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Falleció María Takara: la Madre de Plaza de Mayo que representó a la comunidad nikkei

Murió a los 95 años tras dedicar casi 50 años a buscar a su hijo, secuestrado en 1976 a los 18. Fue parte de las 17 víctimas nikkei de la dictadura. Se integró a Madres en 2018 y su caso ingresó a la Justicia tras testimonios en 2006.

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Lo que tenés que saber

  • Falleció el 20 de marzo de 2026 a los 95 años
  • Buscó a su hijo desaparecido durante casi 5 décadas
  • Su hijo fue secuestrado en 1976 con 18 años
  • Fue uno de los 17 casos nikkei registrados
  • Se incorporó a Madres de Plaza de Mayo en 2018

Trayectoria de vida atravesada por la dictadura

María Takara de Oshiro murió a los 95 años tras una vida marcada por la búsqueda de su hijo desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Su historia quedó vinculada a la lucha por los derechos humanos en Argentina, especialmente dentro de la comunidad japonesa.

Desaparición de su hijo en 1976

Jorge Eduardo Oshiro fue secuestrado en noviembre de 1976, cuando tenía 18 años.

Había nacido en Argentina el 2 de enero de 1958, estudiaba en una escuela técnica en Villa Ballester y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores.

Representación de la comunidad nikkei

El caso forma parte de los 17 desaparecidos de origen nikkei durante la dictadura.

Ese dato posicionó a Takara como una referente en la comunidad japonesa en Argentina en materia de memoria y derechos humanos.

Integración a Madres de Plaza de Mayo

Su participación en Madres de Plaza de Mayo se formalizó en 2018.

En ese momento, recibió el pañuelo blanco de Nora Cortiñas, en una incorporación que simbolizó décadas de búsqueda individual convertida en acción colectiva.

Avances judiciales desde 2006

Tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006, un sobreviviente afirmó haber visto a su hijo en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

Ese testimonio permitió sumar el caso a investigaciones judiciales en curso.

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Reconocimiento y legado

Organismos de derechos humanos destacaron su rol en la construcción de memoria colectiva.

Su figura representó a una generación de madres que sostuvieron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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