DDHH
Casación absolvió a cinco mujeres mapuches por Villa Mascardi y fijó doctrina sobre derechos indígenas
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por unanimidad la condena dictada contra las cinco imputadas en la causa por el conflicto territorial en Villa Mascardi, Río Negro, al detectar deficiencias graves en la valoración de la prueba y una aplicación incorrecta del derecho constitucional e internacional que protege a los pueblos originarios.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, hizo lugar por unanimidad a los recursos presentados por las defensas de las cinco mujeres mapuches imputadas en la causa vinculada al conflicto territorial de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y dispuso su absolución. El tribunal concluyó que la sentencia recurrida presentaba deficiencias centrales en la valoración del caso y que el derecho constitucional e internacional aplicable a los pueblos indígenas no había sido correctamente considerado.
El voto del juez Yacobucci identificó en la fundamentación del tribunal de juicio una «contradicción interna insalvable»: la solución adoptada por esa instancia no resultaba compatible con la propia caracterización del delito que el pronunciamiento reconocía. En términos jurídicos, el razonamiento condenatorio se desmoronaba sobre sus propias bases.
La Constitución y el derecho internacional, en el centro del debate
El voto del juez Slokar, al que adhirió la jueza Ledesma, fue más explícito en el anclaje normativo. Recordó que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen criterios de observancia obligatoria para resolver conflictos que involucren a integrantes de comunidades indígenas. Esos criterios, señaló el fallo, debieron haber guiado el análisis desde el principio y no fueron tenidos en cuenta.
El tribunal también destacó que la CIDH ya había advertido al Estado argentino sobre la insuficiencia de la normativa vigente en materia de procedimientos de reclamación de la propiedad indígena, y cuestionó que esas consideraciones, junto con los acuerdos alcanzados entre la comunidad y distintos poderes del Estado, hubieran sido descartadas por el tribunal de juicio sin mayor fundamentación.
El operativo de desalojo, bajo la lupa
La sentencia de Casación incluyó una referencia explícita al contexto del desalojo que precedió a las imputaciones. Los jueces calificaron ese escenario como uno atravesado por hechos de represión y violencia contra mujeres y niños de la comunidad, entre los cuales figuran menores que permanecieron perdidos en el bosque durante el operativo policial y una de las imputadas que dio a luz mientras permanecía detenida. En ese marco, el tribunal entendió que el conflicto excedía con creces una controversia patrimonial ordinaria y respondía a una problemática estructural vinculada con reclamos territoriales e identidad cultural.
Ese encuadre no es menor. Significa que Casación rechazó la reducción del caso a un simple delito contra la propiedad y exigió que la conflictividad territorial mapuche sea leída desde el prisma de los derechos colectivos y la historia de despojo que lo precede.
Un límite también establecido: la protección no ampara la violencia
El mismo fallo se encargó de trazar un límite que el tribunal consideró necesario explicitar. En referencia a otra causa vinculada con una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Casación ratificó parcialmente por unanimidad condenas por incendio y vandalismo, al señalar que el marco constitucional de protección de los pueblos indígenas no ampara actos de violencia ni daños a la propiedad. La distinción es relevante: el reconocimiento de derechos colectivos no opera como una inmunidad genérica, sino como un parámetro de análisis que exige considerar el contexto histórico y estructural de cada conflicto.
Antecedentes: Villa Mascardi y la criminalización de la protesta indígena
El conflicto de Villa Mascardi tiene una larga historia de tensión entre el Estado y la Comunidad Lafken Winkul Mapu, que reclama territorios en las inmediaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los desalojos ejecutados en 2022, con fuerte despliegue de fuerzas federales durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, desembocaron en la detención y posterior procesamiento de varias integrantes de la comunidad, incluyendo a mujeres que se encontraban con sus hijos durante los operativos. El caso concentró la atención de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho indígena, que cuestionaron desde el inicio la proporcionalidad del accionar estatal y la pertinencia del encuadre penal elegido por la acusación.
El fallo de Casación representa ahora un punto de inflexión: no solo absuelve a las cinco mujeres, sino que fija criterios doctrinarios que deberán ser aplicados en futuros conflictos de similar naturaleza. La señal institucional es clara: el sistema judicial no puede ignorar el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que protege a los pueblos originarios cuando se trata de enjuiciar a sus integrantes por disputas que tienen raíz territorial y cultural.
Puntos clave
- La Sala II de Casación absolvió por unanimidad a las cinco mujeres mapuches imputadas en la causa Villa Mascardi, Río Negro.
- El tribunal detectó una «contradicción interna insalvable» en la sentencia del juicio y deficiencias graves en la valoración de la prueba.
- El fallo ordenó aplicar el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la CIDH como parámetros obligatorios.
- Casación encuadró el desalojo de 2022 como un escenario de represión y violencia contra mujeres, niños y niñas de la comunidad.
- En paralelo, el tribunal ratificó condenas por incendio en otra causa mapuche en Chubut, dejando en claro que la protección constitucional no ampara actos de violencia.
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El Congreso en llamas: Adorni protegido, fondos buitre pagados y el Súper RIGI avanza
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de enclaves tecnológicos al servicio del capital extranjero.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de «enclaves tecnológicos» al servicio del capital extranjero.
Este miércoles es el día elegido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) para reconvertir la agenda legislativa y relegar al segundo plano la crisis política que rodea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. Con el quórum obtenido en el límite, 129 legisladores, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó a las 12.26 la cuarta sesión del período ordinario.
