino tenían formación política.

María había sufrido el secuestro de su hija Alicia, había militado en el Partido Comunista y Esther, nacida en Paraguay, había militado en la izquierda febrerista de ese país.

Esther, maestra y doctora en bioquímica, se sumó a Madres tras el secuestro de su hija, Ana María Careaga, liberada en el invierno de 1977, lo que no detuvo su compromiso para con las víctimas del genocidio.

Infiltrado en el grupo, Astiz informó a sus superiores la intención de publicar una solicitada, y durante años se especuló que ese pudo ser el motivo que decidió el secuestro de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz.

Los secuestros de los 12 comenzaron en la noche del 8 de diciembre y concluyeron el 10, cuando la solicitada se publicó en el diario La Nación con la firma de más de 800 personas, entre ellas la de Gustavo Niño.

Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, contó una vez que no salía de su asombro cuando en 1982 vio las imágenes de Astiz rindiéndose en las Georgias ante las tropas británicas en el inicio del conflicto bélico de Malvinas con el Reino Unido.

«Nos dimos cuenta de que nos habían engañado. Éramos muy ingenuas», aseguró Cortiñas.

Los 12 de la Santa Cruz fueron conducidos a la ESMA, donde fueron torturados, y sus cuerpos fueron arrojados al mar argentino como parte de los vuelos de la muerte.

Los cuerpos de las Madres, Ángela Aguad y Leonie llegaron a las costas y quedaron depositados en una fosa común del cementerio de General Lavalle, y en 2005 un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió identificarlas.

El jueves 15 de diciembre de ese año, las Madres volvieron a la Plaza en medio del terror y continuaron con las rondas, y una de ellas, Hebe de Bonafini, animó al resto para que no abandonaran ese lugar de lucha.

Entre 2011 y 2017, los responsables de las desapariciones de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz fueron condenados por la Justicia.

Los restos de María, Esther, Leonie y Ángela descansan en la Iglesia de la Santa Cruz; los de Azucena, en la Pirámide de Plaza de Mayo, donde días atrás también se depositaron las cenizas de Hebe de Bonafini, fallecida el pasado 20 de noviembre.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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