La maniobra fue posible gracias a la misma coalición que la víspera había vaciado la sesión convocada por la oposición para interpelar a Adorni: la UCR, el PRO y los bloques que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos, además de los peronistas aliados de Tucumán, Salta y Catamarca. Los mismos diputados que retacearon el quórum para avanzar contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista.
Ravier se va, Matzkin llega, y Bullrich suma poder
La sesión incluyó un episodio de alto voltaje político interno. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió ese cargo en reemplazo del propio Adorni, fue el último en ingresar al recinto, determinante para completar el quórum. Apenas iniciado el debate, presentó su renuncia a la banca y el pleno se la aceptó. Su lugar fue ocupado por Martín Matzkin, dirigente de La Pampa alineado con Patricia Bullrich, quien juró como diputado nacional con mandato hasta diciembre de 2029.
La titular del PRO, hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar el juramento de Matzkin. Con este movimiento, Bullrich consolida un núcleo de aproximadamente 12 legisladores propios en la Cámara de Diputados, una fuerza interna con identidad diferenciada dentro del arco oficialista.
Adorni se coló igual: moción de censura rechazada
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, intentó forzar la inclusión sobre tablas de la moción de censura contra Adorni, que no estaba en el temario oficial. La iniciativa requería tres cuartos del cuerpo y obtuvo apenas 104 votos a favor contra 125 en contra. En igual sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó un apartamiento de reglamento para que la comisión de Asuntos Constitucionales avanzara la semana siguiente con el dictamen de los proyectos contra el funcionario. También fue rechazado.
Antes de los temas centrales, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, pronunció una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de prestaciones del PAMI, calificando la medida como un ataque directo contra jubilados y pensionados.
Fondos buitre aprobados: 171 millones de dólares para Bainbridge y Attestor
En el primer tramo sustancial de la jornada, Diputados aprobó los acuerdos de conciliación celebrados entre el Estado nacional y dos grupos acreedores: Bainbridge Ltd. y el fondo Attestor Value Master Fund, correspondientes a bonos del default de 2001, por un monto de 171 millones de dólares. El proyecto tenía un vencimiento formal ineludible antes del 30 de junio, lo que le quitó margen de negociación a la oposición.
El miembro informante, el legislador libertario Bertie Benegas Lynch, defendió el acuerdo como el cierre de una herida de «deshonra internacional» abierta desde hace 25 años. El diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, rechazó la iniciativa y recordó que el default de 2001 fue consecuencia de políticas de libre mercado que el propio Milei reivindica como modelo.
El Súper RIGI: ¿desarrollo industrial o enclave para el capital extranjero?
El eje central de la jornada fue el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, más conocido como Súper RIGI, enviado al Congreso mediante el Mensaje N°181/2026 y firmado por Milei, Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. El proyecto establece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores de frontera tecnológica: inteligencia artificial, semiconductores, producción de baterías, vehículos eléctricos, hidrógeno verde, energías renovables y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.
Los beneficios contemplados son notoriamente más generosos que los del RIGI original: alícuota del 15% en Impuesto a las Ganancias, arancel cero para bienes de capital, contribuciones patronales reducidas al 10%, deducción de quebrantos sin límite temporal, y libre disponibilidad de divisas de exportación que sube progresivamente hasta el 100% a partir del tercer año. Todo bajo un paraguas de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria garantizada por 30 años.
La oposición kirchnerista y la izquierda cuestionaron con dureza el proyecto. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, señaló la contradicción de ampliar exenciones fiscales para grandes capitales mientras el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño vinculó el régimen a intereses de Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Milei y funcionarios del gabinete antes de la presentación del proyecto. Su par Néstor Pitrola advirtió que Argentina se convertiría en una «zona franca» donde las ganancias fluyen al exterior sin dejar riqueza local.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el proyecto ante las comisiones y negó cualquier lobby de empresas tecnológicas específicas. También reveló que desde la aprobación del RIGI original a mediados de 2024 se presentaron 39 proyectos por un total de 138.000 millones de dólares, aunque la inversión efectivamente concretada apenas supera los 700 millones de dólares, una brecha que la oposición explotó para cuestionar el impacto real del esquema.
El análisis de la fundación Fundar señaló que el Súper RIGI «mantiene la contradicción original» de un gobierno que reivindica el libre mercado pero adopta como política emblema la selección estatal de sectores ganadores, sin que exista un repositorio público de proyectos adheridos, lo que genera opacidad sobre el uso de recursos fiscales resignados.
Homenaje a Taty Almeida: presente, ahora y siempre
En un momento de singular peso simbólico, el diputado de Unión por la Patria, Horacio Pietragalla Corti, encabezó el homenaje a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, dedicó casi cinco décadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro, secuestrado en 1975. Asumió la presidencia de Madres Línea Fundadora tras la muerte de Nora Cortiñas en 2024 y fue distinguida en abril pasado con el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Puntos clave
- El oficialismo obtuvo quórum con 129 legisladores para una sesión que la oposición no pudo lograr el martes para interpelar a Adorni.
- Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge y Attestor antes del vencimiento del 30 de junio.
- La moción de censura contra Adorni fue rechazada con 125 votos en contra; el jefe de Gabinete sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
- El Súper RIGI ofrece estabilidad fiscal por 30 años, alícuota del 15% en Ganancias y libre disponibilidad de divisas para proyectos de más de 1.000 millones de dólares.
- El Congreso rindió homenaje a Taty Almeida, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años.
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